CÓRDOBA. Fallece otra docente en Córdoba: “Le dijeron que no vuelva si no tenía coronavirus"

Paola Nieto, una profesora de historia de 24 años que vivía en La Falda, falleció este lunes en la terapia intensiva del Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba. A menos de dos semanas de la muerte de Liliana Giménez, la desatención y el abandono del Estado y la voracidad de las empresas privadas de salud se cobraron la vida de otra docente en Córdoba.

En su primera consulta, siendo transplantada renal, le recetaron paracetamol para bajar la fiebre, descartaron síntomas compatibles con COVID-19 sin haberle realizado ningún test, y le dijeron que “no volviera si no tenía coronavirus”, contó su mamá.

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¿Acaso los hospitales deben funcionar solo para enfermos víctimas de la pandemia? Parece que el desmantelado sistema de salud provincial ha sido reconfigurado para orientar sus escasos recursos en asistir a quienes hayan sido infectados por coronavirus y para el resto solo queda un “sálvese quien pueda”.

Pamela era inmunodeprimida, por lo que tenía su médico de cabecera e historia clínica en el Hospital Córdoba de la capital provincial. Desde el inicio de la cuarentena había interrumpido los controles por no tener autorización para viajar. Su madre declaró en un medio local, “con el tema de la pandemia, no se puede ir a Córdoba….Con esto no podés pasar si no tenés una autorización, si no tenés un certificado médico”.

Situaciones como ésta ponen en evidencia que el endurecimiento de las medidas restrictivas y prohibitivas que impulsan los gobiernos no tienen una finalidad de mejorar las condiciones de salud de la población sino restringir libertades democráticas. El protagonismo de las fuerzas de seguridad en tareas de control social junto a la imposición de multas más duras distorsionan las medidas preventivas e imprimen un carácter coercitivo mayor en la sociedad. Esto sin contar las detenciones irregulares y arbitrarias de una policía con poder que se convierten en un mecanismo para aterrorizar a la población.

¿Hubiese sido distinta la suerte de Pamela de no haber tenido la imposibilidad de viajar para atendenderse en el hospital que seguía su evolución clínica? Posiblemente.

Cuando se agravó su situación fue derivada a la capital cordobesa. Pidieron un lugar en el Hospital Córdoba, pero fueron informados de que no había camas disponibles. El Córdoba, el Misericordia, el Tránsito y el Elpidio Torres (de dudoso funcionamiento) son los “hospitales limpios de coronavirus”, destinados a recibir derivaciones de pacientes en situación de urgencia (infartos, urgencias neurológicas, etc.), por lo que las camas de terapia intensiva disponibles son escasas o nulas.

Con gran insistencia, Pamela pudo conseguir un lugar en el Tránsito Cáceres de Allende. Allí fue operada de urgencia el viernes 10 por presentar acumulación de líquido en su abdomen. Quedó internada en terapia intensiva en grave estado y, diez después, falleció.

El dolor de su pérdida nos conmueve terriblemente. Es el Estado quien debe proponer medidas de fondo urgentes para que no haya más Lilianas ni Pamelas. No podemos aceptar como natural las muertes evitables y que nos digan que no hay recursos.

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Hace falta, inmediatamente, multiplicar los recursos destinados a todo el sistema de salud. No podemos permitir que, mientras se protegen las ganancias de las instituciones médicas privadas, se diga que no hay más camas, que está desbordado, que están priorizando los cuidados intensivos destinados a la pandemia y que no nos queda otra que morir.

Es necesario declarar la utilidad pública del sistema de salud y unificar lo público y lo privado. El Estado tiene la obligación de garantizar camas de terapia intensiva y respiradores suficientes, testeos masivos, trabajadores de la salud bien remunerados y equipados, y todos los insumos que sean necesarios.

¿Y de dónde sacamos el dinero para multiplicar exponencialmente el presupuesto en salud? ¿Es posible? Claro que es posible, el dinero está. Para eso hay que tocar las ganancias de las multinacionales, revolver las cuentas de las agroexportadoras, hurgar los bolsillos de los millonarios desarrollistas urbanos y especuladores financieros, quitar las eximiciones impositivas a las iglesias y las grandes fortunas. Es necesario redirigir los fondos destinados al pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta hacia el sostenimiento del sistema de salud.

No podemos detenernos ante las puertas de los intereses de quienes más se enriquecieron estos últimos años, eso cuesta vidas.

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