Río Negro. Bariloche: Weretilnek busca sortear la crisis abierta por el policía asesinado

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck decidió ayer intervenir la Regional Tercera de la Policía de la provincia y pasar a disponibilidad a varios jefes policiales.

Lo hizo en el marco de la grave crisis política que se abrió en su administración tras el hallazgo en un descampado, el miércoles 10 de agosto, del cadáver del oficial Lucas Muñoz, quien estuvo 27 días desaparecido.

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Entre las medidas tomadas, Weretilnek designó al comisario mayor Jorge Suazo como nuevo director de Seguridad de la Policía de Río Negro en reemplazo del comisario Carlos Arias.

A su vez ordenó el pase a disponibilidad de los uniformados que están siendo investigados por el caso Muñoz. Se trata de los comisarios Manuel Poblete, Jorge Elizondo y David Paz; los subcomisarios Rodolfo Aballay y José Ismael Jaramillo y los oficiales Luis Daniel Irusta y Maximiliano Morales. Mientras que se apartó de la fuerza a los oficiales Federico Oscar Valenzuela Campos y Néstor Adrián Meyreles.

¿Normalización?

Al tiempo que informó de estas medidas, el gobernador dijo a periodistas que la semana que viene el subjefe de la fuerza represiva provincial, comisario general Daniel Jara, se hará cargo de la Regional Tercera hasta tener garantías de “normalidad en su funcionamiento”. Y que en los próximos días se nombrará a un nuevo jefe de la Comisaría 42, donde cumplía funciones Muñoz.

Buscando esa “normalización”, Weretilnek anunció que mandará a Bariloche abogados de la misma Policía de Río Negro para iniciar “sumarios internos” al personal de la Comisaría 42, del Cuerpo de Seguridad Vial y de la Unidad Regional Tercera.

Para el gobernador, ese cuerpo de profesionales estaría en condiciones de “investigar y deslindar las responsabilidades en todo aquello que tiene que ver con la cuestión administrativa y el cumplimiento de roles y funciones en la búsqueda y la conducta en todo lo vinculado a la desaparición y muerte del oficial Muñoz”.

Como no podía ser de otra manera, quienes escuchaban al gobernador dar estas explicaciones esbozaron genuinas muecas de desconfianza. Y cuentan para eso con la larga lista de casos de brutalidad policial, torturas y asesinatos que siguen impunes. Una lista encabezada desde noviembre de 2011 por Daniel Solano, el trabajador golondrina salteño que aún está desaparecido.

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Ayer el gobernador no sólo quiso mostrarse decidido a “normalizar” a la criminal fuerza represiva de la que conduce desde hace años sino que quiso mostrarse “solidario” con la investigación judicial. “Si creen conveniente que la opinión del Gobernador es importante para algún elemento dentro del expediente, apenas sea citado voy a hacer mi declaración”, dijo Weretilnek respecto a un posible llamado del juez de Bariloche Bernardo Campana.

“Sabemos que es una situación muy compleja pero tenemos optimismo de poder dar con el o los asesinos del oficial Muñoz y desentrañar esta trama que estamos viviendo”, dijo finalmente Weretilnek. Sin embargo el optimismo oficial choca de lleno con su propia voluntad de no mover de la investigación a la propia fuerza represiva que está involucrada tanto en la desaparición de Muñoz como del encubrimiento posterior.

Los abogados de la familia de Muñoz, Alejandro Pschunder y Karina Chueri, dijeron que van a pedir la recusación del fiscal Martín Govetto por considerar que éste desestimó datos importantes y dilató allanamientos, además de negarse tanto él como el juez a apartar a la Policía de Río Negro de la investigación.