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Red Internacional
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Justicia Patriarcal. Benefician con detención domiciliaria a policía acusado de estupro y sospechoso de feminicidio

Christian López V., subteniente de la policía boliviana fue beneficiado con detención domiciliaria y con derecho a trabajo por el juzgado de sentencia Nº1 de la ciudad de Cochabamba. Con esta sentencia, el oficial volverá a su puesto de trabajo mientras continúan las investigaciones.

Sábado 7 de marzo de 2020

Foto: Los Tiempos

Esta decisión fue adoptada por el juzgado a pesar de ser el único sospechoso de la muerte de su pareja, Lorena Paredes (18) y tener una acusación formal por estupro interpuesta por los padres de la víctima desde el 2017.

A casi un mes de la muerte de Lorena, los familiares denuncian acciones de encubrimiento e impunidad promovidas por la institución policial y los abogados defensores. El padre de la víctima evidenció que uno de los abogados del subteniente falsificó su firma en documentos según los cuales él (el padre) habría renunciado a cualquier denuncia contra el oficial. Por otro lado, la familia aún no cuenta con los resultados de las pruebas de absorción atómica [1] realizada al subteniente, que podrían confirmar su culpabilidad.

“Claramente la Policía está encubriendo a este mal funcionario. Lo que no podemos entender es cómo pueden encubrir a un asesino y violador”, dijo el tío de la víctima Hernán Paredes a Los Tiempos.

Lorena fue encontrada con un disparo cerca al pecho y el arma del funcionario policial en sus manos a inicios de febrero. Ella inicio su relación sentimental con Christian López V. −quien era instructor del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) − a los 15 años. La diferencia de edades y la clara posición de poder del oficial alertaron a los padres, quienes iniciaron una denuncia −primero bajo la figura de violación y, luego, cambiada a estupro−, que no tuvo repercusiones en la institución policial.

Pese a estos antecedentes, el director departamental de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) de Cochabamba, John Klaus Bermúdez, no ha mostrado voluntad para desvincular al oficial de la policía. Por el contrario, ha manifestado signos de clara parcialización con el acusado declarando, sin pruebas fehacientes, al periódico Los Tiempos “que este caso aún no puede ser determinado como un feminicidio, ya que, según la versión del presunto autor, la víctima se habría quitado la vida”.

El caso de Lorena es uno más que desnuda la cadena de irregularidades y complicidades de las instituciones estatales como la justicia, la fiscalía y la policía con los más brutales casos de violación a los derechos humanos y particularmente contra las mujeres. El carácter patriarcal de estas instituciones se puede evidenciar en el trato desigual que reciben los acusados de algún delito, donde por ejemplo decenas de hombres y mujeres continúan en procesos completamente armados durante el mes de noviembre y donde se mantuvo hasta recién a mujeres con hijos o embarazadas –sin pruebas- en las celdas judiciales mientras que a funcionarios policiales en la que los indicios de culpabilidad son contundentes les otorgan estas medidas sustitutivas.

Por todo esto y a días de conmemorar el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, las mujeres una vez más ganaremos las calles para repudiar la complicidad estatal con los feminicidios y la violación sistemática de los derechos humanos. La marcha está convocada para el lunes 9 de marzo a las 12:00 del mediodía en el Multifuncional de El Alto.

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[1Procedimiento químico que permite medir concentraciones específicas como residuos de pólvora.