Crisis económica. Bolivia bajo presiones devaluatorias que anticipan ataques al salario y a las condiciones de vida

Luego de varios años en los que el MAS, la derecha empresarial y agroindustrial se beneficiaron del extractivismo, el “modelo" está enfrentando sus límites. El Banco Fassil, uno de los más afectados, en los últimos días no ha podido satisfacer la demanda de dólares, ni tampoco pudo con la demanda de retiro de dinero en moneda nacional. Esto provocó la desesperación de mucha gente y aumenta la incertidumbre de millones de ahorristas de todo el sistema financiero nacional.

A modo de ilustración, circularon fotos y declaraciones de personas que esperaban en las puertas de las sucursales del Banco Fassil para retirar efectivo y denunciaron que no se les permitió retirar montos superiores a los 10,000 bolivianos (algo más de 1.400 dólares estadounidenses). Ante esta situación este banco tuvo que publicar un comunicado pidiendo calma a sus clientes y señalando que hay “intereses específicos orientados a generar desestabilización en el sistema financiero boliviano”.

Esta situación lejos de aplacarse se complica con la reciente publicación de un informe emitido por una calificadora internacional de mercados financieros, Fitch Ratings, que asigna al país una calificación negativa (B-). En una nota de Página Siete se publicó un fragmento de dicho informe que explicaría el motivo de esta calificación “La rebaja de la calificación de Bolivia de ‘B’ a ‘B-’ refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, a la luz de una vinculación monetaria, ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos”.

La presión de los agroindustriales para obtener ventajas en la venta de dólares al Estado, así como la presión de todo el ámbito empresarial para dar fin al impuesto a las transacciones financieras (ITF), son parte de los motores de la actual especulación, además de convertirse en una herramienta política para sectores de las clases dominantes más próximos a la oposición que al oficialismo.

Otro factor importante de desestabilización e incertidumbre en la economía tiene que ver con la agudización de las disputas internas en el MAS-IPSP. Un ejemplo de esto se debe a las dificultades que enfrenta el gobierno de Arce para la aprobación de varias leyes. Entre ellas la aprobación de créditos externos y la Ley del Oro que podrían convertirse en válvulas de escape para el aumento de las reservas. El proyecto de Ley del Oro tiene una importancia particular ya que permitiría al Banco Central de Bolivia (BCB) comprar oro directamente a los mineros cooperativistas con un único impuesto del 4,8%.

Sin embargo, las dificultades de aprobar este proyecto de Ley no solo las vemos en el desacuerdo por parte de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Ferreco), sino que se encuentran principalmente en el Parlamento al enfrentar la oposición de la nueva bancada afín a Evo Morales. De esta manera, las cada vez más violentas disputas entre las dos principales fracciones dentro del MAS, el “evismo” y los “renovadores”, se van traduciendo no solo en un aumento de la conflictividad social sino también en el Parlamento donde Luis Arce no solo enfrenta a la oposición de derecha sino también a la bancada evista.

En este marco, aunque los equilibrios macroeconómicos responden a factores estructurales de la economía, no se puede negar que las actuales turbulencias financieras tienen fundamentalmente su origen en la polarización política que vive el país. Podemos señalar anticipadamente que si bien pareciera que no existe la posibilidad inmediata de un colapso del sistema financiero, lo cierto que la estabilidad monetaria, está en un precario equilibrio, susceptible a las presiones especulativas que tienen una raíz política.

Uno de los indicadores donde más se expresan las dificultades estructurales que empiezan a golpear la economía es la balanza comercial. Este indicador macroeconómico mide la relación entre importaciones y exportaciones. Como las relaciones económicas internacionales se llevan a cabo con divisas extranjeras (fundamentalmente el dólar estadounidense, aunque también se realizan con euro, renminbi/yuan chino, yen japonés, libra británica), en teoría la exportación de productos o servicios representa el ingreso de divisas al país y la importación de productos o servicios representa la salida de estas. Por lo tanto, si la balanza comercial se inclina demasiado a favor de las importaciones, significa que salen más divisas de lo que ingresan.

Este desbalance se ha visto agravado en el caso de los hidrocarburos. Según datos oficiales del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2013 Bolivia llegó a exportar gas por 6.011 millones de dólares mientras que importaba combustibles por 1.011 millones de dólares. Sin embargo, a partir de entonces la situación fue cambiando debido a que las exportaciones en valor, de gas natural, a Brasil y Argentina fueron disminuyendo. Por otro lado, la producción de gas también empezó a registrar una tendencia a la baja. Con esta tendencia, los datos señalan que de resultados positivos (superávit) el 2021 se empezó a registrar saldos negativos, es decir, déficit.

El 2022 las importaciones batieron récord de 4.365,4 millones de dólares y las exportaciones de gas solamente llegaron a 2.972,6 millones de dólares, dejando un déficit de 1.392,8 millones de dólares. Así mismo, debemos considerar que la subvención a los combustibles -es decir, el pago realizado por el Estado para importar gasolina y diésel- que se sujeta a las fluctuaciones del mercado mientras se mantiene un precio fijo y estable en el mercado nacional. En 2016 la subvención representaba un gasto de 204 millones de USD, para 2022 la subvención llegó hasta 1.713 millones de USD (YPFB, 2023).

A esto se suma los pronósticos por parte de algunos analistas que señalan, como salió publicado en una reciente nota del Financial Times, de que para el 2030 es probable que Bolivia se convierta en un importador neto.

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Hasta 1997, las divisas ingresadas al país por exportación debían pasar por el Banco Central de Bolivia (BCB), sin embargo, mediante el D.S. 24756, Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada liberó de esta obligación al sector privado. En 2008, mediante el D.S. 29681 Evo Morales, y Arce como su ministro de Economía, establecieron la obligatoriedad de declarar el movimiento de divisas mayores a 50.000 USD, sin que esto implique un restablecimiento del papel de intermediación del BCB. ¿En qué influye o porqué debe tener un papel en el movimiento de divisas el Banco Central? Desde la lógica de construcción del Estado burgués, el control de la política monetaria es el ejercicio de soberanía nacional, al ceder esta competencia al sector privado el Estado pierde capacidad de toma de decisión.

En minería, la participación estatal es mucho menor, la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia ) tiene una participación importante en la exportación de estaño, sin embargo, en otros minerales con mayor exportación como el zinc, el oro y la plata la participación estatal es muy poca. Hasta septiembre de 2022, las exportaciones de oro sumaron 2.126 millones de USD con un incremento del 21% frente al año anterior. El zinc llegó a representar un valor de 1.436 millones de USD incrementando 43% frente a 2021, la exportación de plata sumó 677 millones de USD y de estaño un total de 427 millones de USD.

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Si analizamos específicamente las exportaciones de oro, la segunda exportación más importante en términos de valor el año pasado, el Estado pierde por triple partida, primero porque las divisas de la exportación no pasan por el BCB, segundo porque al exportar el oro metálico el Estado boliviano pierde la oportunidad de aprovechar este elemento para acolchonar la reducción de las Reservas Internacionales Netas) y tercero por los beneficios impositivos que tienen los empresarios ‘cooperativistas’.

La precariedad actual que se siente en el sistema financiero, alimentada por las presiones especulativas de empresarios y agroindustriales, es el resultado de una política que en los últimos 20 años han permitido al sector privado realizar grandes negocios con cada vez menos regulaciones estatales, facilitando el acaparamiento y especulación de divisas. Las fuertes presiones que, desde el gobierno de facto de Áñez hasta hoy, buscando una devaluación del peso boliviano frente al dólar, es parte de los intentos de las clases dominantes de llevar un ataque al salario y al conjunto de la economía popular para beneficiar al sector primario exportador. Es imperioso que el pueblo trabajador boliviano preparare la organización y movilización para defender el salario y las condiciones de vida de la gran mayoría de la población trabajadora del país.