Un informe revela que el 68,90% de las licitaciones adjudicadas durante 2020 fue a empresas relacionadas con "lobbies" sanitarios que actúan en la Comunidad de Madrid.
Miércoles 1ro de junio de 2022
El Gobierno de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad gestionó la crisis de la COVID-19 en 2020 a golpe de licitaciones a empresas privadas. Además de la construcción del Hospital Isabel Zendal, un agujero negro de sobrecostes o del funcionamiento del hospital de campaña de IFEMA (87 millones en licitaciones para 41 días de funcionamiento), no se había desvelado mucho más de la gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante el 2020, el año atravesado por la pandemia.
Ahora, un informe elaborado por Audita Sanidad, plataforma que analiza la deuda pública en Sanidad y las privatizaciones, revela que el 68,90% de las licitaciones adjudicadas durante 2020 fue a empresas relacionadas con "lobbies" sanitarios que actúan en la Comunidad de Madrid. De las 2.222 licitaciones ejecutadas durante 2020, 1.531 fueron a parar a empresas relacionadas con estos conglomerados privados que buscan influir en las decisiones políticas.
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En total, de los más de mil millones de euros que se repartieron, 760 fueron a parar a estas empresas, cifra que supone un 72,68% del total. Entre 2014 y 2017, estas compañías acapararon un 55,58% del presupuesto, por lo que el aumento es notable.
En cuanto a la modalidad de los contratos, los más jugosos son los que giran en torno a la compra de suministros. De las adjudicaciones millonarias que se otorgaron durante el 2020, las empresas relacionadas con los lobbies recibieron más de 660 millones de euros, el 83% del total adjudicado. Los contratos en torno a los servicios recibieron 33 millones y los de obras unos 66 millones, todos ellos en torno a la edificación del Isabel Zendal.
El ataque flagrante del gobierno de Díaz Ayuso a los servicios públicos queda una vez más retratado, si bien no es algo exclusivo de este gobierno. La sanidad pública madrileña continúa desangrándose y en manos que destinan dinero público al beneficio de empresas privadas, donde solo se buscan defender los intereses económicos privados de grandes empresas a expensa de la precarización, tanto para los usuarios como para el personal sanitario.
Como hemos visto en el "caso mascarillas" o con la gestión de Ayuso de las residencias durante la pandemia, los corruptos gobiernos no han dejado de hacer negocio ni siquiera en un momento de excepcional crisis sanitaria. Una corrupción que no es cosa de unas cuantas manzanas podridas, sino que es inherente a un sistema injusto hecho a la medida de las empresas y no de la clase trabajadora y de las clases populares.
El nivel de corrupción es tal que ni siquiera es imprescindible que se hayan cometido delitos para que las licitaciones sean moralmente cuestionables. Incluso en el caso en que esos contratos a grandes lobbies hayan sido realizados en condiciones de legalidad, lo que está claro es que no es legítimo seguir exigiendo esfuerzos a la población cuando se atraviesan crisis a la par que a las empresas se les da un trato de favor. Es otra muestra de cómo la retórica del sacrificio colectivo es una gran farsa del sistema capitalista.
