Baja el desempleo, pero la inflación se come los salarios y la precariedad sigue en aumento

El paro descendió en 268.000 personas a lo largo de 2022 y se han creado casi medio millón de empleos según datos del Ministerio de Trabajo. En concreto descendió en 43.727 personas el pasado mes. Por otro lado, las cifras también muestran que seis de cada diez contratos firmados en dicho periodo no son indefinidos. Además, la inflación hace estragos en el poder adquisitivo de la clase obrera: según los datos en 2021 y 2022 se firmaron convenios salariales ocho puntos por debajo de la inflación, lo que equivale a la perdida de un mes de salario al año.

La bajada del desempleo ha sido presentada por el Gobierno y buena parte de la prensa “progresista” como un nuevo éxito y una reivindicación de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Afines al gobierno del PSOE-UP han puesto el foco en estas cifras como forma de legitimar las políticas del Ejecutivo actual. Sin embargo, el marketing político no puede ocultar el hecho objetivo de que, si bien el número de parados en diciembre ha descendido -aunque menos que otros años: la media antes de la pandemia era de 65.000- y la precariedad sigue en aumento.

Un primer ejemplo de esto se encuentra en el número de contratos indefinidos firmados (2.966.106), que representan tan solo 4 de cada diez contratos firmados en 2022. La cifra total ha sido utilizada para reivindicar un freno a la precariedad y la temporalidad gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz, ignorando que siguen siendo una minoría de los firmados y que incluso la cifra de indefinidos tiene matices.

Entre los contratos indefinidos cabe destacar que un número importante de estos (el 40%) han sido a tiempo parcial (1.184.020). Este tipo de contrato se triplicó desde la aprobación de la reforma laboral el año pasado (+ 212,4%). Otro porcentaje son fijos-discontinuos, por lo que entre estos y los de a tiempo parcial una parte importante de los contratos que se venden dentro de la cifra de indefinidos ni siquiera llegaron a ser contratos a jornada completa.

Otra cuestión relacionada con los contratos fijos-discontinuos tiene que ver con los cálculos a la hora de contabilizar la bajada del desempleo en el último periodo. Y es que los datos del Ministerio de Trabajo no aclaran si este perfil de trabajadores se encontraba en activo o no a finales de año, pudiendo estar cobrando la prestación de desempleo y no figurar en los datos del número de parados.

Por otro lado, lo que está claro que crece es la precariedad en el empleo y la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación, que comienza a generar estragos en la población trabajadora. Entre los años 2021 y 2022 se han firmado convenios que en total suponen perdidas de poder adquisitivo de ocho puntos por debajo de la subida del IPC. Es decir que los trabajadores han perdido de media un mes de su salario al año. En el caso de aquellos que han tenido su sueldo congelado o no tengan convenio, se puede sumar medio mes más de sueldo perdido.

La bajada del IVA aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, con la que en teoría el Gobierno pretende que las familias hagan frente a la subida de precios provocada por la inflación y la crisis energética, está muy lejos de poner coto a la subida desenfrenada de precios. Al contrario, la bajada ni siquiera alcanza la subida de los alimentos en el último año -un 15%- y las grandes empresas de la alimentación y la distribución rápidamente incorporarán esta rebaja en sus precios, cuando no lo han hecho ya antes de que se conociera la medida como en el caso de los supermercados.

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El estallido de huelgas por los salarios en distintos territorios del Estado, indica que mientras el Gobierno y la patronal se dan palmaditas en la espalda por algunos datos macroeconómicos, la realidad sigue siendo muy difícil para la clase trabajadora. No obstante, el ejemplo que dan algunas victorias en estos conflictos, marcan el camino para imponer a las patronales aumentos de salarios acordes al IPC real.

Frente al aumento del coste vida y la precariedad, hace falta coordinar todas las luchas y exigir a los sindicatos que convoquen a una huelga general por la subida de emergencia de salarios y pensiones, cláusulas de reajuste salarial automático por convenio según el aumento del IPC real, control de precios y reparto de las horas de trabajo para terminar definitivamente con el paro, entre otras medidas para que la crisis la paguen los capitalistas.