Como era de esperar Rajoy y Aznar, que comparecían por primera vez ante un Tribunal, han negado tener conocimiento de la trama de corrupción que atravesó al Partido Popular durante casi dos décadas. Al igual que el resto de acusados por los papeles de Bárcenas, nadie sabe nada.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 24 de marzo de 2021
Continúa la particular disputa entre diferentes miembros y ex miembros del Partido Popular (PP) en torno a la gestión a la caja B del partido. La trama que tanto la Audiencia Nacional como posteriormente el Tribunal Supremo han confirmado y han definido como una “dinámica de corrupción institucional” dentro de la formación conservadora.
Con Bárcenas ya entre rejas y dispuesto a contar absolutamente todo, esto se ha convertido en un sálvese quien pueda donde como no podía ser de otra manera las acusaciones se cruzan y las responsabilidades se niegan o, como mucho, se reparten.
Y es en este punto cuando ha llegado el turno de M (punto) Rajoy, el expresidente del Gobierno y de J.M, es decir José María Aznar, el que fuera líder del partido 14 años de los 19 que estuvo funcionando la maquinaria de corrupción.
Ambos acusados han declarado desde el despacho de sus casas y han sostenido su inocencia. Rajoy, uno de los más señalados por Bárcenas asegura que "No sé absolutamente nada [de los papeles de Bárcenas]". Nuevamente como sucediera en el juicio de la “primera época” de la trama Gürtel, hubo tensión entre el anterior presidente del Gobierno y el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), José Mariano Benítez de Lugo, "Ya se lo dije en otra ocasión, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el PP".
Pero como negar es gratis, M (punto) Rajoy ha mantenido que durante su presidencia del Comité Ejecutivo y en “cuarenta años como militante del PP jamás nadie me ha acreditado ninguna caja b”. Y eso que cuenta con la sentencia de la Audiencia y del Supremo corroborando los hechos.
Tampoco hubo sorpresas en la declaración ante los letrados por parte de J.M (según aparece en los papeles de Bárcenas). Con un tono más provocador, como le es característico, el líder del Partido Popular durante 14 años y presidente del Gobierno del 1996 al 2004 ha negado conocer la existencia de la caja B ni aprobar complementos salariales ni desvíos de fondos.
Entre comentarios provocadores -¿Usted es Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont?, espetó al abogado- el otrora presidente del gobierno ha defendido su inocencia y ha negado la mayor: nada sobre la reforma de la sede de Génova, nada sobre los sobresueldos al expresidente balear Jaume Matas y nada sobre las acusaciones del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, que le señaló como el que autorizó pagos de compensación económica de 24.000 euros al exconsejero navarro Calitxo Ayesa.
Así pues sin novedades en el juicio por los papeles de Bárcenas, y al igual que ya hicieran Cospedal, Arenas o Álvarez-Cascos, los dos expresidentes del Gobierno han negado cualquier implicación en la trama de corrupción.
Pero igual que a nadie le sorprende la línea de defensa, tampoco debe sorprender la trama de corrupción del Partido Popular ni la que ha salpicado al resto de partidos del Régimen.
Tráfico de influencias, facilitadores, contratos públicos a dedo, falsificación de informes técnicos, prevaricación, extorsión, sobrefacturación, fraude a hacienda, financiación ilegal y contabilidad B, sobresueldos en sobres, recalificación urbanística, sobornos y regalos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, son algunas de las prácticas de los personeros del Estado y la clase a la que representan.
Así, el Estado es un botín de uno u otro sector de la burguesía, de la mano del partido del régimen que responda mejor a sus intereses. Dicho de otra manera, el personal político de turno está al servicio de los empresarios o banqueros amigos de su partido y en general, de los negocios comunes de la burguesía de conjunto. Eso sí, una amistad muy lucrativa, que garantiza una posición económica privilegiada.
Si todos los altos los funcionarios del Estado como jueces, policías y militares y los representantes políticos cobraran el salario medio, se acabarían parte de los privilegios para la casta al servicio de grandes empresarios y banqueros.
