El 14 de julio el oficial de 29 años no llegó a su comisaría. La familia denunció el accionar de “mafias” y encubrimiento. Ayer en un descampado hallaron el cadáver. ¿Un nuevo caso Carrasco?

Daniel Satur @saturnetroc
Jueves 11 de agosto de 2016
El cuerpo del oficial Lucas Muñoz estaba en un descampado de las afueras de Bariloche, vestido de uniforme. Pero su familia asegura que es imposible que el cadáver haya estado casi un mes (el tiempo que estuvo desaparecido) depositado en ese terreno. Es más, en ese lugar ya se habían realizado rastrillajes durante la investigación, todos con resultados negativos.
Lo cierto es que durante más de 27 días la Policía de Río Negro, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los equipos judiciales de investigación no pudieron dar con el paradero de Muñoz. Pero lo que sí pasó en este tiempo fue un constante cruce de acusaciones entre funcionarios del gobierno de Alberto Weretilneck y sus subordinados de la Policía provincial, al punto de que esa fuerza quedó muy comprometida y varios uniformados son sospechados de haber hecho desaparecer a Muñoz, su compañero.
Mientras el fiscal Martín Govetto y el juez Bernardo Campana esperan que las pericias, autopsias y demás informes criminalísticos les sirvan para armar un rompecabezas más o menos creíble, la familia de Muñoz sigue cosechando certezas. Si durante un mes denunciaron la existencia de “mafias” y un entramado de encubrimiento alrededor del caso, ahora directamente están convencidos de que detrás de la desaparición de Lucas hubo una intencionalidad de callarlo para siempre.
Por eso ayer a la tarde, apenas enterados del hallazgo de un cadáver en un descampado de las afueras de Bariloche, la pareja de abogados de la familia Muñoz exigió al juez y al fiscal que retiren inmediatamente al grupo policial de elite Coer, el mismo que, según fuentes oficiales, encontró el cuerpo.
Cronología necrológica
La cronología de los hechos que rodean el caso no deja lugar a dudas. Si la Policía de Río Negro no está involucrada directamente en la desaparición de uno de sus agentes, al menos sí está comprometida en no haber hecho nada para encontrarlo.
El 14 de Julio al mediodía el oficial ayudante Muñoz salió de su casa rumbo a la Comisaría 42. Pero nunca llegó. Horas después los oficiales Luis Daniel Irusta y Maximiliano Morales fueron a su casa, hablaron con su novia y realizaron un “allanamiento” sin ninguna orden judicial, donde revisaron la habitación del policía y hasta su computadora por más de una hora.
Vale mencionar que Irusta está vinculado también a la causa por la desaparición del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel, ocurrida en noviembre de 2011. Si bien la Cámara Criminal Tercera de General Roca le dictó falta de mérito en 2013, formalmente se debe seguir investigando su participación en el caso.
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Al otro día de esa incursión en la casa de Muñoz, comienza la “búsqueda” oficial con rastrillajes y demás operativos. Pero los hechos cambiaron cuando la madre, el padre y la hermana de Muñoz llegan a Bariloche y comenzaron a denunciar la desaparición públicamente y a movilizarse.
Mientras el jefe de la Policía de Río Negro, Mario Altuna, le decía a la familia de Muñoz que estaba comprometido con la búsqueda, los comisarios José Jaramillo (tercer jefe de la Comisaría 42 que estuvo a cargo de los rastrillajes) y Rodolfo Aballay (de la Comisaría 28 que estuvo a cargo del caso Micaela Bravo) eran trasladados a cumplir funciones en otras ciudades. Y como para mostrar interés en el caso, el gobierno de Weretilneck ofreció $ 200.00 de recompensa para quien aportara algún dato.
El 29 de julio el gobernador ordenó a Altuna que desplazara de la fuerza a los comisarios Manuel Poblete, Jorge Elizondo, David Paz, José Jaramillo y los oficiales Luis Irusta y Maximiliano Morales. A su vez el juez Campana dispuso la “protección” de eventuales testigos.
Ese mismo día se detuvo en la localidad de Catriel al sargento Néstor Meyreles, imputado por el delito de encubrimiento ya que se supo que compró una línea de teléfono celular y un chip a nombre de Muñoz en esa ciudad ubicada a 500 kilómetros de Bariloche. Por esas horas el desplazado comisario Poblete denunciaba a la Plana Mayor de Policía porque según él no le permitieron investigar "eficazmente".
Entre cruces y acusaciones de todo tipo, las semanas pasaron y Muñoz seguía sin aparecer. Recién esta semana la familia designó a la abogada Karina Chueri y al abogado Jorge Schunder, quienes pidieron de inmediato al juez que aparte a la Policía de Río Negro de la investigación, dejando las tareas en manos de la Gendarmería y de la PSA. Sin embargo ayer el cuerpo de Muñoz fue “hallado” por el Coer.
Delitos complejos
Ayer Paola Muñoz, hermana del oficial fallecido, dijo al canal C5N que no tiene dudas de que el cuerpo de su hermano fue “plantado” en ese descampado. “En ese lugar donde encontraron el cuerpo se hicieron muchos rastrillajes”, dijo, ya que “ahí es donde apareció Micaela Bravo. Lucas estaba investigando la trata de blancas. Él quiso investigar sobre el tema Micaela y había un hijo de un comisario implicado en la muerte”.
Esa afirmación también la hicieron ayer los abogados de la familia. El doctor Jorge Pschunder dijo textualmente que “el cuerpo fue plantado” en ese descampado e incluso afirmó que ellos tenían datos de dónde se encontraba previamente el cuerpo de Lucas Muñoz.
Ahora Paola Muñoz y sus padres quieren saber toda la verdad. Hace algunos días ella había dicho al canal TN que seguramente “Lucas vio algo que no tendría que haber visto, u obtuvo alguna información o se metió en alguna información que no debería haberse metido”.
Y para abonar la idea de que detrás de la desaparición de su hermano está la misma fuerza represiva a la que pertenecía Lucas, recordó que “los dos jefes de él, Elizondo y Jaramillo, fueron los primeros que vinieron a hablar apenas llegamos. Ver que ahora están separados de su cargo da mucha impotencia. Es terrible hasta dónde llega la mafia de la corrupción”.
Lo mismo dijo sobre Irusta y Morales, los dos policías que ingresaron a la casa de su hermano “cuando ya había desaparecido. No sé por qué ingresaron, buscando qué. Ellos dijeron que es porque son amigos de mi hermano y querían ver si podían ayudar. Pero sabían que lo que estaban haciendo está mal”, sentenció.
Que la policía en Argentina, sea la Federal o la de cualquier provincia, secuestre, torture y haga desaparecer a personas no es ninguna novedad. Por el contrario, es una práctica común de esas fuerzas represivas del Estado, tanto como el involucramiento directo de jefes y subalternos en cuanto millonario negocio ilegal exista. Pero lo que no parece muy habitual es que esos mismos métodos se pongan en práctica contra sus propios miembros.
Por eso el caso Muñoz trae a la memoria de mucha gente lo que le sucedió en 1994 al joven Omar Carrasco, hallado muerto en los fondos del cuartel de la localidad neuquina de Zapala mientras realizaba el servicio militar obligatorio.
La comparación no es casual. Si bien Carrasco no había elegido la carrera militar (es más, su caso motorizó el fin del servicio militar obligatorio en Argentina) y Muñoz sí había elegido ser parte de la temible Policía de Río Negro, el final de la joven vida del oficial tiene varios puntos de contacto con el de la joven vida del "colimba" hace más de 20 años.
Allí también la hipótesis fue que el fallecido había “visto” o “sabido” algo que no debía. Y allí también, como parece repetirse con Muñoz, los engranajes del ajuste de cuentas y el encubrimiento se pusieron a funcionar en pos de borrar pistas y salvar a los culpables.

Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc