El ex Ministro del Interior Gonzalo Blumel, el pasado 17 de noviembre declaró ante la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich y el persecutor Claudio Rebeco, en el marco de la querella en su contra que tiene por delitos de lesa humanidad cometidos a civiles en el estallido social. Esta es una declaración clave, ya que Blumel ejerció como ministro del Interior la mayoría de los meses de protestas.
Valentina Peña J. Estudiante de psicología
Martes 15 de diciembre de 2020
En su versión de los hechos admitió que el gobierno solicitó a Carabineros, en los meses de revuelta, “aumentar el personal operativo”, incluso se vió el egreso adelantado en la institución para salir a enfrentar las manifestaciones. También se solicitó aumentar el material represivo, como la adquisición de nuevos “carros lanza agua, vehículos de reacción táctica, capacitación, reentrenamiento, etc.", es decir se le pidió a carabineros reprimir y seguir reprimiendo.
En su declaración ante la fiscalía y compartida por Emol, se le preguntó:
"Diga usted si el Ministerio del Interior impulsó acciones para favorecer el conocimiento y capacitación de los funcionarios de Carabineros acerca de esta nueva normativa (circular 1.832 sobre uso proporcional de la fuerza)"
A lo que Blumel respondió "Desde que se dicta esta normativa se llevan a cabo acciones para dar a conocer la nueva regulación entre los funcionarios de Carabineros. El 29 de octubre recién asumido como ministro del Interior, me reuní con las policías -Carabineros y la PDI- reforzando, desde el Gobierno, la necesidad de que se cumplieran estrictamente las reglas del uso de la fuerza respetando las garantías individuales".
Según sus palabras, esta normativa se reforzó ya que era un protocolo nuevo, agregó que "procuramos cumplir la primera exigencia del director del INDH que públicamente pidió que se diera cumplimiento a estos protocolos. Además, el tema de las violaciones de DD.HH. en el país se había instalado en el debate. De hecho el 5 de noviembre de 2019, por oficio, solicité al director del INDH detalle sobre las querellas presentadas para contar con información detallada que permitiera adoptar medidas preventivas".
Palabras vacías si lo miramos desde la perspectiva de que durante toda la rebelión popular nunca pararon las violaciones a los derechos humanos, las cuales siguen hasta el día de hoy con la fuerte represión de las fuerzas especiales en cualquier movilización.
Al consultarle por la responsabilidad e intervención de Piñera en la coordinación represiva, Blumen descartó la participación del gobierno en temas estratégicos, afirmando que: "El Presidente como Jefe de Estado obviamente sostuvo reuniones con el alto mando para reforzar los mismos lineamientos: recuperar el orden público con apego a los protocolos y respeto a los derechos individuales (...), No hubo intervención en el diseño de las estrategias de control de orden público, porque le insisto que es un tema de competencia técnica de las policías. Solo reuniones de coordinación".
Al preguntarle por los miles de civiles heridos sostuvo: "Solo tengo conocimiento a partir de las querellas y de la información del INDH. En algunos casos graves y de connotación pública como Ministerio del Interior requerimos información a Carabineros y pedimos adoptar las medidas disciplinarias y entregar los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Asimismo, me reuní personalmente en diversas ocasiones con María Eugenia Manaud y Juan Antonio Peribonio, (consejera y presidente del CDE, respectivamente), con quienes acordamos que en casos más graves la acción penal del Estado, como querellante, la ejerciera el CDE contra el funcionario policial involucrado. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay".
La ex autoridad defendió también las acciones de carabineros diciendo que estaban muy sobreexigidos y que nunca habían enfrentado nada similar en estas 3 últimas décadas. Por último agregó que:
"En medio de esa violencia callejera inusitada se hizo muy difícil el control del orden público y quedó en evidencia la necesidad de hacer una reforma profunda a carabineros, pero en ningún caso puedo compartir la idea de una política, plan o concierto para dañar a la población. En diciembre se convocó a un consejo para la reforma de carabineros, con participación de destacadas figuras en DDHH".
Recordemos que el caso de Fabiola Campillay sigue sin fecha para el juicio, incluso dejaron al ex capitán Patricio Maturana, con prisión domiciliaria, después de haber pasado sólo 90 días en prisión, o sea Maturana sigue viviendo en su casa como si nada pasara y teniendo una vida totalmente normal, mientras que aún siguen habiendo presxs políticxs y desde el gobierno están en “total desacuerdo y oposición” (Palabras dichas ayer por Piñera en cadena nacional) con el proyecto de ley que busca el indulto general para todas y todos quienes en el marco de la revuelta social se encuentran presos, amenazando con vetar si es que el proyecto avanza.
Los dichos por parte de Gonzalo Blumel, de que ellos, desde el gobierno, no tienen ni tuvieron un plan político para dañar a la población, no tiene ni un peso. Porque cada vez que se cuestiona el régimen heredado de la dictadura, responden con violencia, represión y muerte.
En realidad parece un chiste, cuando después de más de un año desde que comenzó el estallido social, la mayoría de los responsables de todas las violaciones a los DD.HH. como los asesinatos, las cientos de mutilaciones oculares, los abusos a decenas de compañeras, y los presxs políticxs, siguen en total impunidad. Incluso la violación sistemática a los derechos humanos no ha parado en ningún momento, mostrándose cada semana la fuerte represión ejercida por carabineros, como la nueva mutilación ocular a un compañero en el contexto de protestas por la libertad de los presos políticos el pasado viernes 11 de diciembre.
