Los ataques tanto a luchadoras y luchadores como a referentes de la izquierda se recrudecen. Herencia represiva kircherista y continuidad de Cambiemos.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Sábado 27 de mayo de 2017
Desde la llegada de Cambiemos al Gobierno, Jujuy se convirtió en modelo a seguir en materia de represión a los que luchan y de criminalización de la protesta social. El ejemplo más notable de esta política fue la detención ilegal de la líder de la Tupac Amaru, Milagro sala.
La senda trazada por el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, por estos días inspiró a los gobiernos de Río Negro y Mendoza que pisaron el acelerador en la carrera persecutoria contra luchadores y luchadoras. También al gobernador peronista Gildo Insfrán en Formosa, tal como se observa con la detención del joven referente de la comunidad Wichí desde abril.
Marzo y abril fueron meses problemáticos para el oficialismo a nivel nacional. Marzo estuvo plagado de movilizaciones y la ocupación de la calle se volvió un asunto de primer orden. En abril tuvo lugar el paro nacional del 6, jornada en la que los piquetes de la izquierda y el sindicalismo combativo constituyeron un contrapunto a la tónica rutinaria y dominguera que le imprimió la dirigencia de la CGT.
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Ahora, los gobiernos de distintas provincias, sin distinción de color político, avanzan en una cruzada criminalizadora de la protesta que intenta ser aleccionadora. Ante una economía que no repunta y brotes verdes que no llegan, el plan oficial es avanzar con el ajuste a fuerza de represión.
Esta semana la policía local detuvo al dirigente de ATE y de la CTA Río Negro, Aldo Capretti, mientras se encontraba en su vivienda. Desde allí fue trasladado a la Comisaria 1° de Viedma, donde permanece detenido. El fiscal Puntel y el juez Mussi ordenaron además la detención de tres referentes del gremio que incluye a Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE en la provincia, acusados de coacción agravada luego de que fueron ferozmente reprimidos cuando se manifestaban contra el Plan Castello, que se aprobó el miércoles con los votos que los diputados del FPV dieron al oficialismo. Como se ve, la gestión del gobernador peronista Weretilneck, no presenta fisuras con el gobierno de Macri, en este aspecto.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda emitieron un comunicado en el que expresan su solidaridad con los trabajadores de ATE, ante esta embestida. La precandidata a diputada nacional por ese espacio, Cecilia Carrasco, sostuvo que “esta situación de represión y persecución se da en el marco de una política por parte del gobierno provincial de Weretilneck de acallar las voces opositoras a un modelo de endeudamiento y saqueo de nuestros recursos naturales a tono con la política nacional de Macri”.
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En Mendoza, por otro lado, legisladores del Frente de Izquierda y referentes sindicales de la provincia fueron imputados por manifestarse en el paro nacional del 6 de abril. Entre los dirigentes imputados se encuentran el diputado del PTS-FIT Lautaro Jiménez; los legisladores del PO-FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina; los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid.
Las personas imputadas fueron notificadas por la Fiscalía de Instrucción Correccional N° 33, a cargo de la Fiscal Graciela Cobos. Se los acusa de violar el artículo 194 del Código Penal. La decisión de la avanzada judicial es una muestra más del autoritarismo y ataque a las libertades democráticas por parte del gobierno del radical Alfredo Cornejo.
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Estos datos dan cuenta de una situación de serio retroceso de los derechos sociales que en muchos casos ha sido la causa de la realización de protestas por parte de las comunidades y grupos afectados. La respuesta estatal ha incluido la represión violenta de muchas de dichas acciones, la detención de manifestantes y la apertura de causas penales contra muchos de los dirigentes y activistas sociales (defensores de derechos humanos). Sobre estas tres dimensiones versa la información que sistematizamos a continuación.
El Ministerio Público Fiscal, intentó calmar el escándalo generado y aseguró en un comunicado que no había imputado a "ningún diputado ni a ningún sindicalista de los que supuestamente participaron en el corte. El trámite procesal que se ha realizado es el de notificar a los presuntos implicados de la existencia de la causa".A continuación, el texto aclara que "para que un fiscal proceda a imputar a un diputado se necesita previamente solicitar el desafuero ante la Cámara de Diputados".
En declaraciones a Radio Andina, el legislador del PTS FIT Lautaro Jimenez, denunció la gravedad de lo sucedido y aclaró que "acá no hay ninguna acción judicial, acá hay una acción política. La fiscalía está actuando por órdenes explicitas del poder ejecutivo provincial, por un perfil político que es criminalizar la protesta social".
En la Formosa del peronista Gildo Insfrán, el joven referente wichí Agustín Santillán, sigue preso desde mediados de abril por haber reclamado por los derechos de los pueblos indígenas. A Santillán lo acusan de haber participado de los robos y saqueos que hubo a inicios de abril, tras las inundaciones que afectaron la zona oeste de esa provincia. Se le imputan los delitos de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. Para el gobierno de Formosa Santillán inició los desmanes en el oeste de la provincia e incluso lo tilda de “terrorista”.
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Números
Un relevamiento recientemente publicado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y la organización Liberpueblo, sobre las formas de respuesta estatal a las acciones de protesta social, ayuda a dimensionar el alcance de la política represiva y criminalizadora del Estado nacional y de los gobiernos provinciales.
Según el documento, desde enero de 2016 a marzo de 2017 se registraron como mínimo un total de 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de
las organizaciones obreras y populares. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (51 % del total) seguidas por la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (26 %) y la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (23 %).
La amplia mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (105 hechos) seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (41 hechos).
La mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales se dirigieron contra trabajadores (56 % del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31 %) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (8 %). Dentro de los hechos contra trabajadores, el 83 % de los casos se produjo en el contexto de reclamos salariales y por condiciones de trabajo.
El informe releva 48 hechos de causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social. En total afectaron a 180 personas en el período analizado. Los destinatarios principales de estas causas fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales y sociales (el 77 % del total), es decir sujetos que ocupan posiciones de representación en sus organizaciones. Los ejemplos de Río Negro y Mendoza se inscriben en este fenómeno de conjunto.
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Hay que mencionar que si bien el relevamiento se circunscribe a lo que sería el primer año de gestión de Cambiemos, la criminalización de la protesta y la persecución política no son algo nuevo.
Aunque Cristina Fernández de Kirchner se empecine en sostener que Milagro Sala es la primera presa política en mucho tiempo, la realidad es que durante los gobiernos de la expresidente y de Néstor Kirchner las personas procesadas, perseguidas hasta detenidas por causas políticas y sociales se cuentan por miles. Cuando CFK finalizó su mandato, había alrededor de cinco mil personas procesadas por luchar.
Aunque Macri y los CEO hayan venido a profundizar este camino, lo concreto es que avanza sobre lo que ya había trazado el kirchnerismo. El ejemplo más claro fue el procesamiento y condena a cadena perpetua (en una causa armada por los poderes Judicial y Ejecutivo santacruceños) de los petroleros de Las Heras por hechos que no cometieron.
