La revista Proceso dio a conocer pruebas de la participación de la policía federal y del ejército en la desaparición de los normalistas. Una muestra más del carácter reaccionario de las fuerzas represivas del Estado, cuyo fin es sofocar la protesta social.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Miércoles 24 de diciembre de 2014
Fotografía: Reuters
En sus números 1989 y 1990 Proceso dio a conocer nuevos elementos que prueban que la policía federal y el ejército están involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Podemos citar que “desde las 20 horas del 26 de septiembre seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército”, según señalan Anabel Hernández y Steve Fisher en el artículo “La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal”, en Proceso núm. 1990, del 21 de diciembre pasado.
Entre otras pruebas, en el mismo artículo se incluye “la declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014- en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF (Policía Federal) en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente”.
Asimismo, se reveló que las fuerzas represivas obstaculizaron la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. En el artículo “Búsqueda entorpecida”, Anabel Hernández y Steve Fisher afirman que Elizabeth López Peña, agente del Ministerio Público, el 28 de septiembre pasado ordenó una inspección completa del 27 Batallón de Infantería, de la base del COE/PGR, la base de la PF en Iguala, así como de las sedes de las policías Estatal y Ministerial.
Tampoco se concretaron las inspecciones a las instalaciones de los batallones militares ni a las de la Procuraduría General de la República con sede en Iguala. ¿Qué ocultan?
Es evidente que las fuerzas represivas del Estado están asociadas con el narcotráfico, y su principal tarea constituye golpear a quienes protestan: detenciones ilegales, golpes, abusos, torturas, ejecuciones extrajudiciales son sus prácticas comunes, como sucedió en Tlatlaya, en Ayotzinapa, en San Salvador Atenco, por mencionar sólo algunos casos. Quieren imponer una estabilidad reaccionaria.
Si a esto se suma el intento del gobierno –fallido hasta ahora–, de cerrar el caso de los normalistas desde el 7 de noviembre los intentos de criminalizar a los jóvenes desaparecidos, y ahora hasta el intento de la Iglesia católica de poner paños fríos al asunto, la crisis abierta en México se profundiza.
El desprestigio de las instituciones de la democracia para ricos –que velan sólo por los intereses de sus socios de las trasnacionales, el empresariado nacional y el narco– se hizo visible en todas y cada una de las movilizaciones y acciones de protestas realizadas ante la desaparición de los normalistas, y llegó a denunciar la colusión entre los partidos tradicionales (PRI-PAN-PRD) y el narcotráfico y a reclamar ¡Fuera Peña Nieto!
Termine como termine, el caso de los normalistas desaparecidos marca un antes y un después en México y en la “opinión pública” formada por décadas de autoritarismo.
El descontento sordo se hizo público, la degradación de las instituciones cada día se verifica ante los ojos del pueblo mexicano: a los desaparecidos, a los feminicidios, se suman la casita blanca de Angélica Rivera, la mansión de Malinalco de Videgaray, los diputados se asignan superaguinaldos –entre 80 mil y 300 mil pesos, y la lista es infinita.
Mientras tanto, los trabajadores y los sectores populares ven licuarse sus de por sí magros salarios ante la devaluación del peso mexicano, protestan en algunos sectores por la falta de pago del aguinaldo, y ven endurecerse sus condiciones de vida. Sus hijos o ellos pueden ser los próximos desaparecidos.
Por eso, se espera que en enero el clamor por la aparición de los normalistas y contra el gobierno, el PRI, el PAN y el PRD se haga escuchar nuevamente.
