Tras el último derrame de cianuro, un escandaloso fallo judicial puso fin a la suspensión de la mina Veladero. Indulto a una empresa imperialista que saquea y contamina.
Miércoles 5 de octubre de 2016
El 18 de septiembre pasado, luego de la suspensión de la actividad en la mina, la empresa Barrick Gold emitió un comunicado donde anunciaba que las tareas de infraestructura pedidas por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se habían puesto en marcha. Las autoridades de Barrick anunciaron en ese momento que en dos semanas estarían en condiciones de retomar la actividad.
Y así fue. Dos semanas sin movimientos en las alturas de la mina Veladero, que se trasladaron a un trajín sin pausa en el terreno judicial y político. Todo para garantizar lo que la multinacional minera sabía desde un principio: en 15 días estaría operando nuevamente.
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Hugo Quiroga es juez de Iglesia, una de las comunidades junto a Jáchal afectada directamente por los derrames de la minera. Fue Quiroga quien puso la firma para que Barrick vuelva a la actividad, aunque inicialmente no estaba en sus manos la decisión.
Pablo Ortija era el magistrado que tenía la causa desde el comienzo. Este juez es cuestionado por las asambleas que exigen el cierre de la mina. Ortija tuvo a su cargo la investigación del derrame de cianuro del año pasado y ninguno de los responsables fue procesado entonces. Este año se apuró a decir que no había derrame cuando ni siquiera se habían investigado los hechos. Ahora, él debía firmar a favor de Barrick, pero a cambio decidió sacarse vacaciones.
El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Rodríguez, quién casualmente se enfermó antes de tomar una decisión. Así se llegó al juez Quiroga, a quién no le tembló el pulso y resolvió en tiempo record.
El gobernador Uñac lo anunció oficialmente en conferencia de prensa, “es muy positivo que la mina retome los trabajos y nosotros, desde el estado, seguiremos mirando de cerca lo que se ha pedido, pero también continuaremos analizando las condiciones de seguridad que impliquen el cuidado de los trabajadores y del medio ambiente” dijo el sanjuanino. Lo que aún no informó el gobierno de San Juan es la magnitud del último derrame que produjo la minera.
Hace un año Barrick derramó cianuro por millones. En ese momento también se ordenó la suspensión de las tareas en la mina y en cuestión de horas ese mismo cese fue levantado. Gioja gobernaba la provincia, estaba en plena campaña electoral y Scioli visitaba San Juan. No lo dudó y la multinacional recibió su indulto. Ortija fue el juez que lo consumó. El ex gobernador y lobbista minero dejó un sucesor que, un año después, sigue sus pasos. En la justicia los “Ortija” de ayer son los “Quiroga” de hoy.
Mientras tanto, los pueblos que conviven con la megaminería exigen “cierre, remediación y prohibición”. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos declaró “que le den más plazo a Barrick para que continúe con las mejoras de seguridad en la mina es seguir permitiéndole todo a la minera. No interesan los derechos de los que vivimos aguas abajo, sino importa que la empresa no pierda dinero para que pueda seguir funcionando normalmente”.
Frente a la impunidad que garantizan los gobiernos de turno y la justicia a estas empresas imperialistas, la defensa del agua y la lucha contra el saqueo y la contaminación toman fuerza y se resumen, cómo hace un año, en el mismo reclamo: ¡Fuera Barrick Gold!
