Las diversas manifestaciones ocurridas exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a un año de su desaparición forzada, muestran un descontento generalizado de la sociedad en contra de esta democracia asesina del PRI-PAN-PRD. Y que cientos de miles exigen que aparezcan los estudiantes normalistas y se castigue a los responsables.
Miércoles 30 de septiembre de 2015
Apoyo de la ONU al Estado mexicano
El domingo 27 de septiembre la Organización de las Naciones Unidas en México emitió un pronunciamiento pidiendo que continúe el diálogo entre las familias de los normalistas desaparecidos y el gobierno mexicano, que se haga justicia y se repare el daño causado a las víctimas. Además el Sistema de Naciones Unidas en México reiteró su disposición a seguir cooperando con el Estado mexicano.
Recordemos que en la pasada reunión del 24 de septiembre, realizada entre el mandatario Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas y en donde estuvo presente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente dijo que la investigación se profundizaría incorporando las investigaciones del GIEI e integrando un equipo de peritos estatales de más alto nivel.
Es un descaro total y una muestra de cinismo que, a casi un año de la desaparición forzada, el gobierno mexicano continúe declarando que está dispuesto a comprometerse seriamente con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. Esto cuando mucho antes del informe emitido por el GIEI, los planteamientos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y académicos de la UNAM habían refutado la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Esto además, mientras se anuncia la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas y una ley que regule los crímenes de desaparición forzada (que en México se cuentan más de 25 mil casos). Esta medida la realiza el gobierno obligado por la presión social, y omitiendo a los más de 190 mil muertos, más de un millón de desplazados, y víctimas de otros cientos de crímenes de Estado que no han visto justicia. Es una muestra de que Peña Nieto y los partidos del Congreso buscan apaciguar el descontento y perpetuar la impunidad. No sólo las declaraciones de Samuel González Ruíz y Miranda de Wallace, como aquí mencionamos, respaldan esta tentativa del gobierno, sino que ahora la misma ONU declara que colaborará con el Estado asesino y represor.
Las inconsistencias: muestra de la responsabilidad del Estado
En la investigación no ha salido a la luz el móvil que llevó a la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del año pasado y no se tienen pistas concretas de su paradero; su búsqueda destapó cifras exorbitantes de cadáveres encontrados en 62 fosas clandestinas de Iguala en el Estado de Guerrero que se suman a la lista de crímenes impunes.
Ya desde octubre del año pasado era cuestionable el origen de los restos provenientes del Río San Juan, que fueron obtenidos en ausencia de investigadores independientes y que podrían encubrir la manipulación del caso por parte del gobierno.
Sólo los restos del normalista Alexander Mora Venancio se han identificado –aunque el GIEI afirma que los huesos fueron encontrados en un lugar que está bastante retirado del basurero de Cocula–, mientras que las muestras de los supuestos restos de Jhosivani Guerrero aún se consideran dudosos por la poca compatibilidad del ADN analizado en la Universidad de Innsbruck, Austria con el del normalista.
Se pretende que algún integrante del grupo de narcotráfico “Guerreros Unidos” ordenó llevarse a los normalistas y asesinarlos, un sujeto apodado “El Chucky”, supuesto líder del antedicho grupo, del que no se sabe quién es ni dónde está. Autoridades federales y estatales han detenido a 111 personas de las 131 que mantienen órdenes de aprehensión por estar presuntamente ligadas a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según información de Al Momento Noticias, de los detenidos, 52 son policías de Iguala, 19 de Cocula y a los otros 40 detenidos se les acusa de estar vinculados con cártel “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa -según el Tercer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República-, y hasta el día de hoy no se ha dictado sentencia a ninguno de los 111 detenidos, pues aún están en la fase de desahogo de pruebas.
Las autoridades no han permitido revisar el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, donde se sospecha que pudieron haber sido asesinados los normalistas de Ayotzinapa a manos de los militares. Esto mientras numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos exigen la apertura de los cuarteles.
Y el ex alcalde de Iguala y su esposa, capturados desde noviembre del año pasado, niegan su participación en el hecho. Apenas en junio pasado la PGR consiguió que se abriera proceso contra el ex alcalde por el plagio de los estudiantes pero no por el delito de desaparición forzada, que aún no le es consignado a ninguno de los supuestos implicados. Esto mientras Pineda Villa permanece en prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no se ha podido probar su participación en la “tragedia de Iguala”, donde además de los desaparecidos fueron ejecutadas seis personas (tres normalistas, un integrante del grupo de fútbol “Los avispones”, el conductor del camión que transportaba al equipo de los avispones y una mujer que viajaba en taxi) y más de 40 resultaron heridas.
Siendo el mismo gobierno el que permite los crímenes del narco con el que se encuentra estrechamente vinculado, no es de él ni sus instituciones de donde los familiares obtendrán justicia. Ni será por esa vía que se acabará con los brutales crímenes que golpean a la población mexicana. Por el contrario, la responsabilidad recae sobre el Estado mexicano, subordinado a los dictados de Estados Unidos, y cuyo régimen político se sustenta en la represión y militarización.
Para avanzar en ese camino, es fundamental que la movilización del sábado pasado sea el reinicio de un nuevo ciclo de lucha contra el gobierno y el régimen político.
Las organizaciones sindicales que se reclaman democráticas y opositoras, así como el recientemente creado Frente Amplio Radical (FAR), en el que participan muchas de aquellas junto a los padres de familia, tienen que impulsar, para este 12 de octubre, un gran paro nacional que retome las demandas y reivindicaciones obreras y populares, empezando por la lucha por la aparición con vida de nuestros compañeros normalistas.
Con información de Al Momento Noticias, La Jornada, y Aristegui Noticias.
