SANIDAD MADRID. Ayuso ha destinado menos del 50% de los fondos anti-covid a sanidad, pero ha gastado en toros y religión

De los 1.496 millones que el Gobierno de Sánchez transfirió a la Comunidad de Madrid por la pandemia, el Gobierno de Ayuso ha destinado tan solo un 47% a gasto sanitario. El resto del dinero ha servido para “tapar agujeros” y atender fines, incluyendo necesidades tan esenciales como toros y profesores de religión.

Ante esa situación nos encontramos con que la Comunidad de Madrid ha gastado en sanidad tan solo 700 millones de euros, del total de los 1.496 recibidos hasta día de hoy. Es decir, en plena crisis sanitaria desde el mes de julio, con una segunda ola de la pandemia en la que estamos inmersos, y sin haber cubierto todavía a estas alturas, de manera ignominiosa, las necesidades básicas existentes de rastreadores, médicos y sanitarios en general de los centros de atención primaria, se han destinado tan solo el 46,79% de los recursos recibidos a gastos sanitarios, del dinero recibido.

Por no hablar de los miles de médicos que se contrataron en los momentos más álgidos de la pandemia, durante los meses de abril y mayo, y que recibieron contratos precarios mal pagados y de los que se prescindió en cuanto las cifras de contagio empezaron a remitir, allá por finales de mayo y principios de junio. Todo ello supuestamente por la falta de recursos suficientes para cubrir estos gastos, aunque más bien parece que el Gobierno de Ayuso ha tenido en realidad otras prioridades políticas, como lo demuestran las decisiones tomadas a la hora de encauzar los fondos recibidos para atajar las consecuencias del Covid-19.

Paradójicamente, y como un chiste de mal gusto sino fuera cierto, durante el mes de septiembre se ha sabido que la Comunidad de Madrid aprobó una partida de 4,5 millones de euros para el sector ganadero centrado en la crianza del toro de lidia. Medida que como el Gobierno de Ayuso remarcó es “única en España”. Asimismo, se aprobaron ayudas para el transporte de los profesores de religión, mientras la ratio/profesor alumno continuaba muy elevada en los centros educativos para las exigencias del mantenimiento de las distancias de seguridad, ante la falta de profesores y espacios físicos suficientes en los que dar las clases. Todo, una auténtica vergüenza sin paliativos.

Ahora bien, las grandes partidas a los que se han destinado estos fondos son, además de los 700 millones dirigidos a la sanidad, los 168 millones dirigidos para la educación y otros 55 millones para cultura y turismo. Mientras que, para la Consejería de Políticas Sociales, responsable de la gestión de las residencias y por lo tanto un elemento clave de la crisis del Covid-19, solo se han destinado 10 millones de euros.

Según señala El País, la Consejería de Hacienda explicó que esta distribución se realizó en función de las peticiones de las necesidades que cada consejería efectuó. Aunque añadió que los criterios se han basado en “atender las consecuencias que en los distintos sectores estaba teniendo la crisis sanitaria”. En el desglose de la información presentada por la Comunidad no se especifican números concretos sobre datos tan esenciales como: médicos contratados o material sanitario adquirido con los fondos para combatir los efectos del Covid-19.

El objetivo expreso de los fondos era ayudar a las comunidades con mayor incidencia del virus y para que no supusiera un lastre para sus finanzas. El fondo estaba dividido en cuatro plazos y, según la normativa, el primero de los plazos debía ir destinado íntegramente a gasto sanitario, algo que es evidente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cumplido y que, sin embargo, no ha sido denunciado.

Así, el Gobierno central remitió a las comunidades un primer monto por 6.000 millones de euros en julio, de los cuales la Comunidad de Madrid fue la que obtuvo más cuantía de recursos. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda se han limitado a señalar como rasgo esencia de los fondos, la libertad de su finalidad sobre el destino de los mismos, aunque cada Gobierno autonómico deberá dar explicaciones “ante la opinión pública y sus Parlamentos”, señalan bastante cínicamente.

Todo ello, además, teniendo en cuenta que en la actualidad la Comunidad de Madrid está a la cabeza del número de infectados en la segunda ola. Superaba la cuarta parte de los 12.423 nuevos casos comunicados por el Ministerio de Sanidad el pasado jueves, con un total de 3.152 nuevos contagios.

Por todo ello, y ante la incapacidad y la nulidad de las políticas del Gobierno progresista de coalición del PSOE y Unidas Podemos para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, junto a las políticas clasistas y segregacionistas del Gobierno de la Ayuso-Cs de la Comunidad de Madrid, se hace imprescindible levantar en la calle un programa de emergencia social, anticapitalista, independiente y de clase, que se impulse y se defina a través de asambleas en los centros de trabajo y de estudio, y en los barrios populares. De cara a la convocatoria de una huelga general en la Comunidad de Madrid, esta debe contar con la participación de toda la izquierda sindical, y llamando a las bases de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, organizadas desde la base y con un plan de lucha combativo para lograr que la crisis esta vez la paguen los capitalistas.

Fondos insuficientes para la gravedad de la crisis

El fondo anti-covid 19, regulado por el Real Decreto Ley 22/2020, fue anunciado por Pedro Sánchez en el mes de mayo a bombo y platillo y consistió en una transferencia extraordinaria de apenas 16.000 millones de euros a fondo perdido, y por lo tanto sin generar ninguna deuda ni obligación de devolución, a las comunidades autónomas. Se suponía que el destino de esos recursos debería ser mayoritariamente dirigido a atender las necesidades sanitarias y educativas producto de la pandemia. Sin embargo, la regulación del fondo dejó en manos de las comunidades autónomas el objetivo final de gasto que esos fondos deberían tener.

Además, los 16.000 millones para todas las comunidades autónomas, resultaba a todas luces insuficiente ante los estragos que estaba causando la pandemia, en plena primer ola. Con el desempleo disparado y muchos trabajadores desempleados o todavía en ERTE, las colas del hambre en los barrios populares y obreros, o la situación de las residencias, en las que se produjo un auténtico crimen social -tan solo en la Comunidad de Madrid, la más afectada, hubo más de 6.000 ancianos y ancianas fallecidos-, con la mayoría de residencias gestionadas por empresas privadas y sin medicalizar, lo que hacía falta era un auténtico plan de emergencia social y sanitario de choque contra la pandemia y la crisis.

Por no hablar de la propia situación de la sanidad, la educación, o los servicios sociales, con una enorme falta de recursos y personal en todos los niveles imprescindibles para atender las necesidades existentes y paliar las consecuencias de la expansión del Covid-19. Lo que en la Comunidad de Madrid resultaba especialmente grave tras años de recortes y precarización sin freno del personal público trabajando en estos sectores tan esenciales. Lo que se concretaba en esos momentos de la primera ola respecto de la Comunidad de Madrid, en que era la que menos invertía en gasto sanitario público, la tercera que menos pagaba a los y las trabajadoras de la sanidad y la que menos gastaba en atención primaria.

En contraste y frente a los recursos más bien limitados para prevenir y paliar las consecuencias del Covid-19, el Gobierno central ha llevado a cabo un auténtico salvataje empresarial, sobre todo en beneficio de las grandes empresas. Con un volumen histórico de fondos, tanto financieros mediante préstamos avalados por el Estado, como a fondo perdido, moratorias o reducciones de cuotas de la seguridad social que implican un importe total de más de 160.000 millones. Es decir, un 1.000% más de lo destinado a las comunidades autónomas, supuestamente para fortalecer los sistemas sanitarios, educativos y sociales ante las consecuencias de la pandemia.

Lo que hubiera hecho falta es un ambicioso programa de inversión pública y creación de empleo masivo, que hubiera atajado directamente con recursos públicos las necesidades sanitarias, económicas y sociales. Eso no ocurrió, y en cambio, la segunda ola vino mucho antes de lo previsto, con nuevos confinamientos, lo que en el caso de la Comunidad de Madrid han tenido rasgos evidentes de clasismo y estigmatización para los barrios obreros y populares, aunque sin dejar de tener que ir a trabajar en transportes hacinados y con grave riesgo para la salud.

Desde el Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos, habiendo decretado el Estado de alarma en Madrid y otras localidades, no se han abordado tampoco las auténticas causas de la extensión de los contagios y la crisis actual. Es decir, no se ha establecido un programa de emergencia social con un incremento inmediato, real y potente del gasto público en sanidad, educación y servicios sociales, única forma real de hacer frente a la pandemia y sus consecuencias.