En la conferencia de hoy, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil Laura Velázquez expuso ─vía virtual- un informe a nueve días del impacto del Huracán Otis en Guerrero.
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Viernes 3 de noviembre de 2023
En él la funcionaria expuso algunas cifras que supuestamente reflejaban la ayuda del gobierno federal a la población afectada. Supuestamente 33,243 despensas y 231,000 litros de agua han sido entregados. Asimismo, aseguro que 2,900 electricistas de la CFE han sido destinados a trabajar en labores de reconexión de servicios de luz.
Entre las localidades más afectadas destacan el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, así como Chilpancingo. En este contexto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una Declaratoria de Desastre Natural expedida para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales, en concordancia con la Ley General de Protección Civil y sus lineamientos.
Sin embargo, en dicha declaratoria no hay nada especificado que pudiera garantizar que grandes consorcios comerciales como Walmart y Soriana pongan a su entera y gratuita disposición mercancías de primera necesidad para sectores populares, los cuales, además de despensas, requieren urgentemente medicamentos y electrodomésticos como ventiladores para paliar las difíciles condiciones que dejó el huracán tras su paso en la región.
Hasta el momento, el gobierno ha puesto más interés en la reconstrucción de la zona hotelera, a pesar de que se calcula que hay 222 mil viviendas afectadas de las cuales alrededor de 50 mil serían pérdida total, según información de Forbes.
A más de una semana aún se calcula que hay 1,815 personas en refugios, mientras que el número de fallecidos oficialmente es de 46 y el de desaparecidos bajó de 58 a 56, según aseguró Velázquez.
Por su parte, AMLO puso énfasis al asegurar que se están poniendo esfuerzos en la reconstrucción de la zona hotelera y ya ha habido acercamiento con empresarios del sector, pero que “se tiene que apoyar más a la gente pobre… que es la mayoría”.
Esto, sin ahondar específicamente en cómo se llevará a cabo ni en qué declaratorias o mecanismos jurídico/legislativos se han ideado para garantizar que las grandes cadenas comerciales colaboren para tal fin, en el contexto de una fuerte campaña de criminalización en contra de sectores populares que se han visto en la necesidad de tomar por su propia cuenta productos como alimentos, agua, papel higiénico y medicamentos para satisfacer sus necesidades.
En ese sentido, el presidente solo se limitó a hacer un llamado de buena voluntad a tiendas de autoservicios para que vendan sus productos “a precios bajos” y a asegurar que dentro del plan de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Juárez el gobierno entregará una despensa con apenas 24 productos a 250 mil familias afectadas durante tres meses, lo cual resulta totalmente deficiente para atender las múltiples dificultades que tendrán que enfrentar los que menos tienen.
Es importante traer a colación las denuncias que han sido echas por internautas las cuales hablan de que las fuerzas armadas (Ejército y Guardia Nacional) han monopolizado la entrega de ayuda de sectores civiles que ha estado circulando desde el interior de la república, lo cual nos brinda un terrible recuerdo del papel que las instituciones castrenses jugaron cuando ocurrió el sismo de 2017, durante el sexenio de Peña Nieto, donde la milicia guardó despensas en bodegas que luego serían reclasificadas como ayuda del gobierno (y no de la población civil).
Tras la elegancia y el lujo de los condominios y hoteles de Acapulco ─joya del turismo nacional-, está la cruda realidad que desde antes del huracán Otis viven los barrios de los trabajadores los cuales, por su vulnerabilidad, son los más afectados por este desastre engendrado por el Antropoceno capitalista.
El titular del ejecutivo federal, cerca de concluir la conferencia, también aprovechó para referirse a la audiencia ocurrida el 2 de noviembre ─de manera totalmente inesperada y con irregularidades, en un “sabadazo”, según dijo el mandatario- donde se le otorgó a Jesús Murillo Karam ─extitular de la extinta Procuraduría General de la República, y uno de los autores intelectuales de la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa- el beneficio de prisión domiciliaria en la acusación de obstaculización de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero.
A pesar de este beneficio, otorgado en supuesta razón de motivos de salud, Murillo no podrá irse a casa, pues aún enfrenta otros procesos por los cargos de tortura y desaparición forzada.
Aún cuando AMLO asegure estar indignado por esto último, su posición de protección a altos mandos militares y policiales ─ejemplos de Cienfuegos y Harfuch- contradice sus expresiones en torno a la voluntad que supuestamente tiene de llevar hasta sus últimas consecuencias los procesos judiciales contra altos funcionarios involucrados en los hechos en cuestión y hacer justicia por normalistas desaparecidos y sus familias.
