Hay consenso entre los bloques legislativos para declararla. En un contexto reaccionario, el régimen político se blinda ante sus debilidades.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 22 de septiembre de 2016
Hoy la Legislatura se apresta a aprobar una serie de proyectos en torno a la “emergencia en seguridad”. Con el acuerdo de todos los bloques se avanzará en la declaración de la emergencia en tres áreas: seguridad, sistema carcelario y adicciones. La unanimidad conquistada alcanzará también para que la provincia se adhiera al estado de excepción que Mauricio Macri impuso por decreto en enero. El decreto presidencial, vale la pena recordarlo, instauró el derribo de los aviones “hostiles”, una forma de disfrazar la pena de muerte sin juicio previo. El plan de máxima incluye la “seguridad interna” con personal del Ejército.
La decisión de los parlamentarios se inscribe en un contexto reaccionario, con una cadena nacional que apela a la “justicia por mano propia” y los linchamientos. Pero también a una serie de hechos que denotan a un régimen que se blinda ante sus debilidades.
En la tarde del 9 de septiembre, José “Pico” Peralta –señalado como un “narco” – se fugó de la modesta comisaría de Delfín Gallo. La primera versión policial habló de un “golpe comando” que posibilitó el escape de Peralta. Luego comenzaron a conocerse detalles. Nadie, dice la Justicia Federal, sabía que Peralta estaba alojado en una comisaría del interior. Otros replican que si estaban al tanto. Con el correr de los días, el “golpe” no habría sido tan “comando”, y en realidad hubo una gentileza uniformada. En el medio trascendió que en las actividades de Peralta estaba involucrado un comisario.
Con el río revuelto, el juez federal Fernando Poviña sostuvo que Tucumán va camino a ser Rosario. En el camino cosechó la adhesión del camarista Ricardo San Juan y sectores opositores.
La respuesta del gobernador Juan Manzur fue firmar un decreto de necesidad y urgencia para declarar la emergencia en seguridad por un año. La medida fue anunciada efectistamente y el DNU fue redactado con bastantes baches, salvo uno: saltearse las normativas respecto a las licitaciones.
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar pero pronto todo se encausó bajo las directrices de Osvaldo Jaldo. El vicegobernador pautó una serie de reuniones (con Poviña y San Juan, de comisiones) en la Legislatura para aunar un proyecto único.
Pero las aguas tampoco están calmas en el Poder Legislativo. Una serie de allanamientos derivados de uno realizado en Chaco terminó con un empleado legislativo detenido, sospechado de integrar una red de narcotráfico. El detenido, César Trayan, es un puntero de Villa Muñecas ligado al oficialista Ramón “Cacho” Cano.
Trayan se inició bajo el cobijo paterno y logró ingresar en la Municipalidad cuando Cano era concejal. En 2013 se candidateó como secretario general de Seom y con el cambio de su jefe político pasó a ser empleado de la Legislatura. Cano pidió las disculpas de rigor y preguntó cómo iba a saber quién era Trayan si el trabajó con 2500 personas en las últimas elecciones. Cabe la pregunta, ¿cómo sostuvo semejante estructura? Para colmo, comenzaron a salir las fotos de Trayan con Manzur, Jaldo y Domingo Amaya, secretario de Vivienda de la Nación.
En el plano de la coyuntura se plantea mediáticamente un cruce entre Manzur y Jaldo tras el rechazo del DNU. Quizás se trate más de una rencilla de menor intensidad, como el cruce de ex y actuales funcionarios por el ministerio de Seguridad.
De fondo, el Gobierno aprovecha sus debilidades para avanzar. De la ilegitimidad y las acusaciones de fraude parió una reforma política que no augura mayores libertades democráticas. Del cuestionamiento por los “gastos sociales” de los legisladores todo pasó a depender de la presidencia del cuerpo. Y ahora de una crítica judicial y una “pelea contra el narcotráfico” aprobará un blindaje.
El rompecabezas termina por completarse para dar una imagen del régimen político. El oficialismo hará gala de su mayoría automática en la Legislatura, una mayoría que descansa en el poder territorial desplegado por el PJ. Las declaraciones de Cacho Cano llevan a pensar el aparato que dispone cada legislador para mantener el “orden y control” de cada territorio. En su caso, 2500 personas. Para mover semejante estructura se necesitan millones de pesos, ¿cómo se financió la campaña de cada acople del PJ? Ahora, un candidato de la interna del radicalismo afirmó que bajó su candidatura porque no la podía sostener económicamente. ¿Cuánto gasta el legislador Ariel García en la compulsa interna? ¿Y la lista ligada a José Cano? “$150 mil no alcanza ni para la semana”, decía Reneé Ramírez –legislador del FpV y dirigente de Atsa– hace unos meses.
Pero los acoples no actúan solo en tiempos electorales. Cada red de punteros se constituye en gendarme para regimentar a las grandes mayorías sumergidas en la desocupación o el trabajo temporario, al casi 50% de trabajo en negro, al hecho de encabezar los rankings nacionales de déficit habitacional, educativo o de violencia de género, de ser la Tucumán de tres policías por cada maestro.
En esta contención, el poder político se liga a las grandes mafias además de los vínculos más “ortodoxos” con barrabravas o burocracia sindical. El caso del puntero de Villa Muñecas involucrado en una red de narcotráfico es simbólico. Trayan además era presidente del club barrial, ex candidato del gremio municipal, con un sueldo por cuenta de la Legislatura. En la trayectoria de los Trayan se asienta el régimen tucumano.
