Conferencia mañanera. Ayotzinapa y la Ley de Amnistía

El proyecto en cuestión plantea modificar la Ley de Amnistía, de la cual existen, al menos, 4 antecedentes: en 1937, 1940, 1978 y 1994. Se les considera un un mecanismo extraordinario para estabilizar la esfera de lo político.

Por ejemplo, en la Ley de Amnistía del 28 de septiembre de 1978 ─propuesta por Jesús Reyes Heroles- se buscó “incorporar a la actividad ciudadana, para compartir las responsabilidades del quehacer nacional, a quienes formando parte de grupos de disidencia radical, y con evidentes móviles políticos, (y que) han incurrido en conductas sancionadas por la ley penal”, y buscó, en última instancia, la incorporación de quienes militaron en organizaciones guerrilleras en las décadas de los 60’s y 70’s del siglo pasado al sistema político burgués nacional, en el marco de la campaña militar de exterminio que el Estado mexicano impulsó contra dichas organizaciones en el periodo que algunos investigadores han llamado “la Guerra Sucia”.

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En 1994, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hizo llegar una propuesta de Ley de Amnistía que perdonase “…a quienes hubieren participado en los hechos por presión o desesperación y quisieran regresar a la legalidad. Específicamente, propuso amnistiar a todas aquellas personas en contra de quienes se hubiere ejercido o pudiera ejercerse acción penal por la comisión de delitos vinculados a los hechos violentos mencionados desde el 1o de enero de 1994 hasta las 11: 00 horas del día 16 del mismo mes y año”.

En la propuesta de AMLO la Amnistía no se dirige a presos políticos o a quienes participaron en hechos en el marco de la lucha por establecer un proyecto político. El contexto es otro. Aunque el presidente dice que esta reforma va más allá del caso de los normalistas, lo cierto es que está pensada para darle una salida al mismo sin afectar a altos mandos militares, pero que también va a beneficiar a sicarios y policías que participaron en los hechos.

En su artículo 9, se plantea que “El titular del Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano".

Es decir, esta Ley permitirá que el perdón les sea otorgado a sujetos con algunas condicionantes, entre las que destaca “que no se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra", finalmente se aclara que “…la amnistía concedida en términos de lo dispuesto por este artículo extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.

Para el caso Ayotzinapa lo que se establece con esta reforma es que quienes estén en prisión y aporten más información útil para encontrar a los estudiantes puedan salir en libertad. Un factor preocupante que se avisora con esta propuesta de AMLO es que, si bien podría lograrse obtener información clave, en última instancia se garantizará impunidad para altos mandos militares si brindan datos importantes.

Ahora bien, los expertos del Grupo Internacional de Expertos Independientes advirtieron hace más de un año que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba ocultando 800 folios de información sumamente relevante que permitiría dar con el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades.

Tomando en cuenta que la SEDENA, como toda secretaría de gobierno federal, es una extensión del ejecutivo, es decir, de la voluntad presidencial, no había necesidad de una Ley de Amnistía para avanzar en las investigaciones, sino solo voluntad política firme para forzar a los altos mandos de las fuerzas armadas ─Ejército y Marina- a que dieran esos folios que deliberadamente han negado a los padres.

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Otra cuestión importante es que el caso Ayotzinapa sí constituye un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Tal como lo mencionamos en esta nota, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece, en su artículo 7, que la desaparición forzada es considerada como un Crimen de Lesa Humanidad cuando es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El término generalizado es empleado en un sentido cuantitativo: cuando el acto se efectúa a gran escala y, por lo tanto, involucra un gran número de víctimas. En cuanto a la dimensión sistemática, esta habla de que la desaparición se concrete como resultado de una planificación metódica.

Respecto al caso concreto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el Dr. Francisco Javier Dondé Matute ─especialista en Derecho Penal Internacional- refiere que la dimensión sistemática que permitiría hablar de un Crimen de Lesa Humanidad se vuelve evidente a partir de que las investigaciones del GIEI mostraron de manera fehaciente “…ciertas acciones por parte del Estado, en particular CISEN y Ejercito, como intervención de comunicaciones e infiltración de agentes en las normales de Guerrero” que se llevaron a cabo durante años lo cual “…apunta a una política estatal que llevaba mucho tiempo implementándose. Las intervenciones, infiltraciones y seguimiento de los normalistas de Ayotzinapa se incrementaron de cara a la conmemoración del 2 de octubre (de 2014, para lo cual los estudiantes estaban realizando actividades de boteo el 26 de septiembre, fecha en que se dieron los hechos).”

La Ley de Amnistía de AMLO lo que busca, a final de cuentas, es no reconocer el caso Ayotzinapa como un crimen de lesa humanidad y, además, que los altos mandos militares obtengan impunidad así como establecer una especie de reconciliación de facto entre víctimas y victimarios.

Por estas razones es que decimos "no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos": fue la policía y fue el Ejército. Es y sigue siendo el Estado mexicano en tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa permitiendo que la SEDENA no entregue los archivos necesarios para esclarecer esos y otros crímenes de lesa humanidad y castigar a los responsables sin importar su edad o condición de salud. No hay justificación para que continúen impunes desde la comodidad de sus mansiones.