El movimiento por la vivienda retoma la perspectiva de ir a una huelga de alquileres para imponer las medidas de emergencia que el gobierno PSOE-Sumar se niega a abordar. Repasamos la huelga de 1931 que tuvo que enfrentar al gobierno del bienio progresista y la Generalitat que se negaban, como hoy, a tocar los intereses de los grandes propietarios.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Lunes 14 de octubre 08:45
Rebajar los precios de los alquileres un 50%, controlar precios y usos y expropiar a los grandes tenedores son algunas de las demandas que se hicieron sentir este domingo en la masiva manifestación de Madrid y otras ciudades. La negativa del gobierno “progresista” a implementar las medidas urgentes que le exigen sindicatos de inquilinos e inquilinas, ha devuelto la perspectiva de convocatoria de una huelga de alquileres.
No sería la primera vez que una medida de lucha así se lleva adelante. El 1 de abril de 1931, solo dos semanas antes de la proclamación de la Segunda República, se inició en Barcelona la mayor huelga de alquileres. La masividad y combatividad que alcanzó se explica por lo agudo de la crisis de vivienda y por la alianza estratégica entre las familias y los sindicatos de la CNT, los mayoritarios en la clase obrera catalana.
Como hoy, la protesta se dirigió contra los especuladores y tuvo que enfrentrar directamente a sendos gobiernos "progresistas", el central y el catalán, que se negaban a tocar los derechos de la gran propiedad y dejaron sin resolver la crisis de vivienda.
Cuando la Gran Depresión cruzó el Atlántico
La Gran Depresión, inaugurada con el crack de Wall Street en 1929, llegó con fuerza al Estado español a finales de 1930. Lo hizo en forma de desempleo masivo, devaluación de la peseta y subida abrupta de los precios. El malestar social creció entre los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad.
Barcelona había sido uno de los motores económicos de la década anterior. Uno de los sectores más dinámicos había sido la construcción, animado por las obras de la Exposición Internacional de 1929 o la construcción del Gran Metropolitano, el metro.
El sindicato de la construcción de la CNT quiso pelear a su vez contra el paro, que afectaba al 40% de sus afiliados, y por una solución al acuciante problema de vivienda que sufría la clase obrera.
Esto trajo consigo la afluencia de familias de diferentes regiones del Estado, atraídas por la posibilidad de encontrar ocupación en la obra o a la industria, y huir de las pésimas condiciones de vida como campesinos pobres o sin tierra. La mayoría de estas familias humildes acabarían viviendo en edificios insalubres donde tenían que compartir casas y habitaciones con otras.
Con el impacto de la crisis, muchos obreros de la construcción quedaron en el paro. A la vez, el problema de vivienda obrera empeoró todavía más: la caída de ocupación y salarios se vio acompañada de una subida importante de los alquileres.
Trabajadores de la construcción y familias de inquilinos se organizan
El sindicato de la construcción de la CNT, con el 40% de sus miembros en el paro, decidió organizar una respuesta a esta situación. Pelearían por trabajo y a la vez por una solución al acuciante problema de vivienda que sufría la clase obrera. Se impulsaron así los Comités de Defensa Económica, organizaciones de barrio que organizaron a las familias de inquilinos para realizar una huelga de alquileres. Sus demandas eran dos fundamentalmente: que el gobierno construyera vivienda barata y que se obligara a una rebaja del 40% del precio de los alquileres.
Aunque los gobiernos “progresistas” de entonces tampoco quisieron tomar medidas contra los grandes propietarios, la huelga supuso un alivio para muchas familias
La medida de fuerza empezó el 1 de abril de 1931, y se prolongó hasta el final del año, con incluso algunas familias que se mantendrían hasta enero y febrero de 1932. La CNT cifró entre 45.000 y 100.000 el número de familias que participaron de esta histórica huelga.
Este movimiento tuvo enfrente también a los gobiernos “progresistas” de la época. El de Azaña en Madrid, el de Macià frente a la Generalitat y el Ayuntamiento republicano de Jaume Aiguader y Miró. Tuvieron que enfrentar no solo la negativa a ceder en estas demandas, sino una dura represión, sobre todo en forma de desahucios por la fuerza.
El movimiento confluyó también con otras grandes luchas obreras de ese primer año de la república, como la de la Telefónica o la huelga general de la ciudad en septiembre de 1931 por la reducción de la jornada a 6 horas para combatir el desempleo.
Ayer como hoy, una huelga contra los llamados gobiernos “progresistas”
Aunque los gobiernos “progresistas” de entonces tampoco quisieron tomar medidas contra los grandes propietarios, la huelga supuso un alivio para muchas familias que dejaron en los hechos de pagar el alquiler durante unas semanas o meses. También obligó a muchos propietarios a renegociar rebajas de precio y en la Cámara de la Propiedad se logró que se aprobara una rebaja fiscal sobre los pisos alquilados.
Hoy como entonces, el gobierno del PSOE y Sumar -antes con Unidas Podemos- ha decidido que el coste de la crisis habitacional siga recayendo en los bolsillo de las familias obreras y populares, mientras propietarios y especuladores hacen su agosto. Los años de gobierno "progresista" acumulan subidas de hasta el 50% y se han negado a tomar ninguna medida que frenara esta escalada.
Han aprobado "prohibiciones" de desahucios, pero son más de 7000 al año los que se siguen produciendo, incluídas famílias vulnerables sin alternativa habitacional. Las tímidas limitaciones al precio del alquiler han sido denunciadas por el movimiento por el derecho a la vivienda por ser totalmente insuficientes. Los pisos turísticos y el alquiler estacional sigue sin apenas limitaciones. Incluso, leyesde la vivienda como la catalana de 2020, a pesar de su carácter limitado, fueron tumbadas por el Constitucional en respuesta al recurso del gobierno Sánchez-Iglesias.
Que los bloques de Podemos y Sumar fueran abucheados este sábado en Maxdrid se explica por esta impostura absoluta. Son los partidos socios del PSOE parte de los responsables. Como en 1931, nada podemos esperar de sus promesas. La clave pasa por la organización y movilización de los sectores populares, junto con la clase trabajadora y sus organizaciones. Es necesario exigir a los grandes sindicatos para que rompan su posición subalterna del gobierno y tomen las demandas de los sindicatos de inquilinos y propongan un plan de lucha desde los centros de trabajo y las calles.
Esta es la vía para poder torcer el brazo de los grandes especuladores que hacen negocio con un bien de primera necesidad y los gobiernos, se digan o no “progresistas”, que siguen sin tocarles sus intereses y beneficios.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
