Política. Banderazo por Vicentin: la prepotencia de los propietarios

La convocatoria en alrededor de 70 ciudades del interior del país tiene como lemas, "Hoy es Vicentin, mañana sos vos" o "Basta de atropellar los derechos constitucionales. No a la expropiación", entre otros. En el texto de la convocatoria sostienen con preocupación que: “la propiedad privada, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional, esta sujeta a la voluntad de los gobernantes”.

El sesgo predominante de los convocantes es el de pertenecer a la burguesía sojera. No están solos, la tribuna de doctrina de la oligarquía argentina, el diario La Nación, milita activamente dicho llamamiento, entre otros medios.

Laissez faire patronal

El banderazo tiene un claro sesgo de defensa de la propiedad privada y del laissez faire para con los empresarios que no solo viven de exprimir la fuerza de trabajo sino que incrementan sus riquezas violando sus propias leyes que rigen el interés común de la clase capitalista.

No vamos a repetir argumentos. Esta probado que la patronal de Vicentin desfalco al Estado, fugo capitales, estafó a productores rurales y realizó maniobras fraudulentas.

En total la empresa se declaro insolvente para pagar una deuda de U$S1350 millones. Según un informe recibido y dado a conocer por el diputado provincial santafesino Carlos del Frade "surgen incongruencias respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentin; en particular, la existencia de sociedades offshore no declaradas, como así también la falta de justificación en el flujo financiero entre Vicentin Paraguay SA, Nacadie Comercial SA Uruguay, y Nacadie Comercial Panamá.

Todo lo cual hace despertar en el suscripto el estado de sospecha de encontrarnos en un esquema de ocultamiento de activos, perpetrado desde hace por lo menos dos años, sustrayéndolo del alcance de los acreedores en jurisdicción argentina".

La empresa y sus directivos contaron con la complicidad del gobierno de Mauricio Macri y del entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. El relato del “honestismo republicano” del gobierno de Cambiemos se hace añicos desnudando su papel de camarilla delictiva al servicio de los negocios de los grandes empresarios y la fuga de capitales.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, presento este desfalco como que "Tal vez sea mal manejo de la empresa (Vicentin), para no pensar mal y que hubo fuga", otorgándole a la empresa el beneficio de la duda.

Sangre en las manos

En la primera mitad del siglo XIX, el gran escritor Honoré de Balzac sentencio que “Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen.” La misma se aplica perfectamente para describir al grupo Vicentin, y a todo el gran empresariado nacional.

Vicentin vio incrementar su patrimonio en consonancia con las dictaduras militares. Durante el gobierno del general Juan Carlos Onganía entre 1966 y 1969, incorpora el proceso de extracción por solventes. Durante la dictadura genocida de 1976 ponen en marcha la molienda de soja y en 1979 comienzan a exportar desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná en 1979.

La familia Vicentin además entregó a los grupos de tareas de la dictadura a 22 obreros, que fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de ellos de adentro mismo de la fábrica y marcados por el jefe de personal. Para completar este cuadro siniestro enviaban telegramas de despidos a los trabajadores que habían hecho desaparecer en coordinación con la Aeronáutica.

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Ciertamente esta relación con las dictaduras y los genocidas no es solo patrimonio de Vicentin. La Sociedad Rural, la AEA, la UIA, etc, fueron impulsores de la dictadura, además de que entregaron a sus obreros, prestaron sus instalaciones para que funcionaran centros clandestinos de detención como en la Ford e hicieron sendos negociados que incrementaron sus fortunas.

Claro que para los convocantes, si no les importa el desfalco y la estafa como motivos, tampoco el charco de sangre sobre el que erigen su derecho a la propiedad

Los enemigos del bien común

En los primeros cinco meses del año se exportaron 64.500.000 toneladas de granos, 9.600.000 toneladas más que en el mismo lapso del del 2019. Este dato es reconocido por la Sociedad Rural.

Pero la liquidación de las exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior es un 20% menor. En medio de una pandemia que desato una crisis sanitaria, económica y social, poniendo al país al borde de la bancarrota, la burguesía sojera especula. El banderazo es la manifestación del derecho a la ganancia capitalista por sobre la vida de los trabajadores y el pueblo y el propio interés nacional.

Este sector social, apoyado por el conjunto del gran empresariado que no quiere que se siente precedente, es el núcleo duro de la convocatoria contra la expropiación de Vicentin.

Ya antes de que se produzca el banderazo han logrado un claro apoyo de la casta judicial que rechazó la intervención estatal. Para los sojeros se trata de no bancar “planeros ni vagos”, la versión moderna del “vago y malentretenido” de la ley del conchabo, de no tener que tolerar ningún tipo de regulación, de disfrutar sin limites su vida parasitaria y de contar con una masa hambrienta como mano de obra barata. Una versión de Ayn Rand a la criolla.

Dogma compartido

Poco importa para la burguesía lo que es harto evidente de la intervención estatal de Vicentin.

Que se trata de un rescate, donde el Estado se hace cargo de la deuda y los empresarios salen libres de culpa y cargo e indemnizados. Tampoco les importa que Alberto Fernández jure y perjure su calidad de capitalista.

Quizás el contrapunto entre Alberto Fernández y Cristina Perez, sea la síntesis de los que esta en discusión. Entre ambos existe la defensa de un dogma común, la Constitución nacional, que en sus principios fundamentales conserva los preceptos de la oligarquía de 1853 de defensa de la propiedad privada como un derecho sagrado.

Para la periodista se trata de preservar la propiedad del propietario, para el presidente de sacrificar al propietario, jugosa indemnización de por medio, para rescatar el interés general de la propiedad privada.

Lucha de clases

El banderazo es en definitiva un intento de retornar a la “épica sojera” de la 125 del 2008, para imponer, en conjunto con las grandes patronales, los términos sobre como enfrentar la crisis nacional.

Es el intento de darle una base social movilizada a la ofensiva patronal que iniciara Techint despidiendo a comienzos de la pandemia y que tiene hoy, entre otros protagonistas, a los empresarios pinochetistas de LATAM realizando un lock out para imponer sus condiciones y liquidar a los sindicatos del sector aeronáutico o al menos a sus sectores combativos.

Tal como señalara otro empresario, Javier Madanes Quintanillas de FATE, el problema son los delegados “antisistema”, porque, según él: "Con los gremios que tienen esta ideología es muy complejo manejar la situación actual y la salida de la pandemia. Los gremios más realistas, que buscan cambiar el escenario, generan más entusiasmo para no tomar medidas más drásticas. Pero algunos tienen el modelo de romper todo y eso fue la gota que rebalsó el vaso".

Es la amenaza de la bancarrota económica la que pone la propiedad privada a debate. Por un lado temen que el precedente de una expropiación, en medio de una situación dramática, empuje a una lucha de clases donde sean los trabajadores comiencen a exigir que sean las patronales las que paguen los costos de la crisis, haciendo suyo el reclamo del impuesto a las grandes fortunas. O peor aún, que dejen de respetar su propiedad privada y ocupen las empresas en defensa de sus puestos de trabajo.

Por el otro lado buscan condicionar aún más al Gobierno de Alberto Fernández que más allá de sus enojos, no ha tomado ninguna medida contra los empresarios y más bien ha cedido a todos sus reclamos. Eso es lo que envalentona a esta derecha política y social y a las patronales.

Los socialistas defendemos la propiedad de los trabajadores, pero también del pequeño productor y las clases medias empobrecidas amenazadas por la ruina y la concentración económica.

Consideramos que hay que expropiar sin pago y bajo control de los trabajadores a Vicentin y toda empresa que cierre o despida como el caso de LATAM. Pero esto no alcanza, ante la catástrofe que nos amenaza llamamos a tomar medidas de autodefensa nacional y social como un impuesto progresivo a las grandes fortunas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el desconocimiento soberano de la deuda externa y la nacionalización de todo el sistema sanitario para garantizar la salud y la vida de la población.

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