¿Y la deuda social? Bancando la estafa macrista: el Frente de Todos le paga esta semana U$S 1.360 millones al FMI

El gobierno argentino le pagará este lunes U$S 674 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y el miércoles otros U$S 691 millones. Así, en dos días habrá desembolsado U$S 1.360 millones en concepto de vencimientos convenidos entre el organismo financiero y el Frente de Todos a principios de 2021 a través del “acuerdo de facilidades extendidas” impulsado por el exministro de Economía Martín Guzmán.

Los pagos corresponden al refinanciamiento del “crédito” por U$S 39.000 millones que en 2018 el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, consumando una estafa al pueblo trabajador que nunca recibió un sólo dólar de ese préstamo (ni en obras de infraestructura ni en ninguna otra forma). El “acuerdo de facilidades extendidas” es producto del refinanciamiento del “stand by” firmado por Cambiemos hace casi cinco años. Además, debido a los intereses que son parte del acuerdo la deuda con el organismo aumentó a más U$S 45.000 millones y seguirá creciendo.

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Sin ponerse colorados, los funcionarios del Frente de Todos justifican esta nueva entrega de riquezas a la entidad financiera comandada por las potencias imperialistas que hace de la usura y la expoliación un método permanente de sometimiento hacia países semicoloniales como Argentina.

La gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa está puesta en función de cumplir con las exigencias del Fondo y dejar con fondos escasos a áreas sensibles como salud, educación, vivienda, desarrollo social, obras públicas o trabajo.

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Los propios funcionarios peronistas no pueden dejar de reconocer que el ajuste en el presupuesto es condición para poder cumplir con el FMI. Es decir que se privilegia el compromiso con el fraude a la reducción de la “deuda social”, traducida hoy en una pobreza superior al 40 % y una inflación sostenida que devalúa sin freno el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, la “inversión pública” en 2022 cayó 38,3 % en términos reales, tras “transferencias” a provincias y municipios fueron recortadas en $ 123.000 millones, los “giros” a las empresas del Estado fueron un 49 % menores al año anterior y se achicaron casi un 56 % las partidas de fondos fiduciarios como el programa ProCreAr. Si eso no es ajuste, ¿qué es?

Por si esto no fuera poco, el Gobierno espera que en febrero o marzo se reinicien las “conversaciones” con el staff del Fondo para definir los próximos pasos del “acuerdo de facilidades extendidas”. Así 2023 asoma como un año extremadamente complejo en términos financieros, no sólo por las metas de ajuste dictadas por el organismo sino también porque les Fernández y Massa ya prometieron enviarle más dólares de los que ingresarán, lo que implica un aumento de la presión sobre las reservas del Banco Central, que a su vez presiona aún más la inflación y otras variables regresivas de la actividad económica. Y, además, el Gobierno se juega su reelección.