El Parlamento de Baleares aprobó este martes la ley para garantizar los derechos de las personas LGTBI y erradicar la homofobia.
Martes 17 de mayo de 2016
Se cumplieron las previsiones. Con el apoyo de los partidos de los "Acuerdos para el Cambio", PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem y la abstención del Partido Popular, el martes, día internacional contra la LGTBIfobia, se aprobó la ley para garantizar los derechos de las personas LGTBI y erradicar la homofobia que se presentó el pasado martes 23 de Febrero en el Parlament.
Con esta ley, Baleares se sumará a la lista de comunidades autónomas que cuentan formalmente con una ley para combatir la homofobia, siguiendo a Cataluña, Andalucía, Galicia y Extremadura. Además, la comunidad de Madrid, aprobó recientemente una batería de medidas para combatir las agresiones a personas LGTBI, tras el escandaloso repunte de agresiones homofóbicas que se han producido recientemente.
Como dice el texto, para los grupos impulsores "el objetivo de esta ley es desarrollar y garantizar los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y evitar las situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en las Islas Baleares se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad".
La ley hace especial hincapie en la necesidad de divulgar e informar sobre las diversas realidades sexo-afectivas y destaca la creación de un Consejo LGTBI de las Islas Baleares y de un servicio de igualdad integral. Además, pretende incidir en los diferentes ámbitos institucionales promoviendo la sensibilización y formación en escuelas, hospitales, cultura, deporte y centros de trabajo.
A partir de ahora, las agresiones homofóbicas, ya sean insultos, vejaciones, acoso o agresiones físicas, serán punibles y se castigarán con diferentes multas dependiendo de si son consideradas leves o graves. Además, la inversión de la carga de la prueba facilita la posibilidad de denunciar las agresiones.
En la ley, sin embargo, permanece un carácter difuso que se manifiesta a lo largo del texto, evitando especificar las tareas y compromisos concretos que asume la Administración, un hecho que pone de manifiesto sus límites.
¿Acaso es posible, por ejemplo, garantizar la plena integración laboral de las personas transexuales, sin la implementación de un plan de ocupación público que asegure el acceso al empleo para uno de los colectivos más discriminados y vulnerables dentro de la comunidad LGTBI? Las campañas divulgativas o las medidas informativas que prevé la ley son necesarias pero insuficientes si no van acompañadas de un plan de actuación concreto que asegure efectos inmediatos.
En el apartado de salud, la ley hace referencia a la necesidad de incorporar una perspectiva de género y tener en cuenta las necesidades específicas de la comunidad LGTBI. Pero, ¿cómo se aplica efectivamente una perspectiva de género y de qué modo se cubrirán las necesidades específicas de las personas LGTBI?
Para cumplir la atención integral a las personas transexuales es necesario impulsar la creación de unidades específicas para la atención a las personas transexuales que funcionen de forma descentralizada en hospitales y centros de salud. Es más, tan solo asegurando la atención y las operaciones relacionadas con el proceso de transición, incluyendo la reasignación de sexo, para todas las personas que lo soliciten a través del sistema sanitario público de forma totalmente gratuita y reduciendo las tediosas listas de espera que obligan a decenas de personas a tener que dirigirse a la sanidad privada, es posible avanzar en la atención efectiva a las personas transexuales. Para poder hacer real esto, es necesario echar atrás las políticas de recortes y aumentar los presupuestos destinados a sanidad.
A pesar de sus límites, la ley es importante, porque sitúa en la agenda y el debate político las reivindicaciones históricas de un colectivo históricamente marginado y discriminado, que ahora empieza a tener voz, como lo ha sido la comunidad LGTBI. Pero también, porque expresa la idea que tienen los nuevos "partidos del cambio", que en Baleares representan Més y Podemos, sobre el problema de la LGTBIfobia.
Las ausencias de la ley solo se comprenden desenfocando el núcleo estructural de la violencia homofóbica, arraigada en la educación y la cultura y que lleva a miles de hombres, mujeres y personas transexuales a reprimir sus sentimientos, su identidad y sus emociones en el oscuro armario que los separa de la vergüenza, la culpa y la discriminación "allá fuera".
La existencia del Observatorio Permanente contra la Homofobia, que da cuenta del desarrollo de la violencia contra las personas LGTBI, junto al desarrollo de políticas de empleo específicas para personas transexuales, la introducción de personal especializado en los centros educativos, la apertura de unidades especializadas en atención a personas LGTBI en los centros de salud y la cobertura a través del sistema sanitario público de sus necesidades específicas o las sanciones a los medios de comunicación que reproduzcan materiales homofóbicos, son elementos complementarios al enorme trabajo de difusión, formación e información que debe llevarse a cabo desde la administración.
Pero a la vez, son medidas que no pueden resolverse sin la plena separación de la Iglesia y Estado en los centros educativos, sin la puesta en marcha de un sistema sanitario público y totalmente gratuito, que corte de raíz con las políticas de recortes aplicadas en el último tiempo o sin la ampliación de un sistema de contratación pública, que ponga fin a las privatizaciones, las externalizaciones y la precariedad. Lamentablemente, sin este tipo de medidas, la igualdad formal nunca podrá convertirse en igualdad real. Parece claro que para conquistar la igualdad ante la vida, es necesario que el movimiento LGTBI, junto al movimiento de mujeres, las organizaciones y sindicatos de izquierda continúen su lucha en las calles, exigiendo la aplicación de una ley integral que suponga un verdadero avance en derechos efectivo.
