Covid-19. Basta de negocios: pongamonos de pie en defensa de la salud pública

Esta semana los titulares en los medios reflejan que el sistema de salud en la provincia de Santa Fe está al borde del colapso. En ciudades importantes como Rafaela ya no hay más camas de internación, ni tampoco en localidades más pequeñas. En Rosario, la ocupación de camas en el sector público es mayor al 90%, mientras que en efectores como PAMI II ya casi no queda ninguna cama disponible.

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No sólo el sector público se encuentra al límite. Sanatorios y hospitales privados se encuentren al límite de capacidad, con personal sobre exigido. Pero a pesar de esto, las empresas de medicina privada siguen programando cirugías que no son urgentes, ocupando camas y recursos indispensables en medio de esta nueva ola. Como denuncian muchos trabajadores del sector privado, la ocupación de camas ya está casi completa y que aún así se siguen programando cirugías incluso estéticas, como ocurre con el Sanatorio Parque y el Sanatorio Británico. Esta decisión solo puede entenderse si se toma en cuenta que estos procedimientos son una importante fuente de ganancias para las empresas del sector.

El mismo presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, Roberto Villavicencio, ayer señalaba que no están suspendiendo las cirugías programadas porque “la mayoría son intervenciones que no requieren más de entre 24 y 48 horas de internación”. El afán de lucro de los empresarios de la salud no solo se pone por encima de la salud de la población, sino incluso de garantizar la mínima atención a sus propios afiliados en medio de una pandemia.

El Estado provincial brilla por su ausencia. No sólo no ha avanzado en el pleno uso de los recursos del sistema de salud (poniendo las clínicas y sanatorios privados al servicio de toda la población), sino que ni siquiera ha emitido ninguna resolución o directiva que ponga fin al uso superfluo de las camas de internación.

“Héroes” precarios y mal pagos

En medio de una emergencia sanitaria inédita en la que miles y miles de vidas dependen del trabajo continuo y exigente de miles de trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud nos encontramos en una situación aún peor que el año pasado: salarios que no solo no aumentaron, sino que se devaluaron, personal insuficiente y en condición precaria, y recursos muy limitados. Sin ir más lejos en el Hospital Eva Perón nuevamente están ofreciendo contratos "covid" bajo monotributo para la atención del modular que se instaló el año pasado.

Es que el conjunto del sistema de salud privado y gran parte del sistema público se sostiene con el trabajo de miles de personas que trabajan en negro y como monotributistas. En lugares como PAMI por ejemplo todos los médicos que trabajan en internación y terapia están en negro sin derechos laborales. Situación similar se vive en sanatorios privados como el Parque. Médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza, todos ellos sufren una precarización laboral que se profundizó con la pandemia.

Este fraude laboral no solo afecta a los trabajadores sino que significa una peor atención para los pacientes y un mayor desgaste del sistema de salud. El afán de lucro de los empresarios y el “ahorro” del estado, nuevamente pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes

Vacunación lenta, un verdadero crimen social

No resulta exagerado decir que la situación sería infinitamente más simple si al día de hoy hubiera más de 20 millones de personas vacunadas en la Argentina. Lamentablemente, el “derecho” a la ganancia nuevamente parece triunfar sobre la vida de las personas.

Aunque nuestro país produce el principio activo para la elaboración de la vacuna Oxford-AstraZeneca (y ya abonó el 60% de 22 millones de dosis acordadas), la Argentina no ha recibido aún ni una sola dosis de dicha vacuna. Como señaló Nicolás Del Caño, se trata de una estafa criminal . No declarar este laboratorio como de “utilidad pública” y priorizar las ganancias de Hugo Sigman significa que nuestro país sufrirá miles de muertes evitables. La defensa de la propiedad privada por parte del gobierno nacional se paga en vidas.

Nuestra salud vale más que sus ganancias

Por responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal, la nueva ola de COVID19 encuentra al sistema de salud en una situación de fragilidad extrema. A pesar de que numerosos especialistas señalan que aún falta mucho para el pico de casos el sistema de salud de la provincia de Santa Fe ya se encuentra en estado de extrema tensión.

Ante la crisis sanitaria, la salud no puede seguir siendo un negocio privado. Una medida urgente para enfrentar el colapso sanitario es la inmediata unificación del sistema de salud público y privado, que funcione bajo la órbita estatal y sea controlado por los propios trabajadores y trabajadoras de la salud para que cada cama y cada recurso sanitario esté puesto en función de proteger la salud de la población. Al mismo tiempo, se debe garantizar el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la salud, con un salario mínimo igual a la canasta básica familiar. Esas medidas mínimas, que deberían haber sido tomadas hace mucho, permitirían estar en mejores condiciones para enfrentar la pandemia.

Sigamos el ejemplo neuquino

La salud y la vida son bienes demasiado valiosos para dejarlos en manos de mercenarios. Pelear por terminar con el lucro y el ajuste en salud es urgente. Los trabajadores de la salud de Neuquén vienen marcando el camino con más de 50 días de lucha y con casi 30 cortes de ruta que paralizan la actividad hidrocarburífera en defensa del salario y la salud.

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En Santa Fe desde el año pasado viene habiendo múltiples procesos no sólo por el problema del salario, sino también por las condiciones estructurales en las que se trabaja en medio de la pandemia. Desde la falta de insumos básicos como camisolines o protectores, pero también de medicamentos y personal para la atención primaria de la salud que ha sufrido durante los últimos años recortes de todo tipo; por las condiciones de precarización en la que deben realizar sus tareas la mayoría de los profesionales que se encuentran bajo la modalidad de monotributistas cómo es el caso de los prestadores de PAMI y de muchos de los médicos y enfermeros de los Centros de Salud como lo demostró el paro de en Villa Gobernador Galvez; la falta mucha veces de pago de los salarios de quienes trabajan como contratados como sucede en el Hospital Eva Perón en Baigorria, o el pedido histórico de que enfermeros y profesional de bioimágenes sean reconocidos como profesionales. Pero estas luchas, divididas, vienen mostrando un límite para cambiar la dura realidad del sistema de salud.

¿Cuánto más poderosa sería esta pelea si, en lugar de dar peleas en cada sector, los y las trabajadoras de salud de la provincia unieran sus fuerzas, como vienen haciendo en Neuquén? Hay que poner en pie asambleas y comités de lucha en todos los lugares de trabajo, en cada hospital, sanatorio o centro de salud en perspectiva de coordinar en una organización común como encuentros inter salud, donde cada trabajador tenga voz y voto para empezar a organizar esta unidad entre todos los trabajadores. Gremios como ATE y SiPRUS, que vienen siendo parte de estas luchas sectoriales, tienen que ponerse a la cabeza de esto. Si no nos organizamos para hacerle frente a la precariedad laboral y a los ataques patronales, esta pandemia significará aún más precarización y miseria.