Michelle Bachelet defendió la posición de una "Convención Constitucional" para cambiar la Carta Fundamental. Mientras que en las calles, desde los movimientos sociales se exige el cambio constitucional de las leyes de 1980.
Sábado 8 de abril de 2017
Este viernes, Michelle Bachelet afirmó su posición ante la vía de una "convención Constitucional" para cambiar la Carta Fundamental, la cual e palabras de la presidenta: "no deja ninguna opción, uno no tiene por qué amarrarse a cuatro opciones, dos o tres, es una figura que deja más abierto y más libre cuales pueden ser las alternativas siguientes", explica al Diario Financiero.
Respecto a la Asamblea Constituyente, Bachelet argumenta que: "la Asamblea Constituyente es bastante probable que el parlamento decida no pronunciarse y dejarlo en plebliscito".
Donde la posición de Bachelet, bajo la fórmula de la institucionalidad, sólo logra construir un lívido discurso de diálogo frente al inmenso cuestionamiento de la población hacia su gobierno. Mientras que, ante el clamor de las numerosas marchas de cientos de miles en las calles bajo las consignas contra el sistema de pensiones; contra el machismo y la violencia a las mujeres; la reforma educacional y laboral, el Gobierno de la Nueva Mayoría intenta abrir un tenue diálogo hacia la población que cuestiona, opina y se moviliza con los movimientos No+AFP y NiUnaMenos bajo la resolución de una Asamblea Constituyente para cambiar de raíz las leyes dictadas en la Constitución de 1980.
Es por esto, que urge levantar una Asamblea Constituyente libre y soberana desde los movimientos amplios de trabajadores, mujeres, pueblos oprimidos y de la juventud, donde la representación y posición política de los actores de base, que se han movilizado en las calles; asambleas; gremios y sindicatos, entran en disputa con la representación del régimen actual. En este sentido, la Asamblea Constituyente puede transformarse en la herramienta que necesita el conjunto de los explotados y oprimidos para amplificar esta lucha y desafiar los límites que imponen los políticos capitalistas. Una herramienta que con una perspectiva socialista, permita avanzar hacia un gobierno de trabajadores y trabajadoras.
