Opinión. A propósito de la reforma judicial y el choque entre dos poderes del Estado

El resultado abrumador a favor de la 4T en las elecciones del 2 de junio y la mayoría calificada del oficialismo en el Congreso de la Unión pone de relieve dos aspectos políticos que impactarán en la escena nacional los siguientes años.

Uno es la nueva relación de fuerzas entre los partidos del régimen y distintos sectores de la clase dominante (donde el oficialismo adquiere un mayor fortalecimiento con la mayoría calificada en el Congreso), y la otra, la actividad política presidencial de López Obrador para allanar el camino al gobierno próximo de Claudia Sheinbaum, y facilitar la continuidad de la 4T.

El primero, impacta en la reconfiguración del sistema de partidos, donde la otrora “pata izquierda” del régimen fue liquidada legalmente como partido nacional; le impone un tremendo retroceso y división al PAN, y deja malherido al PRI. Y donde pareciera que habrá una dinámica de debilitamiento de la alianza opositora de derecha, mientras tanto se fortalece la tendencia a sostener el proyecto de la 4T en base a las alianzas del oficialismo y los partidos que lo apoyan, al menos hasta que el Partido Verde y el PT se recompongan y puedan subsistir sin la alianza “progresista”.

El Congreso reconfigurado mostrará la debilidad de los partidos opositores (y sus impulsores patronales), y las tendencias a llevar la polarización por la derecha hasta donde sus fuerzas se lo permitan. Pero es evidente, sobre todo a partir a la derrota de su “trinchera” judicial, que su margen de maniobra quedó limitado.

Sin embargo, esto no quiere decir que la derecha sufrió una derrota estratégica. No. Seguirá actuando como parte de un fenómeno internacional (con ligas con Vox, Bolsonaro, Milei y Trump, y más si este último gana la presidencia en Estados Unidos).

Las contradicciones de esta ofensiva

Es evidente que esta nueva relación de fuerzas fue soslayada por la derecha en el intento de frenar el avance de la 4T y la elección de Claudia, así como en la resistencia a la aprobación de la reforma judicial propuesta por AMLO.

Pero este intento, y la mayor confrontación del Poder Judicial (comandado por la ministra Norma Piña) con el Ejecutivo, en base a medidas esperadas que incluso violentaba la división formal de poderes en el Estado (ordenamiento a la Cámara de Senadores de no sesionar, bloqueo de la Cámara de diputados –y el ingreso a la misma con el portazo– para impedir la votación de la reforma judicial, y el llamado de la Ministra Presidenta de la Corte a sabotear al gobierno), fue contraproducente y muestra la impotencia de este poder ante la presidencia.

Y, aunque desde Montesquieu la división de poderes en el Estado no ha sido tal, la Corte da la apariencia de ser una entidad jurídica independiente del Poder Ejecutivo, pero en general está al servicio de un determinado sector de la clase dominante encumbrada en la presidencia -en el priato esto era muy evidente, y con Fox, Calderón y Peña Nieto fue igual.

Sin embargo, en determinados momentos, por roces entre los sectores de la clase dominante, la Corte puede parecer como opositora a la presidencia. Pero, salvo excepciones, son instituciones que velan por la unidad del régimen y la estabilidad política del país. Es propio de las pugnas entre camarillas burguesas en un régimen de partidos o Congreso amplio.

Esta ofensiva de la derecha es un intento fallido de crisis institucional, como sí la logró Trump al torpedear el ya maltrecho sistema bipartidista de los Estados Unido con la toma del Capitolio. Incluso, los trabajadores judiciales que se movilizaron y bloquearon el Senado (y por sus objetivos de “lucha”) no son expresión de un fenómeno de la lucha de clases progresivo. Es un sector ajeno a los procesos de la clase trabajadora, es decir, no expresan algo nuevo en la subjetividad obrera y popular, muy distinto a las movilizaciones del plantón de la CNTE en mayo pasado. Es un sector de trabajadorxs relativamente privilegiados que, pese a tener demandas propias, es dirigido desde un poder del Estado.

Esto no quiere decir que, más adelante, ante el ataque sus condiciones de vida, no pueda salir a la calle movilizarse, pues ya mostraron la importancia que tienen para las funciones del Estado.
La escandalosa invasión de cientos de personas opositoras a la Cámara de Diputados (la toma del poder legislativo), muestra la desesperación e impotencia de la Corte y la derecha. Por primera vez, producto de esta beligerancia del Poder judicial, la Corte quedó muy desprestigiada (“golpista” para muchos”) y muy debilitada como poder del Estado. Esto abona a una relación de fuerzas todavía más favorable al Poder Ejecutivo.

Además, esta polarización provocó una abierta división en la Corte no vista anteriormente en detrimento de los sectores judiciales más reaccionarios. Al mismo tiempo, posibilitó que la ministra Jasmín Esquivel que había sido fuertemente golpeada por la derecha para encumbrar a Norma Piña como Ministra Presidenta, esté en minoría se fortalezca y se posesione para ocupar el lugar de la Presidenta saliente.

Esta derrota del Poder Judicial y de los sectores detrás del mismo, debe ser sopesada por los sectores empresariales más recalcitrantes, pues no les conviene llevar la polarización a tales extremos (los Slims y compañía se mantuvieron al lado de 4T). Incluso, de haber más presiones de Estados Unidos contra la reforma judicial, lo harían ver más abiertamente injerencista (y a López Obrador más “nacionalista”.

Si bien es el Partido Demócrata el que más ha torpedeado al gobierno mexicano en los últimos meses en boca de su embajador en México, solo Trump podría llevar esta política injerencista más a fondo.

Y es que en, el centro de toda la polémica política y los intentos de bloque de derecha estaba la relación de fuerzas de la 4T, mostrada con la alta popularidad de AMLO a menos de un mes de dejar la presidencia.

La reforma judicial no detonó en una grave crisis internacional

Es claro que el enfrentamiento entre dos poderes del Estado plantea elementos de crisis internacional -de mayor o menor alcance e intensidad- con repercusiones en el régimen político.

Sin embargo, pese a estos fuertes roces entre la Presidencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -y la nueva reconfiguración del sistema de partidos provocada por el fuerte dominio del Morena y aliados en el Congreso, y la aprobación de la reforma judicial impulsada por AMLO que provocarán cambios en el régimen-, no liquidan este régimen de dominio.

La reforma del Poder Judicial no pretende subordinar a la SCJN (aunque busque imponer a personeros más afines al oficialismo), y acabar con la división de poderes. Es una reforma, de contenido político, de una institución muy desprestigiada a la que López Obrador quiere oxigenar para hacerla más potable en la aplicación de los planes de la 4T y de la estabilidad del régimen,
aún en contra los sectores más recalcitrantes y que más se han visto favorecidos en sus grandes negocios por la Corte. Es una especie de reforma del régimen para hacerlo más funcional.

Sin embargo, se mostró que, aunque el objetivo de crear las condiciones para una crisis institucional no se dio, sí mostró los riesgos que enfrenta la democracia burguesa, sobre todo en los “progresismos”, -y como expresión de un fenómeno internacional- para lograr una relativa estabilidad prolongada.

Por último, habría que pensar este fortalecimiento del Morena en la perspectiva de un “gobierno fuerte” con lo que esto implica para las masas, y de mayores rasgos bonapartistas. Hoy, el presupuesto militar es mayor al de los gobiernos del periodo del nacionalismo burgués de Plutarco Elías Calles (1924-1928), Lázaro Cárdenas (1934-1940), Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952), Ruiz Cortines (1952-1958) y López Mateos (1958-1964), que, además, tendía que a ser menor en cada cambio de gobierno.

Esos presidentes militares (como los generales Calles, Cárdenas y Ávila Camacho) impusieron un mayor control de los militares y de su actuación en la vida política, algo muy distinto al gobierno de López Obrador. Por eso es tan significativa la reunión de Claudia Sheinbaum con los militares, donde además de anunciar el reforzamiento de la Guardia Nacional, afirmó que gobernará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Estos cambios institucionales y la política de López Obrador son para dejarle a Sheinbaum las mejores condiciones para la gobernabilidad de su sexenio y la continuidad de la 4T.