El Plan Económico de Milei comenzó con una megadevaluación, la tercera más grande de la historia del país. El peso perdió el 50 % de su poder de compra respecto al dólar en un día. O dicho de otra forma, el dólar oficial subió 118 % en términos de pesos, pasando de costar 365 a 800 pesos. Esta decisión, según el ministro Caputo es parte de un “sinceramiento” general de precios de todos los bienes y servicios con aumentos tremendos que llegan en los alimentos, combustibles, medicamentos, vestimenta, electrodomésticos, automóviles, y un largo etcétera. Para ellos los precios estaban “reprimidos” por la gestión del Frente de Todos. Aunque suene extraña esta “represión”, considerando que la inflación que cosechó el gobierno de Alberto Fernández y el ex ministro Massa llegó al 160 % anual en noviembre (931 % acumulado entre noviembre 2019 y noviembre 2023), lo que es cierto es que el gobierno dejó una economía a punto caramelo (brecha cambiaria del 180 %, atraso del dólar, reservas netas negativas en el BCRA, etc.) para que la derecha libertariana haga un ajuste en forma de shock y sin piedad alguna. Lo confesó el exviceministro de economía de Massa, Gabriel Rubinstein, esta semana, cuando sostuvo en una entrevista que él veía bien las medidas de Milei y que quiso hacer lo mismo en su pasado reciente de funcionario.

En realidad, el ministro Caputo habla en nombre de las necesidades de precios de los grandes empresarios. Aquellos, incluso, que tienen capacidad para definir precios que superan en su suba al promedio de la inflación. Para ellos los precios de las mercancías que venden al exterior, en términos de pesos, o en el mercado interno, no reflejan la rentabilidad deseada en dólares dadas sus inversiones y con niveles de rentabilidad similares a otros puntos del mundo. Por ejemplo, hoy el litro de nafta premium se ubica a un precio de 0,95 centavos de dólar. Los petroleros pretenden cobrar el litro de nafta a U$S 1 (o más) considerando que en Estados Unidos el litro cuesta U$S 0,91, en Chile roza un dólar y medio y en Uruguay casi los dos dólares. Este sector que recibe millonarios subsidios y tiene un precio mínimo de referencia (“barril criollo”) es un claro de ejemplo de la voracidad de ganancias de los grandes empresarios. Es entonces que, con el nuevo tipo de cambio, se ejecuta un reordenamiento de precios al alza que llevaría la inflación para diciembre a valores del 30 % (o más), una dinámica que se sostendría (o se profundizaría) durante los meses del verano, en los cuales se preparan tarifazos en la energía eléctrica, el gas y el transporte.

Aunque Caputo considere que el dólar a 800 pesos sea un “mecanismo complementario”, dentro de un plan de ajuste que tiene a la reducción del déficit fiscal como “ancla” para evitar la hiperinflación; en realidad, una devaluación tan grande alienta un fogonazo inflacionario que juega un papel central en lo inmediato haciendo el trabajo sucio del ajuste. Con la inflación que estamos viviendo y mientras no haya una actualización inmediata de salarios, jubilaciones y programas sociales, se licúa rápidamente el poder de compra de los ingresos de las mayorías trabajadoras, los presupuestos públicos y las deudas en pesos. Generando una profundización de la redistribución de la riqueza de la clase trabajadora y de sectores medios (comerciantes, profesionales, pequeños productores) al gran empresariado. Recordemos que durante el gobierno de Macri se transfirieron 31.000 millones de dólares desde el trabajo al capital, y con el gobierno de Alberto Fernández fue de 70.000 millones, según el informe nro. 41 de CIFRA/CTA.

Con la devaluación los exportadores (agrarios, cerealeras, mineras, petroleras, entre otros) ven mejorar sus ingresos en pesos (incluso aquellos que pagarían retenciones del 15 %); los industriales con un tipo de cambio tan alto se ven protegidos frente a las importaciones; aunque reciban un encarecimiento de los insumos o bienes de capital importados dado que pagarán el “impuesto país” (17,5 %). Al sector importador le otorgan un beneficio para saldar las deudas con los proveedores internacionales. Con una jugada a lo Messi (de las finanzas) Caputo les tiró un centro de gol. El Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre les permite a los importadores comprarlo al tipo de cambio oficial ($800) y entregarlo a los proveedores que cobran al vencimiento en dólares y tendrán una tasa de interés del 5 % anual mientras lo conserven. Si hoy con el cepo tuviesen que comprar dólares por el mecanismo de contado con liquidación, deberían pagar 1.100 pesos. El Estado no solo con la emisión de bonos se hace cargo de una deuda entre privados, o sea, una estatización o socialización de deudas, que además van a aumentar el déficit fiscal que tanto se insiste en reducir. A los importadores les hace un descuento del 30 % del valor del dólar. De esta forma, la ayuda alcanzaría hoy los 8.000 millones de dólares que equivalen a todo lo que quieren recortar en jubilaciones, programas sociales y subsidios. Por último, el 50 % de la deuda que tienen los importadores es intrafirma, según indicó el ex ministro de Producción de Macri, Dante Sica, una deuda que muchas veces tiene el componente de precios de transferencia que las compañías utilizan para bajar el precio de las operaciones y pagar menos impuestos.

Toda esta enorme transferencia de recursos desde lo que menos tienen a los ricos ocurre en un país donde el 56,2 % de las y los niños hasta 14 años están en la pobreza. Con estas medidas, otra vez, la crisis la paga el pueblo y no, como se dijo tanto en campaña, la casta; es más, no anunciaron una sola medida contra los privilegios de los funcionarios y jueces. De lo primero es consciente el gobierno y lanza una paliativo de aumento del 100 % en la AUH y del 50 % en la Tarjeta Alimentar. Estos montos finales serán devorados por la inflación de estos meses. De la casta, el gobierno desde el día de la asunción es consciente que ya no se habla más: se negocia con ellas y ellos.

La pata fiscal del plan de ajuste ortodoxo pretende alcanzar en 2024 el equilibrio entre gastos e ingresos del Estado nacional. Para esto es necesario reducir el déficit del 5 % del PBI, compuesto por 2,8 % de déficit primario y de 2,2 % de déficit financiero (pago de deuda). La tan anunciada motosierra pasaría por transferencias a las provincias, obras públicas (no se realizarían nuevas), reducción de subsidios a la energía y transporte, congelamiento del presupuesto para 2024 (manteniendo el del 2023); con estos recortes se obtendría un 2,9 %. A la vez que se aumentan impuestos alcanzando un ingreso de 2,2 % del PBI. Con esta combinación de recorte y licuación del gasto por inflación y aumento de impuestos pretenden este año llegar al déficit cero. Con una inflación que se estima del 30 % para diciembre y los meses del verano, con un presupuesto congelado a valores 2023, partidas hacia las universidades, agua potable, vivienda, salud o educación sufrirán fuertes recortes en términos reales.

Un día después de los anuncios se dio a conocer que las y los jubilados están, una vez más, en la mira. Así como hizo Macri y Alberto Fernández, también lo haría Milei cambiando la fórmula de actualización jubilatoria. No para que ganen, sino como hicieron sus antecesores, para que pierdan frente a la inflación. Esto debería pasar por el Congreso, como otras medidas impositivas (reversión de los cambios en el impuesto a las ganancias aplicado al salario, “cuarta categoría”) y para ello se encuentran negociado con los gobernadores del PRO, la UCR y el PJ.

Es entonces que estos primeros anuncios del plan Milei combinan toda la ortodoxia en materia de liberación de precios, fuerte devaluación del peso, con un aparente congelamiento del presupuesto público nacional (que permite licuar salarios, jubilaciones y demás partidas sociales y subsidios). Primeras medidas que no terminan de satisfacer a un sector empresarios, exportadores de las llamadas “economías regionales”, a quienes les subieron o aplicaron retenciones, a los bancos que dejaron con tasas por debajo de la inflación, mientras se habla de nuevos impuestos los mercados (quedan perdiendo frente a la inflación y así les permite también licuar el ahorro de los depositantes de plazos fijos), la suba de impuestos y el mantenimiento del cepo. En esto último el compromiso de devaluación del 2 % mensual (crawling peg) tampoco resulta del todo atractivo a los exportadores con niveles de inflación de dos dígitos. Considerando las experiencias de los denominados planes de “estabilización macroeconómica”, aunque este aún no lo es, se focalizó más bien en actualizar algunos precios como el dólar y ahora van a venir otros como las tarifas; estas decisiones de política económica bien pueden ubicarse como una previa. Un momento donde bajo el terror de una hiperinflación, con números apocalípticos (un litro de leche a 60.000 pesos) pretenden avanzar licuando el poder de compra de las mayorías trabajadoras (salarios, programas sociales y ahorros). El gobierno ganaría así tiempo en pos de emprender otra batería de medidas de ajuste, privatizaciones (que ya fueron anunciadas en campaña) y reformas antiderechos a favor del gran capital.

Responder rápidamente para derrotar este plan antiobrero y antipopular se torna vital. Para ello, se necesita organizar la resistencia del conjunto de la clase trabajadora. Las centrales sindicales a nivel nacional y en las provincias deberían preparar un gran paro general en unidad con las organizaciones sociales, para conquistar así la reapertura de paritarias, que el salario, las jubilaciones y programas sociales aumenten mes a mes según la inflación. Un mínimo salarial equivalente a la canasta familiar y la prohibición de despidos en empresas que van a aprovechar la crisis para descargarla sobre los trabajadores. Pelear por la anulación de los tarifazos en los servicios públicos y la defensa de la educación y la salud pública. Esta demostración de fuerzas tiene que servir también como respuesta a todo intento represivo sobre los pobres como hoy lo es el plan de seguridad anunciado por la ministra de la mano dura, Patricia Bullrich.

La falacia del ilusionista

De aplicarse este fuerte recorte y persistir meses de alta inflación se podría luego “ver la luz al final del túnel”, como dijo Milei el día de la asunción. Suena parecido a cuando Macri sostenía la vela del segundo semestre. Una ilusión que le empieza a costar sangre, sudor y lágrimas al pueblo trabajador que siente en sus bolsillos las consecuencias.

Según el dogma libertariano, la única causa de la inflación es la emisión monetaria. En el caso argentino la emisión tiene como objetivo financiar el déficit fiscal. Muerto el déficit fiscal, muerta la rabia (la inflación). De este simple diagnóstico desprenden que la solución pasa por aplicar la motosierra sobre el gasto público sin piedad sobre jubilados, trabajadores estatales, familias que reciben ayudas sociales, o los ya de por sí, deficientes servicios de salud, educación, agua potable o las tan necesarias viviendas que nunca se construyen acorde al fenomenal déficit habitacional.

El gasto primario del Estado nacional tiene entre sus principales componentes a las Prestaciones Sociales (jubilaciones y pensiones, PAMI, programas sociales) que representan un 54 %, y a los Gastos de Funcionamiento que alcanzan un 16 %. El recorte anunciado golpea a la clase trabajadora, no solo a las y los estatales o a quienes reciben una ayuda social; sino también a quienes necesitan la educación, la universidad o la salud pública. Las jubilaciones mínimas (sin bonos) han perdido frente a la inflación 31,6 % y los salarios de los estatales no recuperaron el 20 % perdido con Macri, durante el gobierno del Frente de Todos. ¿Entonces, como pueden ser los responsables de la inflación si sus ingresos pierden frente a la misma?

Pero aún así, si volvemos sobre la misma cuestión del déficit, un 40 % responde al endeudamiento del Estado que exige toda una ingeniería financiera por la cual mes a mes se emiten bonos en dólares y pesos –atados a la inflación– que presionan sobre las expectativas inflacionarias. Agregando así mayor volumen a la inercia inflacionaria. Aunque aquí no repasemos el historial de fraudes, estafas y actos ilícitos para salvar a grandes empresas y banqueros que dieron lugar a la deuda pública tanto por gobierno democráticos como militares, sí vale recordarlo, dado que este endeudamiento generado a espaldas del pueblo no se considera como parte de los mecanismos que alimentan las expectativas inflacionarias.

A su vez, el déficit cuasi fiscal, el endeudamiento del Tesoro Nacional con el Banco Central, fundamentalmente, a través de las Leliqs, genera una suerte de emisión monetaria diaria equivalente a 87 millones de pesos. Si bien estos pesos quedan dentro del sistema financiero como respaldo de los plazos fijos de los ahorristas (y constituyen un gran negocio para los bancos), el hecho que para que se mantengan allí y no se dirijan a la compra de dólares y/o a la economía real (compra de mercancías) se tenga que elevar acorde a la inflación mensual la tasa de interés (como venía siendo hasta ahora), es otro mecanismo de presión indirecta sobre las expectativas inflacionarias. Las grandes empresas se guían también por la evolución de la tasa de interés, al momento de fijar precios y de decidir cuánto de sus ganancias vuelcan a la compra de dólares, tensionando así ese mercado que con el cepo deriva en mayores expectativas devaluatorias (la famosa “brecha”).

Entonces, como vemos, es mucho más compleja la cuestión fiscal; sus actores con roles completamente desiguales (un jubilado o una maestra y un banquero serían parte del déficit, salvo que a uno se lo acusa de generarlo y a otro se lo premia) y la relación del déficit con la inflación. Simplificar la cosa a la manera libertariana no es más que una falacia “ad populum”.

El lado b, de la inflación

Aunque en la historia argentina los procesos inflacionarios han tenido una continuidad casi sin interrupciones en los últimos 70 años, como decimos antes, la inflación no obedece solo a la cuestión monetaria. El país regresó a un régimen de alta inflación en los últimos años. Pero lo que debemos considerar con atención es que el mismo está íntimamente ligado a distintos mecanismos que operan para que el peso pierda respaldo como moneda. Las reservas del banco central han caído a punto tal que este año se ubican en un terreno negativo (en términos netos). Y así se deja expuesto al peso a perder respaldo, lo cual, en un contexto de cepo, redobla las presiones permanentes a la ampliación de la brecha entre la cotización del dólar oficial y los dólares que se compran por canales paralelos. Un informe del CEPA (marzo, 2023) indica que el comercio exterior arrojó un superávit de U$S 47.918 millones entre diciembre de 2019 y enero de 2023. No obstante, las reservas cayeron 2.355 millones. ¿Cómo puede pasar esto? Este tipo de resultado lo explica en gran parte el pago de deuda por 20.768 millones (43,3 %) y la fuga de capitales de 4.854 (10,1 %). Mientras ocurren estos movimientos, año tras año se acumulan stocks de dólares generados en la propia economía pero que los migran. Hay 424.535 millones de dólares, equivalentes al 70 % del PBI, en activos en el exterior (dólares en cajas en cajas de seguridad, inmuebles, muebles, acciones, entre otras formas de riqueza).

Es entonces que el problema de un país atado a los mecanismos de subordinación y saqueo de la deuda en dólares, el rol de los especuladores financieros, a los grandes empresarios que atesoran su ganancia fugándola al exterior, sumado a una estructura productiva que tiene una alta dependencia de las importaciones para producir bienes industriales o la propia actividad del campo y la minería (dado el proceso de desindustrialización relativo desde el ‘76 en adelante), todo esto, se expresa en una ecuación donde pese a la abundancia de dólares, estos terminan yéndose, y entonces pareciera que nunca los tuvimos.

Una desafío a este modus operandi es quitar el actual comercio exterior en manos de un puñado de multinacionales y pasarlo a manos de la clase trabajadora. Se trata de decidir en forma colectiva qué y cuánto se exporta e importa, establecer mecanismos (cambiarios e impositivos) para que los precios internos de los alimentos no se cobren a valor dólar, teniendo en cuenta el predominio de las exportaciones de materias primas (soja, trigo, maíz, harinas, carnes, lácteos, etc.) y otros mecanismos para utilizar la renta agraria, minera y petrolera en pos de abaratar las importaciones de insumos o bienes de capital. A la vez, se necesita pelear por el no pago de la deuda externa, el principal canal de drenaje de divisas del país. Estas medidas se deben fortalecer con la nacionalización del sistema bancario, un canal privilegiado para la fuga de capitales, que en manos de los trabajadores sería un medio de resguardo del ahorro nacional (evitar “corralitos”, planes “Bonex”) y su canalización a tasas de interés accesibles para los jubilados, familias trabajadoras, pequeños comerciantes y productores. Con estas medidas se podría mejorar el activo el Banco Central, dotarlo de divisas que le den respaldo al peso y, a la vez, establecer precios de los alimentos y de las importaciones necesarias para la producción en resguardo del mercado interno.

Lo que ocultan al pueblo: plata hay

La contracara del ocultamiento de este saqueo es otra falacia ad populum. “No hay plata” dicen, refiriéndose a las cuentas públicas pero en un sentido más general, tratando de mostrar una economía de conjunto desequilibrada donde no queda un centavo. Y por ende, la única alternativa es aceptar el ajuste directo del gasto público, altísima inflación, postergar paritarias y que en algún momento la luz vuelva a todos los hogares. ¿Por qué no hablan de las ganancias millonarias de las grandes empresas? En lo que va del año, Ledesma ganó $ 13.500 millones, Arcor $ 35.534 millones, Molinos Río de la Plata $ 20.010 millones, Edenor $ 52.916 millones, Banco BBVA $ 75.884 millones, YPF $ 79.499 millones o Sales de Jujuy (litio) $ 122.150 millones.

No es nuevo este tipo de narrativas económicas, donde la plata que amasan unos pocos a costa de las mayorías se oculta. Esa abundancia es como si no existiese. Mientras tanto, se fundamenta una presunta escasez que es útil al momento de hacer pasar programas de shock. Quienes estudian los planes de estabilización sostienen que una de las claves de su “éxito” está en una buena estrategia de comunicación inicial. O sea, la cuestión pasa por que los millones destinados a propaganda en TV, redes, diarios y radios, sea efectiva para que las falacias entren en el ideario del pueblo. Aquí se plantea un terreno de batalla por desafiar este sentido común.

¿Funcionará?

Un adelanto, tal vez, del destino que puede tener el Plan Milei, lo encontramos en una reciente publicación de Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman. Los autores estudiaron 46 planes de estabilización aplicados en 13 países de la región entre 1970 y 2020. El dato es bastante contundente: la probabilidad de que tengan éxito reduciendo la inflación es bastante baja. Solo 11 casos lograron que la inflación se reduzca de manera sostenida y, luego de 5 años, se ubique por debajo del 20 % anual. Argentina tuvo un ensayo con el Plan Austral de 1985, que terminó fracasando con las hiperinflaciones de 1990 y 1991. La estabilización de precios se alcanzó temporariamente con el régimen de la convertibilidad, aplicado tras la fuerte baja del poder de compra del salario, las jubilaciones, la licuación del gasto público que provocaron las hiperinflaciones y luego con el ingreso de dólares provenientes de la venta de las empresas del Estado, dejando en la calle a medio millón de trabajadores. El final desastroso en términos sociales del Plan de Convertibilidad es otra muestra que estos planes, de funcionar, siempre lo hacen a costa del pueblo trabajador.

En lo inmediato las primeras medidas económicas de Caputo tendrán que pasar por la prueba de sus propias contradicciones. Una de ellas es la inflación desatada que se calcula al 60 % para los próximos dos meses. De continuar a estos niveles puede retornar un nuevo atraso en el tipo de cambio real, lo cual presionará para nuevas devaluaciones. El propio ministro el miércoles 12 dijo en TN que habían puesto bien alto al dólar para evitar una devaluación rápida. Respecto a la reducción del déficit, a la luz de la experiencia histórica, y sosteniendo aún un cepo cambiario, esta medida es insuficiente como para garantizar que no vuelvan las presiones devaluatorias que agregarían más leña a la inflación.

Volviendo a los autores, estos señalan que las posibilidades de éxito o fracaso en términos de la estabilidad de los negocios capitalistas y su Estado dependen de las condiciones macroeconómicas previas al lanzamiento de los planes.

Para los autores, por la experiencia histórica, tuvieron menos complicaciones o mejor suerte aquellos planes que se aplicaron en países con bajos déficits fiscales o superávit al igual que la situación de la balanza comercial y de pagos (que registra todas las operaciones comerciales y financieras con el resto del mundo). También consideran la situación del mercado mundial y la evolución de las tasas de interés internacionales que en caso que suban es negativo para el país. El caso actual de Argentina parte de un importante déficit fiscal, acompañado de un déficit comercial y de balanza de pagos, atraso cambiario y cepo, a lo cual se agrega un fuerte endeudamiento con el exterior. Y el contexto internacional con la vuelta de la inflación presiona sobre las tasas de interés. Esta realidad contempla entonces las medidas que se toman antes de la implementación del plan, las cuales, como es el caso actual, combinan fuertes ajustes fiscales (suba de impuestos), devaluaciones e intentos de congelamiento salarial y de jubilaciones, desindexación de contratos, tasas de interés negativas, que en su conjunto conducen la economía a la recesión durante meses.

La anunciada “estanflación”, caída de la actividad, despidos y alta inflación, es un anticipo que hizo Milei y que guarda relación con otros momentos de la historia cuando se aplicaron programas por el estilo. La economía luego del hundimiento tarda meses (a veces un año o más) en recuperar el mismo nivel de actividad previo a las medidas de estabilización. Lo cierto es que también, aunque no lo consideran estos autores en su estudio, no se vuelve a los mismos niveles de derechos y condiciones laborales, salario y jubilaciones en dólares que había antes del las políticas de shock “estabilizador”. La clase trabajadora en su conjunto queda en modo perdedor, y esa es la cuestión de fondo para que el plan sea considerado “exitoso” en el tiempo. Lo que está claro leyendo entre líneas su trabajo es que siempre las mayorías pierden con programas “exitosos” o fracasados.

Otro aspecto a considerar según los autores es la fortaleza política del gobierno que tiene que asumir planes de ataque. En el caso de Milei, es un gobierno con fuertes debilidades de origen (minorías en el Parlamento, no tiene gobernadores propios, ni llegada a la burocracia sindical, organizaciones sociales, universidades), expuesto a tomar decisiones con relativa soledad; y a la vez, tiene que negociar con las fuerzas políticas tradicionales, con el FMI, la puesta en pie de un nuevo plan para pagar la deuda, cuestión que puede acelerar la pérdida de popularidad y de control de la propia situación si no logra los consensos necesarios para su plan en un tiempo cargado de crisis, y de los efectos de una altísima inflación y recesión.

Por último, desde el ángulo de quienes explican el drama de la inflación argentina desde la hipótesis de la “puja distributiva” (Gerchunoff, Rapetti, 2016), se puede avizorar también lo que está en juego para el éxito o fracaso del plan Milei. Estos autores indican que la cuestión del “éxito” de un programa de estabilización se alcanza cuando hay una coincidencia entre el “tipo de cambio real” de equilibrio macroeconómico, aquel que permite mantener simultáneamente el pleno empleo y un balance de pagos sostenible; y el tipo de cambio real de equilibrio social “que emerge cuando los trabajadores plenamente ocupados alcanzan el salario real al que aspiran”. Dicho de otra forma, en caso que no coincidan el tipo de cambio real que necesita el gran capital (para hacer sus negocios y el FMI cobrar su deuda) con las aspiraciones al nivel de vida de la clase trabajadora, dado un determinado nivel de productividad del trabajo, estaremos en presencia de un conflicto distributivo entre las clases que alienta suba de precios, devaluaciones que retroalimentan la inflación, sin poder entonces llegar a una situación de equilibrio. Si bien se embellece el capitalismo bajo la idea de un equilibrio social, algo que nunca puede suceder en una sociedad basada en la explotación –robo de trabajo ajeno– de una minoría sobre la mayoría trabajadora, estos autores permiten vislumbrar que todo intento de imponer un equilibrio macroeconómico dependerá en última instancia del resultado de la lucha de clases.

Este plan de ataque recién comienza, y si bien encuentra a la clase trabajadora con un fenómeno nuevo en términos históricos –la enorme fragmentación entre ocupados registrados y no registrados, cuentapropistas y desocupados–, el talón de Aquiles del gobierno de Milei es que la clase trabajadora no viene de sufrir las derrotas como sí tuvo con la dictadura o luego del estallido de la convertibilidad. Lograr imponer un sufrimiento, ajuste y mayor desocupación durante meses y meses, será una difícil tarea para el gobierno, la burguesía y el FMI. Sobre este problema de ellos, y sobre las fortalezas que mantiene la clase trabajadora, radica la pelea por organizar la resistencia para que el fracaso del plan Milei se trasforme en la posibilidad de dar una salida a la crisis a favor de las mayorías y que sean los grandes empresarios y sus gobiernos los que paguen los platos rotos de algo que ellos generaron.