Militarización. Avanza reforma constitucional para mantener ejército en las calles hasta 2028

Después de haber sido aprobada en el Senado, la iniciativa de reforma presentada por AMLO y el Morena que busca mantener en las calles al ejército hasta 2028, cumpliendo funciones de seguridad pública, avanza.

El Estado de México, Nayarit, Sonora e Hidalgo se sumaron a fines de la semana pasada a las entidades que ya habían aporbado esta iniciativa, Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas y Campeche, sumando 17 congresos locales que le han dado luz verde, lo cual posibilita al Congreso de la Unión continuar con la reforma a nivel constitucional.

Dicha reforma agrega una adenda al artículo que justificó la creación de la Guardia Nacional para que, mientras esta se consolida en su funcionamiento y estructura, el presidente pueda disponer de dicho cuerpo para realizar tareas de seguridad ciudadana.

Además, establece que el ejecutivo estará obligado a partir del 2023 a disponer un fondo de financiamiento permanente para fortalecer las tareas de seguridad pública en diversas demarcaciones. Esta iniciativa del oficialismo, brindó a una oposición debilitada la posibilidad de retomar cínicamente la bandera de denuncia contra la militarización del país y el cuestionamiento a los límites de la estrategia de seguridad de AMLO, a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantuvieron firme en su apoyo al partido de gobierno.

Resulta evidente la maniobra desesperada del Partido Acción Nacional (PAN), junto a Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por cuestionar medidas que implementaron siempre que pudieron al ostentar cargos ejecutivos en distintas entidades y a nivel nacional, como "la guerra contra el narco" desplegada por Felipe Calderón o las medidas represivas implementadas por Samuel García en Nuevo León Enrique Alfaro en Jalisco.

Aunque hoy busquen frenar dicha iniciativa en los congresos locales que aun no la aprueban para capitalizar el descontento de un sector de la población que es crítico a esta estrategia de seguridad, no olvidamos que los efectos de violencia que hoy se viven en el país tiene como antecedente la política de sacar al ejército a las calles desde el 2006 que impuso el panismo.

No obstante, la crisis de seguridad que atraviesa el país producto de la acción del crimen organizado y el aumento de la violencia, al que han colaborado activamente militares, policías y marinos, representa una base material real que empuja a la población a exigir medidas como la militarización, apoyando la política del gobierno, aun cuando se ha demostrado que ésta solo profundizará la dinámica de violencia y represión que viene desplegándose hace años debido a la asociación de los cuerpos represivos con el crimen organizado.

Esto en el marco del anuncio de integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y del reciente anuncio de la detención de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, quien cumplía funciones cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa-, como parte de las 80 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República(FGR) contra los involucrados en el crimen contra los estudiantes, medida implementada para transmitir una imagen de gobernabilidad y justicia, que busca ocultar la realidad que enfrentan miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o feminicidios.

A pesar de que AMLO declaró que no hay intenciones de que algún militar se postule para la carrera presidencial del 2024 pues “el ejército está concentrado en las tareas de seguridad”, es innegable el vínculo privilegiado entre el presidente y las fuerzas armadas, y la preocupación por preservar intactos los altos mandos y la impunidad que persiste sobre militares y marinos.

Esto fue evidente en el discurso oficial del acto de la Comisión de la Verdad y Justicia de hace unos meses, donde AMLO pidió a familiares de víctimas reconciliarse con militares, agradeció al general Crecencio Sandoval, jefe de las fuerzas armadas, su destacada labor y exigió la apertura de archivos, pero ningún juicio ni castigo a los responsables materiales o intelectuales de la guerra sucia.

Más preocupante aun resultan estas declaraciones en un contexto de asesinato de periodistas, luchadores sociales, defensores del territorio, familiares de personas desaparecidas y migrantes, mientras se profundiza el feminicidio (a pesar de las medidas punitivas que ha desplegado este gobierno, aumentando las penas contra agresores y construyendo puntos de ayuda contra la violencia de género), los crímenes de odio, el actuar violento de grupos del crimen organizado y con el reciente escándalo de las filtraciones de la SEDENA que resulta espiar con el mismo ahínco a defensores de derechos humanos, feministas, activistas estudiantiles, organizaciones sociales -como el zapatismo- y a los cárteles del narco.

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¿Cómo enfrentar la violencia y la militarización?

Es fundamental repudiar la política del gobierno y sectores de la oposición que buscan profundizar la militarización del país, una estrategia que se ha demostrado ineficaz e impotente para enfrentar los problemas de violencia derivados de la subordinación imperialista y de la disputa por los recursos naturales, humanos y el territorio mexicano como entrada privilegiada al mercado estadounidense.

Es urgente impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización del país, encabezado por los poderosos sindicatos y organizaciones obreras, en alianza con el movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, de defensa de migrantes, sociales, populares y de izquierda, con independencia del gobierno y de todos los partidos del Congreso, que retome las calles para exigir el regreso del ejército a sus cuarteles, la disolución inmediata de la Guardia Nacional y organizar la autodefensa obrera y popular que empuje medidas de ruptura con el imperialismo y todos sus dictados.

Medidas como la legalización de las drogas y la expropiación de las fortunas de los capos, así como la inversión decidida a infraestructura, salud y trabajo dignos basados en impuestos progresivos a las grandes fortunas y el cese del pago de la deuda externa y el desfinanciamiento del ejército y la policía -que recibieron un presupuesto millonarioapara el 2023-, pueden ayudar a inclinar la balanza y disminuir la condición de vulnerabilidad que permite que millones de jóvenes caigan en las redes del crimen organizado o sean víctimas de sus balas y de su guerra.

¡Desmilitarización ya! ¡Queremos escuelas, trabajo, hospitales, no militares! ¡Dinero para la educación y la salud, no para la guardia nacional!

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