Organizaciones sociales manifiestan su rechazo contra la Ley de Sustentabilidad Hídrica aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Martes 6 de febrero de 2018
El pasado 1 de febrero de 2018, más de cincuenta agrupaciones civiles entre estos, investigadores, agrupaciones vecinales, organizaciones de derechos humanos exigieron a la Consejería Jurídica y a la Jefatura de Gobierno frenar la Ley de Sustentabilidad Hídrica, aprobada el 24 de noviembre en la Asamblea Legislativa.
En noviembre del año pasado se aprobó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, la cual pasó casi con unanimidad. De entrar en vigor, sustituirá a la actual ley de Aguas del Distrito Federal.
Criticaron esta nueva ley como un gran paso a la privatización del agua, pues lo que busca es convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en una paraestatal, y dando paso libre para que el director de esta, firme convenios con empresas privadas, sin que los ciudadanos tengan acceso a los términos de los acuerdos.
La organización “agua para tod@s” sospecha de la urgencia por aprobar una ley antes de contar con la Ley General, antes las elecciones y antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución además de que su aprobación hecha de manera precipitada y sin ninguna consultoría con la sociedad.
Ésta ley permitirá que el SACMEX determine anualmente las tarifas y cuotas auxiliares por el agua, alcantarillado, drenaje y tratamiento, con la opción de realizar “actualizaciones extraordinarias” a su criterio.
Además de que sentaría las bases para la privatización del agua a largo plazo, al convertir al SACMEX en paraestatal. Permitiría clausurar acceso al drenaje y hasta embargar viviendas por el no pago.
También permitiría que SACMEX controle las fuentes de agua y zonas lacustres de los pueblos originarios.
Al faltar dos pagos consecutivos o salteados, SACMEX podrá restringir el acceso al agua potable. No se realizaría la reconexión a los servicios hasta cubrir todas las deudas, multas, cobros auxiliares y cuotas de reconexión para agua y para drenaje.
Negarían el acceso a información bajo el pretexto de “seguridad nacional” sobre la calidad del agua, y sobre los dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos otorgados para nuevos mega proyectos en zonas sin agua.
Además, incluye la decisión de gastar 1.6 mil millones anuales (del Programa de Devolución de Derechos), al proyecto Emisor Oriente, obra asignada al consorcio de Carlos Slim en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo. Aunque fue programado a un costo de 9.5 mil millones y para terminarse en 2012, hasta la fecha ha absorbido 44 mil millones, con graves irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Y por último y mas alarmante, plantea a futuro la posibilidad de un mercado de aguas pluviales, en la medida en que aquellas que sean recolectadas o cosechadas, las cuales podrán ser comercializadas previa potabilización y certificación.
Esta ley se ha calificado como una violación a las constituciones nacional y local, así como a diversos tratados internacionales, que infringe la nueva normativa que especifica el derecho humano al agua. En una ciudad con cada vez mas problemas de acceso al agua, esta ley pondrá en crisis a la actual crisis del agua que padecemos los habitantes del Valle de México.
