A pesar de los 115 contagios en Chuquicamata, los 150 en Escondida, y los 59 en Spence, poco y nada les importa la vida de los trabajadores, a empresarios, banqueros, y al mismísimo gobierno.
Miércoles 24 de junio de 2020
La hipocresía no se detiene. Mientras La Moneda se da el gran festín comiendo caviar y paté de Jabalí, el presidente del Banco Central (BC) Mario Marcel, hizo directamente un llamado a la minería a seguir permitiendo la continuidad de sus operaciones, de acuerdo al medio Bío Bío, y claro alertando una crisis económica mayor, de no ser así.
Resulta aún más indignante esta alarma de Marcel, luego del aumento en el número de contagios en la Zona Norte, y sobre todo, luego de que recientemente se detectara un brote por COVID19 en plena mina de Chuquicamata en Calama, habiendo 115 trabajadores infectados, a los que se suman 150 en Escondida, y 59 en Spence. Esto sin mencionar el alto nivel de movilidad por parte de los trabajadores mineros, quienes en gran parte migran desde el centro y el sur, en medio de una población flotante de más de 60 mil personas.
Por su parte el ministro de Minería, Baldo Pokurica, no quiso ser menos frente a esta situación, y sumándose a las palabras del presidente del BC señaló “la minería es fundamental para ayudar a sustentar las medidas que ha levantado el Gobierno” y agregando “Es importante que tomando las medidas necesarias para resguardar la vida y la salud de los trabajadores, podamos tener un equilibrio para mantener en pie a la minería, con dotaciones mínimas”.
¡Basta ya de condenar a la clase trabajadora al contagio!
La forma inescrupulosa con la que el gobierno ha estado actuando durante las últimas semanas ha generado un repudio que se extiende. Mientras el gobierno, partiendo por el presidente Piñera transgrede los protocolos sanitarios y se gasta millones en comidas costosas, el pueblo trabajador se encuentra golpeado por el hambre, y siendo culpabilizando por la propagación del Coronavirus.
Mientras por su parte los grandes empresarios, los directos beneficiarios de las leyes y medidas del gobierno, buscan hasta el último resquicio para seguir manteniendo sus enormes ganancias, ya sea a través de la precariedad de miles de trabajadores y trabajadoras, o los grandes salvatajes que busca adquirir con el Estado.
En el caso de la minería, parece prácticamente unánime la decisión tanto de economistas, como autoridades del gobierno y los empresarios, de mantener andando una actividad no esencial, y que expone de sobremanera al contagio tanto de los trabajadores como de sus familias, por más casos que se han presentado en distintas minas como Chuquicamata, Escondida o Spence, por nombrar algunas.
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Las direcciones en los grandes sindicatos no pueden seguir manteniendo una tregua con quienes juegan con la vida de la clase trabajadora, por lo que se vuelve indispensable realizar un gran llamado a parar las actividades productivas no esenciales como el caso de la minería.
El gobierno y los empresarios quieren descargar la crisis en las espaldas del pueblo trabajador, e incluso culpándolos de la propagación de la pandemia, cuando han sido ellos mismos los responsables de extender los contagios y las muertes.
Es necesario exigir un impuesto a las grandes fortunas, junto con la nacionalización de los recursos naturales como el cobre, bajo gestión de sus trabajadores para responder a la crisis que nos afecta, y que sean los grandes empresarios quienes la paguen, no el pueblo trabajador.
