Con 7 de los 8 votos necesarios para la aprobación, el bloque de Juntos Somos Bariloche quiere imponer un tratamiento expeditivo de un proyecto en el Cerro Catedral que afecta a toda la ciudadanía y a los recursos naturales. La lucha debe trasladarse a la población para exigirles a los representantes del pueblo que velen por nuestros derechos.
Jueves 22 de febrero de 2018 12:07
El Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche comenzó a sesionar el 1° de febrero con un importante proyecto para la ciudad; la renovación del contrato con CAPSA para el Cerro Catedral. A fines de noviembre del 2017 el intendente Gustavo Gennuso firmó un acta de compromiso con la actual concesionaria para extender el contrato hasta 2056; dicho compromiso vence el 1° de marzo. De esta forma los legisladores tienen sólo un mes para tratar un proyecto que afectará a futuras generaciones y que abarca una extensión de 116.5 ha. El tratamiento del proyecto de ordenanza que se lleva a cabo en la legislatura permite la participación de los ciudadanos previa presentación de nota por mesa de entradas, mientras que los representantes de CAPSA se encuentran sentados a la mesa junto a los legisladores, situación que fue puesta en evidencia por los concejales del FPV en la sesión llevada a cabo el martes pasado.
El proyecto de ordenanza tiene dos ejes principales, un plan de mejoras para el centro de ski y una propuesta urbano-turística.
Para el primer punto propone una inversión de U$ 22.000.000 que contempla fabricación de nieve, medios de elevación y desarrollo de pistas; a realizarse desde el año 2018 hasta el 2023, pero no especifica que ocurrirá con las mejoras que sean necesarias hasta el año 2056. En el informe de EAMCeC (Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral) establece que existen 18 medios de elevación instalados que cuentan con más de 33 y hasta 50 años de antigüedad desde su fabricación, y que no es posible garantizar que los mismos mantengan sus prestaciones, como también manifiesta que la firma concesionaria ha realizado todas las inversiones comprometidas y exigidas en el pliego de licitación. En el año 2004 en el Contrato de Adecuación Contractual se definió un importe mínimo de inversión equivalente a una vez el monto del canon anual, dicho canon es de 12.500 pases diarios mayores esquiadores en alta temporada; considerando que en un día de alta se superan los 13.000 pases podemos deducir el por qué el centro de Deportes Invernales está desactualizado.
La propuesta urbano-turística contempla la realización de un desarrollo urbanístico de 70 ha, un campo de golf de 40 ha, un estacionamiento de 5 ha y un complejo hotelero de 1.5 ha. Esta propuesta no fue acompañada ni por los informes correspondientes de las áreas técnicas competentes de la Municipalidad, ni por dictamen de Parques Nacionales, ni por la Dirección de Bosques provincial, ni tampoco por el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente; por lo que los concejales no sólo tienen 1 mes para estudiar una intervención de tamaña envergadura sino que no tienen la información mínima para hacerlo.
La figura contractual establecida es la del fideicomiso por el cual el Municipio cede las tierras y la empresa desarrolla el emprendimiento, pero no establece cual sería el plan de negocios e inversiones como tampoco el porcentaje de participación de cada parte. Tampoco se determinaron los parámetros urbanísticos que establezcan superficies mínimas de ocupación de suelo, ni metros cuadrados totales permitidos, ni alturas máximas que supuestamente serán convenidas entre las partes en un futuro, pero establece que ante un “eventual desacuerdo” se vuelve a la aplicación de la normativa anterior, que es la que justamente se pretende cambiar.
La Carta Orgánica de la ciudad de Bariloche establece en su art. 18 “El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio (…)”, por lo que las tierras no se pueden enajenar, es decir no se pueden vender ni ceder de manera legal; pero el pliego establece que a la finalización del contrato, la Municipalidad puede comprar las edificaciones, vender la tierra a valor de mercado o continuar renovando la concesión por períodos sucesivos hasta tanto se decida por una de las opciones anteriores. De esta forma CAPSA estaría “impulsando” una modificación a nuestra Carta Orgánica.
Con la crisis energética y de infraestructura que atraviesa la ciudad y sin datos fehacientes de la cantidad de conexiones pendientes de gas, ni de cloacas, ni de agua y con un vertedero colapsado, cabe preguntar cómo piensan hacerle frente a la gran demanda que surgirá si se aprueba este proyecto. Tras la polémica desatada en el 2016 con la entrega de casas del barrio 645 Viviendas que, a pesar de haber prometido que se adjudicarían con todos los servicios, hoy deben abastecerse con gas envasado que paga el Estado Provincial; fuentes de Camuzzi afirmaron que no podrán hacer frente a las 3000 conexiones pendientes (la demanda insatisfecha podría ser el triple incluso). Asimismo existen decenas de edificios que se construyeron con la factibilidad pero que se habitaron ya hace un año sin conexión. Es conocida la situación que viven los barrios más humildes donde sólo cuentan con leña para calefaccionarse y conexiones eléctricas precarias. El cuartel de bomberos voluntarios Centro y los destacamentos 2 de Abril y San Francisco que cubren las zonas del alto, brindaron datos estremecedores sobre los incendios que se producen en la época invernal; desde el 2010 al 2015 la cantidad de siniestros en viviendas aumentó un 318%. Las zonas más vulnerables continúan sin las condiciones mínimas de habitabilidad mientras que el municipio pretende crecer y beneficiar a los sectores más privilegiados mientras hacen oídos sordos a los reclamos de los más humildes.
Por todas estas razones es que un grupo de ciudadanos reclaman el tratamiento adecuado y responsable que merece un proyecto tan importante para Bariloche, apoyando la optimización y modernización totalmente necesaria de la infraestructura del centro de ski, pero exigiendo que se respete la legislación vigente como la Carta Orgánica así como también el derecho de todos a disfrutar del cerro y del entorno natural que se verá perjudicado si no se toman las precauciones debidas. Se convoca a toda la ciudadanía a reclamar a nuestros legisladores un tratamiento responsable y profesional del proyecto.
Al cierre de esta nota nos informaron que el vicepresidente y la vocal del Tribunal de Contralor, Damián Fuentes y Maia Thieck (JSB) unieron sus votos y removieron a la presidenta del organismo de control, Julieta Wallace (FPV). De esta forma el oficialismo logra tener control en cada paso del tratamiento del proyecto; la propuesta y acta de compromiso desde el ejecutivo, la mayoría en el Consejo, único partido en el Ente de Control (EAMCeC) y ahora poder total en la Comisión de Transacciones, entidad que debe avalar el proyecto. Ante esta situación el único espacio posible para frenar el avasallamiento del oficialismo es el en el Consejo Deliberante. El lunes 25 a las 9 de la mañana se celebrará una sesión para seguir discutiendo el tema y el 12 de marzo a las 16:00 hs en la sala de sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche se realizará la audiencia pública.
