Nacional. Avance del royalty en el Congreso y la urgencia de la crisis sanitaria

Con siete votos a favor y cinco en contra, avanzó el proyecto del royalty a las ventas del cobre y el litio, que establece un piso del 3% y el cobro extra cuando el precio del cobre sobrepase los US$2 la libra.

Se aprobó además, que la compensación que se realice a todas las sustancias minerales concesibles, un 25% deberá ser destinado a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal, mientras que el 75% restante será para financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la industria minera.

Por otro lado, cuanto este monto supere el 3%, dependiendo si el valor del cobre mensual y anualmente supera los US$2 la libra, iría destinado a la renta básica y universal de emergencia en Estado de Excepción y una vez terminado ese estado, irían a los ingresos generales del país. Además, se acordó que esa compensación adicional podría tener una rebaja a las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra del cobre a las mineras que acrediten un nivel de procesamiento de los minerales extraídos, es decir, las mineras que producen cobre blíster, cátodos y ánodos de cobre, podrán tener una rebaja en el interés del último tramo del Impuesto Global Complementarios (IGC) o más conocido como el impuesto personal y patrimonial del grupo económico.

Si bien, el royalty es una cuestión mínima democrática que existe en los países donde se explotan, extraen y venden los recursos naturales no renovables, ante la emergencia sanitaria y todas las miserias que quedaron al descubierto que las familias trabajadoras y el pueblo pobre han vivido durante los últimos 30 años, no podemos contentarnos con la “redistribución de la renta” y la “administración de la miseria”. Aquí no se trata de tener una tajada más de la torta como lo plantea el regionalismo de la FRVS o el reformismo; de lo que se trata es de recuperar el control y gestión de todos los recursos naturales estratégicos para las mayorías.

Redistribución de la renta o gestión obrera y de las comunidades de los recursos naturales

Como se plantea anteriormente, no se trata de redistribuir la renta minera si queremos solucionar realmente los problemas de fondo. Para ir a lo concreto, podemos calcular tomando la producción del último año fiscal de Minera Escondida de BHP, y contrastar con todo lo que han saqueado las 10 mineras privadas (GMP10) más grandes transnacionales y nacionales del cobre.

En el año fiscal (junio 2019-julio 2020) de Minera Escondida, la producción llegó a 1.185.000 toneladas de cobre. Si calculamos un royalty por la venta del cobre, bajo las últimas estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre respecto a la proyección del valor promedio del mineral rojo para este 2021 de US$3,3 la libra, se podría estimar que aproximadamente el royalty del 3% equivaldría a US$258.635.302. [1].

La cantidad anterior, equivale al 1,43% del presupuesto de US$18.000 millones del Gobierno de Piñera destinados al Fondo COVID-19 para enfrentar la crisis sanitaria, presupuesto que seguramente pagaremos a través de nuestros impuestos más adelante. Por lo tanto, ni aunque las mineras del GMP10 de conjunto produjeran lo mismo que Escondida que fue la más exitosa en términos de producción con suerte llegaríamos a los US$2.586.353.020, es decir, un 14,3% del presupuesto del Fondo COVID-19.

El royalty es algo mínimo, que está bien que exista en aquellos países que se dicen democráticos, pero ante el saqueo a destajo de nuestros recursos, no podemos limitarnos a esa redistribución, menos si tenemos en cuenta que en este país los diferentes gobiernos de turno le regalaron US$114.000 millones en el período del 2005 al 2014 a las 10 principales mineras privadas más grandes que hay en el país entre cátodos de cobre refinado y concentrados de cobre, según lo publicado por un artículo durante el año 2018 en la Revista de CEPAL N°124, en el cual se anunciaba que sólo con US$5.000 millones al año se podría financiar de forma gratuita todos los niveles de educación.

Pero, si queremos resolver las necesidades más profundas de la población trabajadora y pobre en momentos de pandemia, primero debería discutirse y plantearse la necesidad de luchar por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y grandes mineras que han duplicado sus ganancias en medio de la pandemia como Luksic y BHP, para financiar de manera urgente un plan de emergencia para contrarrestar los despidos y suspensiones que suman más de 2 millones de personas, garantizar una renta universal de emergencia de acuerdo a la canasta familiar, garantizar licencias pagas sin rebaja de salario a todas y todos los trabajadores de los sectores no esenciales, además de fortalecer el sistema de salud pública y la primera línea que enfrenta la crisis sanitaria en hospitales colapsados, bajo estrés, agobio y precarización laboral.

Necesitamos incluso, ir mucho más allá de la “administración de la miseria o las migajas” que significa una redistribución como lo plantean los regionalistas. Si queremos solucionar los problemas más profundos y necesidades de trabajadores, mujeres, pobladores y jóvenes que hemos recibido los golpes de estos 30 años de saqueo como lo expresó la rebelión de octubre de 2019, es fundamental tener la perspectiva de discutir la forma de conquistar la nacionalización de los recursos naturales estratégicos como el cobre y el litio bajo gestión de las y los trabajadores y las comunidades; porque no podemos depender de un royalty que se dividida entre fondos regionales, mitigar los impactos ambientales o políticas de emergencia como la renta básica universal, sino que a través de este tipo de gestión se podría garantizar que los recursos y sus riquezas se pongan en completa disposición de las necesidades sociales y no de un grupo minoritario de privilegiados como son los saqueadores.

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