La central obrera decidió rechazar el nuevo código penal. Un artículo del mismo ha despertado el rechazo de los trabajadores del sector de la salud porque criminaliza la praxis médica.
Jueves 28 de diciembre de 2017 14:21
En una reunión ampliada de la Central Obrera Boliviana (COB) y de organizaciones políticas afines, este miércoles, determinó exigir la derogatoria de todo el código del sistema penal. En especial el artículo 205 que criminaliza la praxis médica, que ha generado la movilización de médicos y estudiantes, duramente reprimidas por el gobierno.
Luego de varias horas de reunión presidida por el ejecutivo de la COB, el minero Guido Mitma y todo el equipo del comité ejecutivo, se determinó aprobar la exigencia de derogar todo el código del sistema penal ya que el mismo “no habría sido consensuado con los trabajadores”, sumándose de esta manera al conflicto médico que ya lleva más de un mes de movilizaciones y paro del sector.
La lucha de los médicos surge contra el nuevo código del sistema penal, ya que el gobierno de Evo Morales a través del legislativo, ha redactado el artículo 205 que criminaliza la práctica médica. Frente a esto las y los médicos llevan varias semanas de huelga y movilizaciones.
Desde el discurso gubernamental, el artículo 205 es una medida para “evitar” la mala praxis médica. Pero el problema es que el gobierno pretende resolver una profunda crisis del sistema de salud apelando a medidas punitivas y eludiendo cualquier discusión que lleve a analizar de fondo el problema estructural.
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Tras la jornada de movilización de los médicos, del jueves 21, la policía reprimió a los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Con gasificaciones y golpes la policía intentó tumbar las puertas de la UMSA, el gobierno a través de las fuerzas represivas del estado atropelló la Autonomía Universitaria y vulneró los derechos humanos de los protestantes, con arrestos arbitrarios y abusos de fuerza.
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Con la resolución tomada por la COB, la central obrera se enfrenta al gobierno del MAS, que desde el punto de vista político va girando cada vez más a la derecha en sus medidas, y desde el punto de vista jurídico, elige medidas cada vez más punitivas.
