El gobierno nacional anunció la puesta en marcha de otra modalidad para comunicarse con la línea 144. Dificultades y contradicciones para su implementación, mientras siguen sin declararse medidas de emergencia.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 2 de abril de 2020 15:52
En medio de la cuarentena obligatoria, que impone a miles de mujeres convivir con su agresor, el gobierno nacional anunció la puesta en marcha de otra modalidad para comunicarse con la línea 144, de orientación y contención a las víctimas de violencia, a través de las farmacias.
Bajo el código de "barbijo rojo", la medida comenzó a funcionar este 1° de abril. Sin embargo, ya encuentra contradicciones y dificultades para su implementación: no todas las provincias adhieren, hay provincias y farmacias que no tienen la información, y el personal de las mismas no está capacitado para asesorar en el tema.
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A cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la disposición está orientada a que las mujeres, niñes y personas LGTTBI puedan pedir ayuda -presencial o telefónicamente- ante situaciones de violencia de género, y consiste en promover el uso del "barbijo rojo" como “código” para solicitar al personal del lugar que gestione la comunicación con esa línea, que es el único dispositivo federal de asesoramiento y asistencia ante estas situaciones.
Una guía difundida por ambas entidades instruye al personal para responder “que aún no tiene el producto y solicitará algunos datos como nombre, apellido, teléfono, dirección, fecha y tipo de pedido -si es personal o para otra persona- bajo pretexto de acercarlo en cuanto se encuentre disponible”. Según el protocolo, el asesoramiento se brindará cuando la persona “se vuelva a presentar en la farmacia”.
Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de una conocida cadena contaban hoy a La Izquierda Diario que “no nos dijeron nada. Solo nos mandaron este papel", en referencia a un prospecto que fue pegado sobre un vidrio. "La verdad es que ese instructivo no nos pone a la altura como para afrontar una situación así”, advierte.
Difícil aplicación
Cinco entidades nuclean a las casi 13.500 farmacias que hay en el país: la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Farmacéutica (Fefara), Afmsra, Farmasur y Facaf. Sin embargo, el acuerdo se limita a la primera. En muchas localidades donde las farmacias no integran COFA, la medida no prosperó por ello.
La ciudad de Santa Fe es una de ellas. Allí, el Colegio de farmacéuticos (Colfa) no está asociado a la Confederación y, por eso, la capital provincial no adhiere al Protocolo.
Algo similar sucede en Misiones, donde la Federación de Farmacias de la República Argentina, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Misiones, la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencias del Ministerio de Gobierno, y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones solicitaron no continuar con la difusión del plan, por considerarlo directamente “inaplicable”.
Programa Barbijo Rojo by La Izquierda Diario on Scribd
Como en la ciudad de Santa Fé, las farmacias misioneras están nucleadas en FeFaRA. “Por esa razón no tenían ningún dato ni información previa sobre esta propuesta”, dicen desde su sección de Relaciones con la Comunidad. En Neuquén, Catamarca, San Luis, La Pampa, Chubut, Salta y Santiago del Estero, además de los casos mencionados de Misiones y Santa Fe, pasa algo similar, ya que tampoco integran esa Confederación.
“No se contactó nadie”
Otra dificultad que parece encontrar el programa del “barbijo rojo” es que la Línea 144 es de alcance nacional y la información que recibe la deriva a los dispositivos con los que cuenta cada provincia, reiniciando trámites innecesarios y demorando el procedimiento.
Neuquén, por ejemplo, tiene su propia línea de atención, la Línea 148, y según declaraciones de su titular, Soledad Crespín, ni este organismo ni la Subsecretaría de las Mujeres de la Provincia fueron contactados por el gobierno nacional para la implementación del Programa. “No se contactó conmigo nadie de Nación, así que no tengo idea cómo piensan implementarlo a nivel federal. Me enteré ayer por los medios”, dijo al diario La Mañana de Neuquén.
Sin capacitación para la implementación del protocolo
Finalmente, como cuestionan varias entidades, el programa anunciado por el gobierno nacional prevé que sean les trabajadores farmacéuticos quienes apliquen el procedimiento, sin ninguna capacitación.
Aunque las farmacias se declararon como “servicios esenciales” durante la pandemia, desde las organizaciones de Misiones advierten por ejemplo, y con razón, que no tienen la preparación necesaria como para determinar, por ejemplo, “cuál es el perfil de riesgo en un vínculo violento, para determinar si se le da o no a la persona un panfleto”. ¿Qué pasa entonces con la responsabilidad estatal?
No es suficiente
La propia guía publicada por el ministerio de Género, Mujer y Diversidad de la Nación advierte que según el Registro Nacional de Femicidios, a cargo de la Corte Suprema, “el 75% de las víctimas fueron asesinadas en viviendas (66% en sus propias casas y el 9% en otras viviendas) y el 19% en espacios públicos. El 83% de ellas tenía un vínculo previo con el victimario. Es decir, que al menos el 71% de los casos fueron femicidios íntimos o de familiares”.
La ausencia de refugios, de planes para el acceso a las viviendas y el empleo, de planes para garantizar el salario igual al costo de la canasta familiar, de acompañamiento de equipos interdisciplinarios y licencias laborales ante la violencia machista, entre otras definiciones básicas, hoy condenan a las que menos tienen.
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Contar con líneas de orientación y contención telefónica es necesario pero no es suficiente. Para resolver esta situación de emergencia que hoy mismo están atravesando muchísimas mujeres, es necesario que se tomen las medidas básicas y elementales que permitirían, al menos, paliar su situación.
Eso es lo que plantea, en el camino de fortalecer la lucha contra la violencia machista y patriarcal, el proyecto que en 2015 presentaron en el Congreso Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Ese proyecto, más actual aún, aún espera tratamiento.
