La falta de mérito para Blaquier y Lemos, dueño y directivo del Ingenio Ledesma respectivamente, sigue siendo noticia y motivo de análisis porque es un mensaje de impunidad para el conjunto de los empresarios que fueron sostenes del gencidio.
Jueves 26 de marzo de 2015
Reproducimos una nota publicada en reciente Boletín del CeProDH de la provincia de Jujuy
por Natalia Peñaloza, abogada CeProDH Jujuy
A pocos días de cumplirse 39 años del golpe genocida cívico militar la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dictó el viernes 13 de marzo la falta de mérito para Blaquier y Alberto Lemos, dejando latente un mensaje de impunidad en causas semejantes.
De esta manera se evidencian los lazos íntimos del poder judicial con los intereses del empresariado local, así como también el doble discurso del gobierno nacional, que por un lado ha hecho de la defensa de los derechos humanos su bandera y por el otro mantiene en sus puestos a jueces provenientes de la dictadura.
Recordemos que el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tuvo dos finalidades bien marcadas, la preservación de un régimen político y la instauración y defensa de una política económica neoliberal. El Ministro de economía Martínez de Hoz, junto con los directivos de los grandes grupos económicos avalaron y promovieron esta política económica para sus propios beneficios, intentando acabar con la organización de la clase obrera y las conquistas adquiridas por trabajadores.
Específicamente en nuestra provincia durante la “Noche del Apagón”, ocurrida entre el 20 y el 27 de julio de 1976, se secuestraron alrededor de 400 trabajadores de Libertador General San Martin y Calilegua, quienes luego fueron trasladadas al Centro Clandestino de Detención ubicado en Guerrero, y allí sometidas a reiteradas torturas y vejaciones. Desde entonces, 55 de esas personas permanecen desaparecidas.
La empresa Ledesma no sólo marcó a los trabajadores sino que participó activamente del armado de los operativos de la dictadura, brindando la logística a Gendarmería con sus camionetas. La entrega de dichas camionetas no estaba registrada, fueron entregadas de manera oculta, sin control. Ello no era inocente, sino que daba muestra de la fuerte persecución política y sindical que realizaba la empresa a trabajadores y representantes sindicales.
Ahora la Sala IV de Casación, luego de tener un año y tres meses la causa paralizada, si bien reconocen que se usaron las camionetas de Ledesma en los secuestros, aducen que eso no basta para probar la intención de Blaquier de colaborar en los secuestros, haciendo caso omiso la vasta prueba documental: el acuerdo entre Blaquier y el represor Antonio Domingo Bussi; la instalación de un puesto de Gendarmería Nacional en un predio en las inmediaciones del ingenio, una fuerza de frontera que quedó ubicada así a varios kilómetros de la frontera real con Bolivia, la intervención de Blaquier en el “grupo Azcuénaga”, en la preparación del golpe de Estado; la solicitada de apoyo a la dictadura publicada por Ledesma un año después del golpe; y la carta al “Querido Joe” de Blaquier a José Alfredo Martínez de Hoz para ofrecer donantes y publicar un artículo en Estados Unidos que desacreditara las denuncias por las violaciones de derechos humanos en Argentina.
Pero lo más notable es que, durante los últimos años, Pedro Blaquier con su empresa Ledesma continuó incrementando su fortuna, a costa de la explotación de miles de obreros en sus plantas y campos. Fue el gobierno nacional el que le concedió enormes ventajas fiscales para el negocio millonario del bioetanol.
Lo que nos lleva inevitablemente a la conclusión de cuáles son los reales intereses que defiende el gobierno nacional: la defensa de estos grandes empresarios, con todo lo que ello implica y sin importar las consecuencias.
