En el barrio Sembrando Sueños medio centenar de familias, con 70 niños y niñas, vienen reclamando hace un año por tierra para vivir. El Municipio de Unión por la Patria, la Justicia y la Policía Bonaerense de Kicillof repiten a coro que las tierras son propiedad privada (tierras fiscales vendidas en dictadura). La amenaza de desalojo es la única respuesta al reclamo. Uno de los empresarios que reclama los terrenos es investigado junto a Daniel Scioli por corrupción en la obra pública bonaerense.
Viernes 12 de julio 21:02
De forma completamente coherente con sus recientes reclamos a Axel Kicillof para que apoye el RIGI (un incentivo al saqueo para empresas extractivistas multimillonarias que forma parte de la Ley Bases mileísta), el gobierno local de Federico Susbielles no ofrece ninguna ayuda a las familias del barrio Sembrando Sueños. Prioriza la especulación inmobiliaria y los negocios turbios de una empresa entre cuyos directivos se encuentra el llamado "Lázaro Báez de Scioli", Ricardo Miller, que espera un juicio oral por corrupción en la obra pública, solicitado desde La Plata por el fiscal Álvaro Garganta.
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Del otro lado está la urgente situación de unas 50 familias que hace casi un año empezaron a agruparse y averiguaron en el registro de tierras por lo que hasta ese momento (y durante décadas) era un baldío. Sólo figuraba que esas tierras habían sido fiscales y se habían vendido durante la dictadura a un privado, pero no había registro de que hubieran pagado los impuestos correspondientes, ni proyectos en ese lugar.
En abril de este año sin embargo apareció la empresa Pluslog reclamando las tierras y exigiendo a la justicia que ordene el desalojo de las tierras recuperadas. En junio las familias lograron frenar un desalojo muy irregular que intentaron llevar adelante un par de patrulleros con una topadora privada, frustrado cuando llegaron los medios.
Las familias habían convertido el baldío en un proyecto de barrio popular, desmalezando, sacando basura y arreglando problemas de desagüe cloacal, instalando pilares de luz y empezando a armar sus viviendas, además de un merendero donde se hacen actividades para niñas y niños. Son parte de los sectores más golpeados del pueblo trabajador bahiense, que en los barrios enfrenta día a día los embates de la crisis mientras a pocas cuadras las multinacionales del polo petroquímico y el puerto facturan millonarias y obscenas fortunas... un retrato crudo de la desigualdad de las "dos bahías".
Este jueves 11 las familias realizaron una conferencia de prensa en la Municipalidad, mientras a metros el abogado del gobierno local, Walter Larrea, realizaba una contra conferencia tildando a las familias de "desorganizadas". Luego fueron convocadas a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Políticas Sociales y el mismo abogado, en las oficinas municipales de calle Drago. Allí tuvieron que soportar los prepoteos de Larrea, y la continua alusión al carácter de "usurpación" de las tierras por parte de los funcionarios.
Una y otra vez las familias reclamaron que desde el municipio se acerquen a las tierras recuperadas para ver lo que están construyendo, y la organización colectiva que llevan adelante. Los funcionarios repetían que no podían porque esas tierras son "propiedad privada", ubicándose en la vereda de la empresa y en última instancia respaldando la privatización ilegítima de las tierras durante la última dictadura cívico-militar, algo que las familias rechazan desde el comienzo.
El Municipio y su Secretaría de Políticas Sociales no ofrecen respuestas a las familias sin hogar que ya no pueden sostener un alquiler, algunas ya se instalaron en las casillas que pudieron construir, y viven allí sin luz ni gas en medio de la ola polar. Pero ni lerdos ni perezosos para anteponer la especulación inmobiliaria a la necesidad de vivienda, los funcionarios locales sí se encargaron de enviar sendos informes a la jueza Marisa Promé donde respaldan a la empresa sospechada de corrupción y señalan que "la ocupación que efectúan las personas es ilegal".
Se escudan en que las vecinas y vecinos no quieren pasarles sus datos para que puedan visitarlos uno por uno, buscando desintegrar la organización colectiva del Barrio. Pero, además, las familias denuncian que no dan sus datos porque cuando algunos de ellos entregaron sus datos al municipio, luego recibieron cartas documento con la acusación de usurpación a través de la policía...
Más que justificada la desconfianza de las familias con el el gobierno de Susbielles, que además de ignorar los reclamos de organismos de derechos humanos como el Serpaj y referentes como Pérez Esquivel, incluso en sus informes a la justicia intenta ensuciar el acompañamiento a las familias que realiza la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la UNS.
La Jueza Promé, este viernes 12, dictaminó que las familias deben retirarse de los terrenos en los próximos días, algo que ya fue apelado por su abogado defensor. Las familias convocan a una asamblea y actividades culturales en el predio del barrio este sábado 13 a las 15 hs y apelan a la solidaridad de la comunidad. Es muy importante que las organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales acompañen la lucha por tierra y vivienda. La vivienda es un derecho humano fundamental que este sistema económico y sus gobiernos vulneran todos lo días, será necesario organizarse y luchar para que se cumpla.
