La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluye 2022 con un superávit de 12.000 millones de euros que provienen de los recibos de la luz y el gas, y que son destinados a las grandes energéticas.
Alex León @A10Leon
Lunes 22 de enero
Las facturas de la luz y el gas son dos de los gastos imprescindibles para los hogares, y una de las cuestiones que han estado en boca de todos en los últimos años debido al aumento de precios. Precios que ya venían al alza antes de la guerra de Ucrania por la sequía, pero que el conflicto bélico incrementó debido a la escasez de gas.
Aunque el gobierno acabó interviniendo el Impuesto Eléctrico del 5 al 0,5% y reduciendo el IVA para salvaguardar sus intereses electorales en un momento donde estaba perdiendo terreno con el Partido Popular, las compañías energéticas hicieron su agosto. Entre enero de 2022 y octubre de 2023 el superávit debido a los cargos regulados de la factura de luz y gas fue de 12.000 millones de euros (sin contar la subida del precio de la materia prima).
Estos cargos regulados, controlados por el gobierno y la CNMC, son "las actividades de transporte, distribución, comercialización a tarifas, los costes permanentes del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento", que históricamente se habían considerado inasumibles por las compañías, pero que recaen finalmente sobre los hogares y los pequeños consumidores en sus facturas.
El registro, que llega tras otra acumulación de beneficios de más de 800 millones en los dos años anteriores a 2022, se incrementa en la práctica por el coste del IVA, que aunque el gobierno "progresista" hizo una rebaja fiscal temporal al 5%, ahora lo suben de nuevo al 10%, con vista a devolverlo al 21% original a pesar de este superávit anunciado por la CNMC. Pero la luz y el gas no son lujos ni caprichos que se da la clase trabajadora, sino que es un bien de primera necesidad. Es una contradicción que el tipo impositivo aplicado a los coches de lujo y a los yates, sea el mismo que se le aplica a la luz y el gas para los hogares de los trabajadores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es, supuestamente, el organismo regulador "independiente" encargado de preservar y garantizar el correcto funcionamiento y la transparencia en todos los mercados y sectores productivos. Pero, ¿cómo se asegura el correcto funcionamiento y la transparencia si tres empresas son mayoritarias y dueñas de todos los agentes que operan en el mercado?
Los distintos gobiernos del PSOE y el PP han hecho políticas siempre a favor de las eléctricas, por eso vemos a sus ministros de los distintos gobiernos en los consejos de administración de las grandes energéticas.
Agentes del mercado o agentes del estado burgués
El mercado de la electricidad, que en el estado español fue privatizado en la década de los 80, ha sido creado a medida de las grandes energéticas para poder mantener sus beneficios a costa de bienes de primera necesidad como son la luz y el gas. El mercado está trucado a favor de tres grandes empresas. Un mercado que se dice liberalizado, en el sentido de que cualquier comercializadora puede operar y comprar energía en nombre de sus clientes, los consumidores finales, pero que está copado por Endesa, Iberdrola y Naturgy como dueños y señores de todos los agentes del propio mercado (producción, transporte, distribución y comercialización).
Estas empresas que hegemonizan el mercado eléctrico ibérico son, en parte, empresas que fueron privatizadas en los años 80 por el PSOE de Felipe González y, más tarde, por el PP de Aznar, como Endesa. O por otra parte empresas que crecieron enormemente en el franquismo por su cercanía al Régimen, como Iberdrola y Naturgy.
El mercado eléctrico y el de gas (OMIE Y MIBGAS), son los encargados de organizar la compra y venta de energía y gas. El sistema de compra de materia prima ibérico (ya que España y Portugal comparten sistema) es muy beneficioso para las empresas productoras, ya que el precio de la energía lo marca la materia prima más cara del mercado. El OMIE y MIBGAS se llevan parte del pastel en concepto regulado de retribución al operador de mercado.
La mayor parte de las centrales productoras de electricidad son propiedad de Endesa, Naturgy e Iberdrola, como es el caso de las centrales nucleares. A su vez, Red Eléctrica de España es la empresa encargada, en monopolio, de transportar la energía eléctrica desde las centrales productoras. Propiedad de REDEIA, opera en bolsa y mantiene beneficios anuales que suponen el 93% del grupo (datos del 2017). Red Eléctrica se constituyó en 1985 como una sociedad con mayoría de capital público, compuesta por las aportaciones patrimoniales de un grupo de empresas eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y privadas (Iberdrola y Naturgy).
Las empresas distribuidoras, que se encargan de hacer llegar la energía desde las subestaciones eléctricas a los consumidores, son también Endesa, Iberdrola y Naturgy entre otras. Ellos también tienen asegurado este papel de distribuidor ya que tienen en propiedad sus propias líneas eléctricas y no se permite seguir construyendo nuevas líneas sin autorización.
Por último, las comercializadoras de Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan el 90% del mercado nacional a pesar de la supuesta liberalización del mercado eléctrico.
Energía al servicio de los intereses sociales
En el mercado actual, a pesar de que la energía es un bien de primera necesidad, está en manos de los intereses capitalistas y, por tanto, de los beneficios personales de unos pocos. Esto aviva el debate sobre qué debería hacer un gobierno que proteja a los trabajadores y qué hizo realmente el gobierno PSOE-UP, que prefirió gestionar los intereses de los grandes capitalistas.
Imaginemos por un momento que la energía estuviera controlada y planificada por trabajadores y usuarios, que no sirviera para llenar el bolsillo de unas pocas familias millonarias, sino que se pensara en el beneficio de la gran mayoría de la clase trabajadora.
Ello supondría que podríamos terminar con gran parte de la contaminación, el extractivismo y la destrucción de ecosistemas y biodiversidad y supondría organizar la producción en base a otros intereses, los de la mayoría de la clase trabajadora. Decidir cuanta vida dedicamos a trabajar para subsistir y el resto del tiempo para dedicarlo a la vida.
La energía es un sector clave de la economía. La clase trabajadora y los usuarios debemos abordar la pregunta de cómo ponerla al servicio de los intereses sociales de la misma manera en que lo hacen los grandes capitalistas: siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro privado y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que también para poder golpear de manera más contundente contra este esquema.
Por todos estos motivos, es necesario luchar masivamente por la expropiación sin pago de todas las empresas de energía para ponerlas a funcionar bajo el control democrático de sus trabajadores y de la comunidad de usuarios. Y esto es algo que ha de ser peleado en la calle, por los usuarios, los trabajadores y los sectores populares con independencia del gobierno, que sustenta esta gestión de la energía porque forma parte de su modelo de negocio.
