Casi diez años después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno de López Obrador insiste en proteger al ejército, da oídos sordos a los padres de los estudiantes y acusa a las organizaciones de Derechos Humanos que los acompañan de tener vínculos con la oposición de derecha. Mientras el crímen sigue impune, el reciente asesinato del normalista Yanqui Kothan a manos de la policía local reabre una herida que no termina de sanar. Hoy más que nunca seguimos gritando: ¡Fue el Estado!
Jueves 28 de marzo de 2024
La noche del 7 de marzo, Yanqui Kothan viajaba junto a dos normalistas más en una camioneta con dirección a Chilpancingo, la intención era recoger a unas compañeras de otra normal para regresar a Ayotzinapa a los festejos del 98 aniversario de la escuela. Ni él ni sus compañeros regresaron esa noche, en un retén de la policía fueron interceptados y atacados con arma de fuego. Yanqui murió tras recibir un impacto en la cabeza, mientras otro de sus compañeros era retenido por más de diez horas y el otro, al intentar escapar para protegerse de las fuerzas de seguridad, fue encontrado por un militar y entregado a la policía.
Esa misma noche la policía plantó un arma, alcohol y drogas en el vehículo en el que viajaban los estudiantes e intentó culparlos de disparar a la policía e ir bajo el efecto de estupefacientes. Días más tarde al conocerse los resultados de la prueba de rodizonato de sodio, que identifica si una persona ha disparado un arma, se demostró que la policía mintió. Casi diez años después de la noche de Iguala y la desaparición de los 43, la policía y el ejército se ven involucrados otra vez en el asesinato de otro estudiante de Ayotzinapa.
Los siguientes días se demostró la complicidad de la fiscalía y el intento del gobierno estatal y federal de escapar de toda responsabilidad, esto, en un entorno donde la política electoral domina la agenda pública y después de que, en esa misma semana, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron frente a Palacio Nacional exigiendo sin éxito que López Obrador los recibiera junto a los padres de los 43.
Frente a las protestas de los normalistas que derribaron una puerta de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo, declaró: “Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, [...] se sigue trabajando en el caso, [...] entonces lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, [...] No hay que caer en ninguna provocación”. Por su parte Xochitl Gálvez, expresó: “Realmente preocupante. No me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación”, sin embargo, hipócritamente indicó que la protesta se habría evitado si el presidente hubiera recibido a los normalistas y acusó a López Obrador de, en su momento, “lucrar con la guerra de Calderón y el tema de Ayotzinapa”.
Violencia e inseguridad en medio de escena electoral
La desaparición de los 43 fue resultado de la complicidad de los distintos órdenes de gobierno y sus instituciones, y en particular el ejército, con los carteles del narcotráfico. En medio de una gran crisis en materia de seguridad y violencia, además de una importante ofensiva neoliberal por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, López Obrador ganó las elecciones en 2018 prometiendo que el caso Ayotzinapa sería resuelto.
Bajo el lema “abrazos, no balazos” prometió modificar la estrategia de seguridad y atacar las causas estructurales de la violencia. Seis años después, no solo se extendió la estrategia de militarización y la violencia e inseguridad azotan grandes franjas del país sino que la participación del ejército se ha extendido en el régimen político y la administración pública. Más allá de la retórica, el gobierno de Morena es el principal responsable de intentar lavar la cara de las FF. AA. frente a su responsabilidad en múltiples denuncias por violación de DD. HH. y su participación directa en casos testigo como Ayotzinapa.
Por otro lado, al iniciar la campaña electoral por la presidencia, la derecha “logró imponer” en la agenda pública la discusión en materia de seguridad —por no decir que básicamente se han montado en la digna exigencia de justicia de familiares de víctimas—. Cínicamente, acusan al gobierno de López Obrador de ser responsable de la crisis de violencia a nivel nacional cuando fue bajo los gobiernos del PRI y el PAN que se inició la llamada guerra contra el narco y la militarización a la que este gobierno ha dado continuidad. Frente al cuestionamiento de sus opositores, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM y ex Jefa de Gobierno de la capital, asevera que la violencia en el país tiene una tendencia a la baja y presume las estadísticas de la capital en materia de seguridad.
El oficialismo espera que las elecciones le otorguen los votos suficientes para que en la próxima legislatura el congreso modifique la constitución y coloque a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y aunque la oposición dice estar en contra, no podemos olvidar que cuando fueron gobierno, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto impulsaron sendas reformas constitucionales para legitimar que el ejército dejara los cuarteles y tomara tareas de seguridad pública, como fue el intento de Ley General de Seguridad Interior.
Más allá del intercambio de ataques en la arena electoral, tanto la campaña de Xochitl Gálvez como la de Claudia Sheinbaum asoman puntos coincidentes en su programa securitarista: la capacitación de las fuerzas de seguridad (policías y Guardia Nacional), aumento salarial a policías locales, inversión en infraestructura y servicios de inteligencia, son elementos comunes en ambos proyectos. En la discusión pública el discurso de atención a las causas se desdibuja frente al fortalecimiento de las instituciones de seguridad, las mismas que son responsables de la desaparición de los 43 y del asesinato de Yanqui Kothan.
Ayotzinapa, gran deuda y piedra en el zapato para el gobierno.
Tras una semana que se complicó para el gobierno por el caso Ayotzinapa, tanto el gobierno federal como la campaña de Claudia Sheinbaum rápidamente ajustaron y se sumaron a la condena por el asesinato de Yanqui Kothan. Días después del intento de criminalizar a los normalistas, la gobernadora de Guerrero anunció que la investigación llegaría hasta el final y se informó la renuncia del secretario de seguridad; desde el gobierno local y federal se exigió la destitución de Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado, y el día 20 de marzo el congreso del estado la destituyó. Además se ha informado de la vinculación a proceso de dos policías involucrados sin que ello oculte el escándalo que significó la fuga (seguramente llena de complicidad) del policía que disparó el arma que asesinó al normalista, para resguardarse en el cuartel de la policía de Chilpancingo.
Paralelo a ello salió a la luz una entrevista de Jenaro Villamil, periodista y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que hizo al diputado federal de morena Manuel Vázquez, sobreviviente de la noche de Iguala y que fue en su momento vocero de la normal bajo el seudónimo de Omar García. La entrevista, que sale en un momento complejo de la relación del gobierno con los padres de los 43, parece tener la doble intención de lavar la cara del gobierno, continuar con los ataques contra Vidulfo Rosales, abogado de los padres y contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
En la entrevista el diputado Manuel Vázquez desliza la idea de que hay intereses ajenos que no permiten que se resuelva el caso para no perder esa bandera política. Si bien señala “fallas” en la investigación y errores de la fiscalía, también acusa al movimiento por la aparición de los 43 de “falta de cooperación”. El hilo conductor de su argumentación acusa que durante el movimiento estudiantil y popular que se gestó en 2014, dentro y fuera de Ayotzinapa, había quienes intentaban radicalizar el movimiento, desde lo que opina, eran expresiones anacrónicas del marxismo revolucionario.
Sus declaraciones no sorprenden, pues son expresiones del transformismo —siguiendo a Gramsci— es decir, como fenómeno de cooptación de referentes y dirigentes de masas o populares; el hoy diputado federal del partido en el gobierno, otrora una de las caras públicas en los medios de comunicación tras los hechos de Iguala, se encuentra hoy en la órbita de las instituciones del Estado mexicano, el mismo Estado responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fue el Estado
Pasan los años y nuevamente instancias del Estado mexicano participan en un acto de violencia sistémica contra los estudiantes de las normales rurales. Las investigaciones sobre el ataque a los normalistas que derivó en la muerte de Yanqui Kothan recién inician, sin embargo, como nos demostró la desaparición de los 43 no podemos confiar en ellos ni en su supuesta justicia.
Lo mínimo que podemos exigir es conocer la verdad de lo qué sucedió así como garantías de no repetición, sin embargo, como lo demuestra el asesinato de Yanqui Kothan sabemos que las cosas no cambiarán de la mano de quienes sostienen a este sistema y protegen a las FF. AA. Para conocer lo que sucedió la madrugada del 26 de septiembre es necesaria una comisión independiente de todas y cada una de las instituciones del Estado y los partidos políticos del régimen. Una comisión que goce con la confianza de los padres de los 43 y donde participen las organizaciones políticas, sociales, de trabajadores y de DD. HH. que sostienen la exigencia de verdad y justicia para el caso Ayotzinapa. Hay que exigirle al gobierno que garantice todos los recursos necesarios, económicos y humanos para que funcione efectivamente dicha comisión, además de tener atribuciones de investigación y justicia sin limitante alguna frente al fuero militar.
Para impedir que se repita lo sucedido en Ayotzinapa, urge desmilitarizar el país y terminar con la subordinación política, económica y en materia de seguridad frente al imperialismo norteamericano y los organismos internacionales a su servicio.
Este objetivo está entrelazado con la lucha por terminar con la opresión y expoliación imperialista y la explotación capitalista, bajo cuyo manto se desarrollan estos fenómenos aberrantes contra el pueblo trabajador, la juventud y las mujeres. Esto implica asumir la perspectiva de transformarlo todo y tomar el curso de nuestros destinos en propias manos, para terminar con la barbarie e irracionalidad capitalistas y conquistar un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo pobre.
Para luchar por eso, es fundamental construir una herramienta politica, un partido revolucionario de los explotados y oprimidos, y haga suyas las demandas del conjunto de sectores populares contra la violencia, el feminicidio, la pobreza y la precarización de la vida.
Si el responsable fue el Estado, debemos terminar con él.
