Las estadísticas conocidas la última semana muestran un derrumbe industrial y en la construcción. “No hay plata”, dicen el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y China. Un paro nacional que dejó a las claras que Milei no se lleva puestos a todos y todas. La “convertibilidad” sui generis de 1 dólar igual a 1.000 pesos argentinos, combinada con el cepo cambiario, abre grietas en el frente empresario: el agropower presiona por una devaluación; los amigos del capital financiero tienen escondido entre las mangas el fantasma de una corrida cambiaria. El superávit fiscal, su fragilidad y los efectos que podría tener la depresión económica en los ingresos públicos. Las falsas esperanzas en la Ley Bases y en el paquete fiscal para reactivar la economía. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el rol subordinado de la burguesía nacional al capital imperialista.

Javier Milei se propuso reactivar la economía y aniquilar la inflación. El profeta armado con la “dolarización” prometía salvar a los caídos de una larga década de estancamiento económico. Por el momento, guardó su receta mágica para un mejor momento.

El Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa ya había dejado la actividad en situación de terapia intensiva con un nivel del PIB (Producto Interno Bruto) que en 2023 fue menor que el registrado en 2013, una década atrás. La decadencia argentina es más grave si se mide PIB per cápita, es decir considerando la capacidad de generar riqueza medida por habitante. Todos los gobiernos de la última década contribuyeron a este devenir económico desastroso.

Técnicamente, cuando se conozcan los datos oficiales del INDEC correspondientes a la evolución del PIB durante el primer trimestre (enero-marzo) de este 2024, la economía será declarada en recesión al acumular dos trimestres consecutivos de retroceso. Pero este diagnóstico no es suficiente para dar un panorama completo. El programa del Gobierno de La Libertad Avanza, puesto en perspectiva, hunde a la economía en la depresión: esto es en una caída prolongada, profunda y con un impacto destructivo muy difícil de revertir en el empleo, los salarios y en el entramado productivo.

Las estadísticas sobre los despachos de cemento, que constituyen un indicador sintético de lo que ocurre en la construcción, aunque durante el mes de abril mostraron una leve recuperación en relación a marzo, ofrecen una imagen que ilustra el hundimiento: la contracción fue del 36 % en términos interanuales (versus abril 2023). De este modo, los despachos de cemento registraron retrocesos interanuales durante 13 meses consecutivos. La caída se verifica desde abril de 2023, con Sergio Massa como súper ministro de Economía, pero se acentuó fuertemente con La Libertad Avanza gracias a la suspensión de la obra pública.

La macroeconomía, vista de conjunto, combina una inflación que cedió un poco (se espera una cifra menor al 10 % cuando el próximo martes el INDEC difunda los datos de abril), pero sigue tan elevada como en los peores meses de Massa, con un retroceso de la actividad económica que se hunde en mayor proporción que en los peores meses de exsúperministro. Por eso, la perspectiva de una depresión empieza a conversarse y analizarse entre economistas y no economistas. Es más, la desaceleración del ritmo de aumento de la inflación no es autónoma del panorama general o resultado del éxito del gobierno, sino que, por el contrario, la baja en el ritmo de aumento de los precios se explica porque “no hay plata” para comprar, cae el consumo popular, retroceden las ventas y la producción se derrumba.

Los datos del INDEC conocidos durante esta semana exhiben que la realidad de derrumbe de la construcción no es un hecho aislado debido a la parálisis de la obra pública, sino que todo el aparato económico está afectado: en marzo, el índice de producción manufacturero retrocedió 6,3 % con relación a febrero y 21,2 % con relación a marzo del año pasado. Todas las categorías en la que se desagrega el índice manufacturero mostraron caídas pronunciadas. En toda la economía, los datos recientes del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) ubicaron en 63 mil los puestos perdidos en el sector formal entre diciembre y febrero. Luis Campos, Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, desagregó en un hilo de la red X el crítico panorama.

Paro general

Con oscilaciones, el salario real (es decir, comparado con la inflación) experimenta una tendencia decreciente desde 2017 y sufrió un nuevo zarpado en los primeros meses de La Libertad Avanza. Según el Índice de Salarios del INDEC, en el período noviembre 2023-marzo 2024, la caída es del 12 % entre los trabajadores formales del sector privado y del 21 % entre los trabajadores formales del sector público. Entre los informales el retroceso es del 27 %. En el caso de los formales (privados y públicos) la mayor caída se verificó en diciembre y luego se moderó. No es el caso de los informales que registran caídas importantes luego de diciembre. En cualquier caso, es falsa la reciente afirmación de Milei sobre una supuesta recuperación salarial.

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La recuperación salarial dependerá de las luchas de la clase trabajadora, que con el paro del 9 de mayo mostró la fuerza social que puede pararle la mano a la prepotencia libertariana. Entre la marcha universitaria del 23 de abril y el paro nacional, se escenificó en potencia la unidad obrero estudiantil, que en otros momentos de la historia puso en jaque a regímenes dictatoriales como el de Juan Carlos Onganía. El gobierno negó el impacto del paro. Pero los “mercados” registraron este viernes 10 de mayo cuatro jornadas de retroceso en el Índice Merval luego de registrar un máximo el martes 7. En la city porteña se habla de un compás de espera entre los inversores por la postergación del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Nadie asumió que el retroceso en el Merval se explica por el paro, pero todo tiene que ver con todo y la euforia de los “mercados” se pinchó justo esta semana.

No hay plata

Antes de ser presidente, en su ascenso mediático, Javier Milei mantuvo una recordada conversación con Alejandro Fantino en la cual, ante las dudas del conductor televisivo, el ahora presidente ofreció exponer los mensajes de su celular para demostrar que un “importante banco” le financiaría la "dolarización" de la economía. El “acting” no llegó a tanto: el libertariano nunca expuso sus chats. La “dolarización”, esa promesa que fue la joya de la campaña electoral parece haber sido guardada en el baúl de los recuerdos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le habría hecho al presidente una promesa más modesta: conseguir U$S 15 mil millones para salir del cepo cambiario. Pero la plata no llega. Las gestiones frente al FMI y ante el Tesoro de los Estados Unidos son respondidas con comunicados amables del organismo internacional que, no obstante, no dejan de señalar las inconsistencias del programa económico y la necesidad de un consenso político que respalde el ajuste. No hay plata fresca, parecen decir desde Washington.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, lanzó Milei en campaña para generar la sonrisa y el beneplácito de los jóvenes libertarianos. La realidad se invirtió: ahora se muere de ganas por negociar la continuidad del “swap” (intercambio de monedas) con China, que le sirvió a Sergio Massa para fortalecer de manera artificial las reservas del Banco Central. Los chinos son todos iguales, según la apreciación de la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino. Reñida con ciertas reglas de la diplomacia, donde cada palabra se mide científicamente, no se sabe si la ministra quiso congraciarse o agraviar a los chinos.

En junio próximo vence un tramo de “swap” que fortalece las reservas del Banco Central por unos U$S 5.000 millones. Por ahora, los chinos dicen "no hay plata". Más allá del “swap”, la tensión con China se percibe en la detención de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz con 1.800 despidos, impacta en el proyecto de un puerto en Ushuaia y en las mejoras del Ferrocarril Belgrano. Según trascendidos, el presidente chino, Ji Xinping, exige una rendición personal de Milei para sostener el “swap”.

Sin dólares frescos, ni de oriente ni de occidente, el esquema económico de Milei navega en sus propias fragilidades.

Grietas en las cumbres

Caputo no logró los dólares que iba a conseguir para salir del cepo, pero sí rearmó, todavía en pequeña escala, una bicicleta financiera similar a la que armó cuando fue funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. En esta bicicleta financiera los fondos especulativos hacen un gran negocio con las tasas de interés que paga el ministro por las colocaciones de deuda del Tesoro (Ministerio de Economía) en pesos argentinos a tasas variables. Pero, como esos fondos miden su rendimiento en dólares, su negocio depende de la continuidad del cepo. Es que una devaluación del peso les haría perder, en términos de dólares, lo que ganan con las tasas de interés en pesos.

Es decir, Caputo no solo no consiguió dólares para salir del cepo, sino que armó una bicicleta que depende de la continuidad del cepo. Así es el mundo dominado por el capital financiero: el gobierno financia con las altas tasas de interés y la persistencia del cepo las ganancias de los fondos especulativos; en lugar de que los fondos especulativos contribuyan dólares para salir del cepo. Esta contradicción la señaló una economista escuchada por el establishment económico, como Marina Dal Poggeto, “tu programa financiero, paradójicamente, depende cada vez más del cepo”.

En estas condiciones, el gobierno se está enamorando de una suerte de “convertibilidad” sui generis de 1 dólar igual a 1000 pesos argentinos por la vía de los hechos. Es un esquema financiero “friendly”. La consecuencia es la peor de la convertibilidad: el atraso cambiario. Y se combina con lo “peor” del esquema kirchnerista: el cepo, que espanta inversión a largo plazo en ampliación de la capacidad productiva. El esquema actual es a favor de la bicicleta financiera, una especulación de corto plazo.

Stanley Druckenmiller, es conocido como el heredero de George Soros, el magnate que especuló contra la libra esterlina del Reino Unido y ganó provocando la devaluación de esa moneda. Milei se codeó con Druckenmiller en su reciente viaje estelar a la cumbre del Milken Institute en Los Ángeles. El heredero alentó al libertariano, pero sus inversiones en Argentina son especulativas, en el llamado “hot money”, que le permiten irse rápido cuando se revierta la bicicleta financiera.

Jorge Piedrahita es un argentino que actúa como CEO de una firma de asesoría con sede en Nueva York. En una entrevista con El Economista ponderó la visita del presidente argentino y sus abrazos con Elon Musk en Los Ángeles como “marketing y propaganda de alto nivel a un bajo costo. Algo similar sucedió con (Mauricio) Macri inicialmente y luego cerró su mandato con una crisis. El Gobierno e incluso parte de la prensa exageran el impacto de las cumbres libertarias que generan ríos de tinta en los periódicos pero no generan aun inversión directa”.

Una devaluación haría perder a los fondos especulativos. En sentido contrario, la devaluación sería bien recibida por el agro y la industria exportadora que la espanta el combo de dólar estable e inflación, en tanto que le quita rentabilidad y competitividad.

Desde el agropower también reclaman una baja de las retenciones, que es uno de los pocos ítems de la recaudación pública que aumenta. “A las retenciones las bajaremos cuando tengamos reservas sólidas en el Banco Central”, afirmo Juan Pazo, un funcionario que responde a Caputo y fue enviado a dialogar con los productores agropecuarios en el Congreso “A todo trigo”. Los trascendidos indican que el ministro Caputo acumula enojos con sectores empresarios varios, incluidos los agroexportadores, e incluso que ejerció presión para que no especulen. Pero todo indica que el agropower seguirá moderando las liquidaciones de exportaciones, escondiendo la soja y el maíz bajo el poncho para presionar por una mejora de sus ingresos.

Por el momento, la diferencia que se manifiesta entre sectores del gran capital se concentra en la cotización del dólar, pero no se traduce en programas económicos alternativos en tanto que toda la burguesía abriga esperanzas en el ajuste fiscal, en los bajos salarios y en los negocios que se pueden abrir con la Ley Bases y el paquete fiscal, que se discute en el Senado Nacional.

Pero, aun sosteniendo el tipo de cambio planchado en beneficio del capital financiero, no se puede descartar que sea este mismo sector el que le ponga al oficialismo el desafío de una corrida cambiaria, como la que enfrentó el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando J.P. Morgan y otros actores de la banca internacional que se estaban llenando de plata con la bicicleta financiera retiraron miles de millones de dólares del país frente a las fragilidades emergentes de aquel esquema económico.

Caputo conoce bien esa historia porque en ese entonces estaba al frente de las finanzas del país y fueron sus ex empleadores del J.P. Morgan los que desestabilizaron el frente económico y condujeron a aquel gobierno a los brazos del FMI. El fantasma de aquel abril de 2018 no persigue de manera personal al ministro, sino al gobierno y su precario esquema económico.

El oficialismo corre el arco: primero dijo que abriría el cepo en la segunda parte del año; ahora deja trascender que será recién para el 2025. El momento no será el más adecuado. Hacia el año próximo se elevan los pagos en dólares con acreedores privados, fundamentalmente con fondos de Wall Street. Abrir el cepo en momentos en que el Banco Central sufrirá los temblores de pagos de deuda en dólares puede ser un combo explosivo.

Un mar de fragilidades

El gobierno se aferró al “ancla fiscal” como salvación para todos los problemas económicos. Los buenos resultados en términos de déficit primario (sin contar los pagos de deuda) y de déficit financiero (considerando los pagos de la deuda) de los primeros meses del año no resultan sostenibles.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pudo mostrar esos éxitos gracias a la licuación de jubilaciones y de otras partidas del presupuesto social, a la paralización de la obra pública y de los envíos de recursos fiscales discrecionales a las provincias. Pero también gracias a la postergación de pagos, como ocurre en el caso de las empresas de generación de energía a las cuales el ministro quiere colocarles títulos de deuda para patear hacia adelante la cancelación de deudas. Las empresas rechazan esta propuesta. Esta tensión es una muestra de una tensión más amplia que comienza a palpitarse con el sector empresario.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en base devengado (es decir, considerando lo que tendría que haber pagado la Administración Pública Nacional, independientemente si el pago se efectúo) los resultados primario y financiero se fueron diluyendo progresivamente: en enero el resultado primario fue positivo por 3,5 billones de pesos y el financiero por 1,7 billones de pesos, pero en abril las cifras se redujeron a 0,5 billones de pesos y 0,2 billones de pesos, respectivamente. Durante los primeros cuatro meses del año la recaudación se contrajo 10,1 % en términos reales (descontada la inflación), pero este resultado, al ser desagregado, muestra otra realidad: la recaudación vinculada al tipo de cambio (impuesto PAIS, retenciones a las exportaciones) creció un 51 % gracias a la devaluación de diciembre mientras que la recaudación del resto de los impuestos retrocedió casi 25 %.

El problema para el oficialismo es que el resultado positivo por la devaluación no es repetible al menos que vuelva a aumentar el dólar (y se vuelva a disparar la inflación), en tanto que el retroceso del resto de los impuestos no es reversible en la medida que avance el hundimiento económico. Esto implica que la caída en la recaudación puede liquidar progresivamente los superávit fiscal y financiero conforme avance la recesión o depresión. Esta contradicción también la señaló Marina Dal Poggeto: “la recesión que vos necesitas para sostener el ajuste externo, para que el Banco Central siga comprando dólares, te complican en adelante los números fiscales”.

Por el lado del gasto público, los números dan cuenta que todo ajuste es político. Los gastos totales de la Administración Pública Nacional cayeron un estruendoso 28,6 % interanual (siempre en términos reales) durante los primeros cuatro meses del año. Todos los rubros muestran caídas, menos los pagos de intereses de deuda pública, que crecieron 2 %: estos recursos representaron unos 3 billones de pesos que fueron a parar, mayormente, a manos de los especuladores financieros que están entre los principales ganadores del Gobierno de Milei. En contraste, el mayor aporte al ajuste recayó sobre las jubilaciones y pensiones que retrocedieron 28,5 % entre enero y abril, en comparación con el mismo período del año pasado. La desaceleración de la inflación también es una “traba” para la licuación de partidas presupuestarias hacia adelante.

Los intereses de la deuda pública representaron más de 4 veces las transferencias realizadas a universidades y 1,15 veces el gasto en personal del ámbito público, que sufre los despidos gracias a la precarización de largos años del peronismo. Son solo dos ejemplos de cómo la deuda pública fagocita otras partidas presupuestarias. Esa deuda está manchada de ilícitos y es una herencia que se recicla desde la dictadura.

Pero en la historia reciente la deuda fue aumentada de manera sideral por el actual ministro de Economía cuando fue funcionario macrista, con fraudes como el bono a cien años emitido en favor de fondos de inversión o bancos internacionales en los cuales el ministro fue empleado o socio. Luego Martín Guzmán, el ministro de Economía de Alberto Fernández, la reestructuró en un esquema de pagos que comienza a ser creciente desde fines de 2024 y con fuerza desde 2025. El desconocimiento soberano de esa deuda fraudulenta es una necesidad acuciante para que el país pueda destinar recursos a la educación, la salud y para mejorar las jubilaciones.

El balance del Banco Central es el otro frente donde el mileismo se ufana de estar ganando la batalla con la licuación del pasivo en Leliq y pases pasivos, que constituyen mecanismos de deuda de la entidad monetaria. Las críticas al exitismo oficial redundan entre economistas valorados por el establishment: “no están limpiando el balance del Banco Central, lo están ensuciando”, afirmó el economista Roberto Cachanosky. A lo que agregó: “La deuda del BCRA crece más rápido que las reservas que compran. Ellos dicen las reservas que compran, no te dicen las reservas que liquidan”.

No solo eso. Volviendo a Dal Poggeto, la economista también señaló las consecuencias de la política monetaria: el Banco Central fue licuando la deuda en pesos, pero transfirió parte de esa deuda, que era a tasa de interés fija, a deuda del Tesoro (Ministerio de Economía), que es a tasa de interés variable. El Banco Central, a su vez, se endeuda en dólares con la emisión de Bopreal para cancelar la deuda generada por las importaciones del gobierno de Alberto Fernández y ahora también para facilitar el giro de dividendos al exterior. Este vaciamiento del país produce, en los hechos, un cambio de deuda en pesos por deuda en dólares.

El resultado final de esta alquimia es un mayor endeudamiento en dólares, tanto del Banco Central como del Tesoro (porque la deuda crece en pesos a tasa variable en un contexto de tipo de cambio atrasado). Por donde se la mire, la deuda es una carga insoportable para la economía que beneficia al capital financiero local e imperialista. En los próximos años el país no podrá afrontar los vencimientos con los especuladores de Wall Street. Una crítica reestructuración de bonos está en el horizonte cercano. La deuda eterna.

Ley Bases ¿una tabla de salvación?

Acosado por las fragilidades de su esquema económico en los frentes fiscal, monetario y cambiario, la posible aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, abrigan la esperanza del mileismo para mostrar frente al Gobierno de los Estados Unidos y ante el FMI que su programa cuenta con consenso en el régimen político capitalista argentino. Los empresarios se frotan las manos por los negocios que les espera si esas iniciativas son aprobadas. Ese combo de leyes busca quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras (con la restitución del impuesto al salario, con extensión de período de prueba, el abaratamiento de los despidos, la eliminación de la moratoria previsional, entre otros ataques) a la vez que otorga jugosos beneficios al capital.

El paquete fiscal propone un blanqueo muy generoso. Tanto que quien deposite el dinero en una Cuenta Especial de Regularización de Activos y mantenga allí el dinero no pagará nada de nada de impuestos, ni de multas, ni de nada. Y las otras modalidades de entrar al blanqueo son muy baratas. Un paraíso fiscal pampeano. Si nos remitimos a quienes ingresaron al blanqueo en la era Cambiemos, podemos darnos una idea de quienes podrían aprovecharlo ahora. En 2017 se filtró un listado con algunos de los que blanqueron. Figuraban Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, uno de los empresarios más ricos del país; el hermano del expresidente Gianfranco Macri; y Nicolás Caputo, amigo personal de Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía. No hay pruebas, pero tampoco dudas que el blanqueo tiene nombres y apellidos esperando lucir sus riquezas.

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Otro tanto ocurre con el Impuesto a los Bienes Personales. Las modificaciones propuestas hacen que este impuesto, el único que graba directamente a los más ricos casi se extinga. Beneficia directamente a Marcos Galperin, el hombre más rico de la Argentina. También serán beneficiados los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, dueños del Grupo Techint, que poseen la segunda fortuna del país. Se podría sumar a la lista de los ricos beneficiados a Alejandro Pedro Bulgheroni, dueño de la petrolera PAE; Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Río de la Plata; Eduardo Eurnekian, exjefe de Javier Milei en Corporación América. Pero la lista, si bien más extensa, no es tan larga porque la rebaja en Bienes Personales beneficia, fundamentalmente, a unos pocos miembros de la élite.

Las privatizaciones propuestas en la Ley Bases pueden ser un coto de caza para los fondos de inversión especulativos, como Black Rock, con fuertes lazos con el equipo económico y para el capital extranjero. Pero también para empresarios locales como el mencionado Eurnekian que tiene la concesión de los aeropuertos gracias a Carlos Menem y ahora podría, eventualmente, acceder a Aerolíneas Argentinas o a Intercargo (que realiza prestación de los servicios de atención en tierra a aeronaves), que están en el listado de empresas privatizables.

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Hasta acá los acuerdos de la clase empresaria. Pero el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases , abrió una grieta en el mundo empresario y político.

Un informe de FIEL indica lo siguiente: “El RIGI. ¿Por qué? La justificación es atraer grandes inversiones y, para ello, otorga una serie de beneficios que resultan o bien excesivos o que debieran generalizarse a toda la economía. Por ejemplo: las empresas pagarían una tasa de 25 % en el impuesto a las ganancias, se beneficiarían con la amortización acelerada de sus inversiones y el ajuste por inflación de los quebrantos; acreditan el 100 % del impuesto sobre débitos y créditos contra el impuesto a las ganancias; por tres años no pagan derechos de exportación ni aranceles y tasa de estadística sobre la compra de bienes de capital. Además, reciben un tratamiento preferencial y acelerado para la devolución del IVA pagado por las compras de bienes de inversión. Más allá de lo impositivo, se garantiza a estas empresas el acceso a divisas y que las exportaciones no estarán sujetas a cuotas de exportación”.

No es casual el rechazo de FIEL al RIGI, en tanto se trata de una fundación patrocinada por grandes empresas que operan en el país, como el Banco Galicia, el BBVA, el Supervielle, Bolsa de Cereales, Cargill, entre otros. La crítica de FIEL concluye que se va a beneficiar inversiones que tendrían lugar, de todos modos, en un contexto macroeconómico estable, por lo cual implica “tratamiento desigual a iguales, sin claros beneficios para la sociedad y con posibles costos en términos de recaudación”. El rechazo al RIGI también fue formulado por la UIA (Unión Industrial Argentina).

Otro informe, en este caso del CEPA (Centro de Economía Política Argentina, con economistas que pertenecen a Unión por la Patria) señala el diferencial de costos en favor del capital extranjero que podría conducir a los "grandes inversores" a realizar importaciones sin trabas en el marco del RIGI en detrimento del capital nacional. Más en general, el CEPA realiza una defensa de la “industria nacional”: el entrecomillado se debe a que de 287 compañías industriales que figuran entre las grandes empresas del país que releva el INDEC, 181 corresponden al capital extranjero. El exministro de Producción del gobierno de Alberto Fernández, Matías Kulfas, le parecen exagerados los beneficios impositivos y de acceso a divisas del RIGI, pero no le resultan graves. Lo que sí le pareció grave es que les permite a las empresas importar sin pagar aranceles, aunque se trate de bienes usados: su idea es que se desarrollen proveedores locales. El senador radical Martín Lousteau también criticó por excesivos los beneficios del RIGI.

La defensa de la “industria nacional” de sectores del peronismo y del radicalismo emerge separada de los industriales nacionales realimente existentes, cuyos exponentes más encumbrados son los responsables de gran parte de la fuga de capitales de las últimas décadas: su atraso en productividad y su falta de competitividad emergen de una estructura económica atrasada, sometida a los designios el capital imperialista, que ninguno cuestiona, pero que, evidentemente, es agravada por el envío de sus ganancias a paraísos fiscales en lugar de invertir en el desarrollo del país. Esa fuga de capitales muchas veces está financiada por el endeudamiento externo (como ocurrió con el préstamo del FMI al macrismo), ligada a la evasión de impuestos, como demostraron varias investigaciones, incluso algunas realizadas en el Congreso Nacional.

El RIGI está orientado (aunque no solo) para atraer a empresas mineras y petroleras para que saqueen los recursos naturales del país. El empresario Michael Meding, de origen alemán, es sindicado como uno de los defensores del RIGI, en tanto busca, junto a inversores internacionales la explotación de cobre en San Juan. Son varios los proyectos mineros que esperan el RIGI: la mina de plata "Taca Taca", proyectos de cobre "Agua Rica" en Catamarca y "José María" o "Pachón" en San Juan. Pero también otros tantos en Vaca Muerta.

No es casual que el quiebre en el bloque de diputados de Unión por la Patria quedó manifiesto cuando los diputados de Catamarca y San Juan, ambas provincias mineras, votaron a favor de este regalo tributario y de divisas en la Cámara de Diputados. No obstante, la reducción de la alícuota de Ganancias incluida en el RIGI podría ser redundante porque de 15 grandes empresas mineras que ya operan en el país y ofrecen voluntariamente información ante la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), solo 4 declararon ganancias en 2021. Es conocido como extraen sus ganancias, salteando el cepo, mediante la utilización de “precios de transferencia” con sus empresas asociadas en otros países, entre otras maniobras para sacar dólares del país.

El peronismo y el radicalismo críticos del RIGI no cuestionan el modelo extractivista que se promulga como “salvación” para juntar dólares para pagar la hipoteca de la deuda externa a costa de sacrificar el ambiente. Se ofrecen como operadores de las fracciones del capital local que quiere ser socia subordinada del capital imperialista extractivista. Es el modelo de Gerardo Morales en Jujuy que entrega el litio y reprime a los pueblos originarios. El peronismo, bajo la batuta de Cristina Fernández de Kirchner, ya realizó hace más de una década un pacto neocolonial con Chevron para el extractivismo de Vaca Muerta, con cláusulas secretas para que saquen divisas del país a través de paraísos fiscales. El régimen minero argentino, remodelado bajo el menemismo, es más entreguista que el neoliberal pinochetista de Chile, e incluso el régimen de inversiones extranjeras chileno es menos entreguista que el RIGI, como señala Ocipex.

Ahora Milei busca una reestructuración regresiva del país a imagen y semejanza del capital imperialista. La alternativa no vendrá del peronismo ni del radicalismo. La decadencia del país requiere una reestructuración del país impulsada por la clase obrera, con la nacionalización de los recursos estratégicos (mineros, hidrocarburíferos, agropecuarios) para que sean gestionados por las trabajadoras y trabajadores, bajo la orientación de una planificación racional, que respete el ambiente, que cuente con la participación de los pueblos originarios, que permita orientar los recursos obtenidos, no a pagar la deuda, sino a realizar inversiones fundamentales de acuerdo a un plan productivo que priorice mejorar las condiciones de vida de las amplias mayorías, para lo cual es necesario romper con el FMI y el capital financiero imperialista.

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