La presentación del III Informe del GIEI evidencia la participación de las fuerzas armadas y los tres niveles de gobierno en la desaparición de los normalistas y posterior encubrimiento en el caso Ayotzinapa. A continuación, presentamos algunas notas.
Miércoles 30 de marzo de 2022
Este 28 y 29 de abril se llevó acabo la presentación del III Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa así como el Mensaje de las Familias de Ayotzinapa en relación a dicho informe.
El informe del GIEI reveló que elementos de la Secretaría de Marina intervinieron en el basurero de Cocula en lo que parece ser el intento de construir la escena con la que se buscó dar sustento a la llamada “verdad histórica”.
La “verdad histórica” se cae a pedazos
Con la entrega del Tercer Informe del GIEI se documenta la participación de todos los niveles de gobierno y las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así mismo se reveló que las tareas de contrainsurgencia que llevaba a cabo el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto mantenían informados a altos mandos de las instituciones sobre las actividades que llevaban acabo los estudiantes, así mismo tenían conocimiento de lo que ocurría minuto a minuto el 26 y 27 de septiembre del 2014.
El esclarecimiento de la participación de la SEMAR horas antes de la llegada de la PGR al basurero de Cocula devela que el gobierno a través de diversas instituciones escenificó la llamada “verdad histórica” para dar carpetazo y desmovilizar al amplio movimiento que se generó a nivel nacional en exigencia de la presentación con vida de los normalistas.
El encubrimiento continúa
En diciembre del 2018, al llegar López Obrador a la presidencia, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se mandata que las instituciones que poseyeran documentos relacionados con el caso Ayotzinapa fueran entregados a la llamada Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) que integrarían los familiares de los jóvenes desaparecidos, así como representantes del gobierno con la finalidad de acceder a la justicia y conocer la verdad.
A tres años del decreto, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que no se ha alcanzado justicia y continúan sin saber el paradero de sus hijos, consideraron la firma del decreto una simulación por parte del gobierno de López Obrador, así mismo mencionaron que los documentos que recientemente se presentaron ante el GIEI y la COVAJ debieron haber sido entregados inmediatamente después de la firma de dicho decreto.
Por su parte el GIEI, denunció que la entrega de documentos ha sido lenta e ineficiente, en el sentido de que las partes implicadas han negado la información, omitido o directamente entregado documentos falsos que han dificultado el acceso a la verdad y la justicia.
A pesar del decreto de López Obrador, la cúpula de poder que está implicada en la desaparición de los normalistas continúa intacta encubriendo a las fuerzas armadas y mandos civiles implicadas en el caso.
Fue la Marina, Fue el Estado
Hoy gracias al informe del GIEI se documenta la implicación de las fuerzas armadas en la desaparición de los estudiantes en 2014, comprobándose la responsabilidad directa del Estado que actuó no solamente a través del ejército sino también de la Marina y del aparato de inteligencia que realizaba tareas de contrainsurgencia en Guerrero.
A casi 8 años de los sucesos se confirma la cabalidad de quienes se movilizaron por la exigencia de aparición con vida de los estudiantes y de los familiares de Ayotzinapa, que en todo momento denunciaron al Estado como principal responsable.
Hoy el gobierno de la 4T busca legitimar a la Marina y al Ejército llamando a recuperar la confianza en estas instituciones, pero como se menciona en el III Informe del GIEI muchos de los elementos implicados en los hechos de Iguala aún conservan sus puestos de mando o su poder político al interior del Estado. Así mismo, la creación de la Guardia Nacional solo refuerza a estas instituciones en sus funciones de represión y contrainsurgencia.
Justicia, verdad y memoria
El acceso parcial a los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa es un logro de la movilización y exigencia de los padres que salieron a las calles junto con miles más, sin embargo, solo la apertura total de los archivos logrará acercarnos a la verdad.
El acceso real a la justicia vendrá también de la no repetición de los hechos, esto implicaría que los cerca de 100 mil desaparecidos y desaparecidas en el país y sus familias obtuvieran verdad y justicia, pero en lo que va del gobierno de López Obrador la situación de barbarie se sigue profundizando.
El caso de Ayotzinapa confirma que la política de militarización del país, ahora en su nueva fase con el despliegue de la Guardia Nacional y el fortalecimiento del Ejercito y la Marina, sigue costando vidas al pueblo trabajador.
La lucha por justicia, verdad y memoria en el caso Ayotzinapa implica fortalecer un movimiento democrático que luche por la desmilitarización, el alto a las desapariciones, el acceso a todos los archivos de las instituciones represivas en especial los relacionados con tareas de contrainsurgencia, así como la disolución de los cuerpos represivos.
