Opinión. Bolivia: crisis orgánica, bonapartismo judicial y la necesidad de una alternativa socialista y desde abajo

Un primer elemento para realizar un análisis de la situación nacional es señalar que nos encontramos a puertas de la profundización de la crisis orgánica, la misma que expresa, como un segundo elemento, la judicialización de la política como expresión incipiente de un bonapartismo judicial.

Crisis del MAS o crisis orgánica

Gramsci sostiene que la crisis orgánica se produce “ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas (como la guerra), o porque vastas masas (especialmente del campesinado y de pequeñoburgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de ‘crisis de autoridad’ y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto” (Antonio Gramsci - Cuadernos de la cárcel).

La “gran empresa” fallida que en este caso representa el MAS -y sus fracciones evistas y arcistas- se encuentra en un proceso de emenerización y de descomposición, y con cada vez menos bases sociales que le sostengan. En estos últimos años ha ido perdiendo legitimidad en los sectores de la clase media, campesinos, pueblos indígenas y algunos sectores populares, producto de su giro cada vez más a derecha y a su subordinación a la derecha agroindustrial y empresarial, y al capital financiero. El proceso de cambio tan mentado, sin luchas sociales, sin cuestionar la propiedad privada y administrador del Estado capitalista burgués se yergue, a decir de Gramsci, en la “gran empresa” fallida.

Al ser Bolivia un país capitalista dependiente, atrasado [1] y con rasgos semicoloniales y que está bajo el dominio del imperialismo, siempre va a tener tendencias recurrentes a crisis económicas. En este sentido, la economía boliviana que se sostiene en la renta, hace que tenga una alta dependencia -en su estructura y formación económica- del comportamiento del mercado mundial, pues al ser un país productor de materias primas -dentro de los marcos de la división internacional del trabajo- está sometido a captar una parte de la renta mundial para poner en marcha su economía interna. Esta condición de país atrasado que vive de la renta y en el que el patrón de acumulación del gas ya se cerró, está generando una crisis económica que cada vez más se está haciendo insostenible: los alimentos de primera necesidad han subido de precio, ni hablar de los medicamentos, escasez de gasolina y diésel, ajuste fiscal con despidos y reducciones salariales y de derechos, reducción o paralización de las obras públicas, mayor flexibilización y precariedad laboral; situación que está provocando inseguridad y descontento en la población, sobre todo en los sectores más empobrecidos y precarizados.

Por su parte, la derecha que anda fragmentada y con poca fuerza -aunque ha ido ganando espacios producto de la crisis del MAS- pese a pequeñas acciones aisladas como la movilización que se dio en Santa Cruz con representantes de diversos sectores e instituciones, incluyendo la Gobernación y el Comité cívico pro Santa Cruz, en la que exigían un cambio en las políticas públicas y el adelanto de las elecciones, no representa por el momento una alternativa electoral y política que articule a todo el arco opositor de derecha. Sin embargo, la derecha para manejar la crisis económica y política -con lo más concentrado de la oligarquía agroindustrial y del empresariado exportador- ha logrado grandes concesiones mediante los lazos y relaciones que viene llevando con el gobierno del MAS, lo que les ha favorecido en la liberación de exportaciones con el compromiso del gobierno de agilizar los trámites para el sector exportador, la devolución inmediata de los CEDEIMs (devolución del Gravamen Arancelario), la creación del Comité de Planificación de Abastecimiento de Diésel que beneficia al sector agropecuario cruceño con la entrega de 2,7 millones de litros de diésel, entre otros beneficios.

Lo que evidencia la crisis orgánica en curso es que los partidos políticos tradicionales y las instituciones estatales -incluyendo sus ideas, acciones, sus dirigentes- están empezando a dejar de ser los “representantes” legítimos de las grandes mayorías; por lo mismo, se empieza a generar rechazo y malestar entre la clase trabajadora y los sectores populares. La bronca contra la casta política, contra los privilegios, contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una clara muestra de la crisis actual.

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Judicialización de la política ¿o expresión incipiente de un bonapartismo judicial?

Antes de definir el bonapartismo judicial se hace necesario entender en su concepción amplia ¿qué es el bonapartismo? En general el bonapartismo es utilizado para hacer referencia a gobiernos autoritarios con un “árbitro” o un jefe, apoyado en el aparato burocrático-militar, por oposición al régimen democrático parlamentario clásico. Trotsky señalaba que, “Entendemos por bonapartismo el régimen en el cual la clase económicamente dominante, aunque cuenta con los medios necesarios para gobernar con métodos democráticos, se ve obligada a tolerar -para preservar su propiedad- la dominación incontrolada del gobierno por un aparato militar y policial, por un “salvador” coronado. Este tipo de situación se crea cuando las contradicciones de clase se vuelven particularmente agudas; el objetivo del bonapartismo es prevenir las explosiones.” (León Trotsky - Otra vez, sobre la cuestión del bonapartismo.)

En este caso, el bonapartismo judicial (o de la toga), que sustituye en alguna medida la actuación de las fuerzas armadas o la constitución de regímenes dictatoriales, viene siendo utilizada para dirimir disputas interburguesas y evitar los choques de clases. Las tendencias bonapartistas suelen ser asociadas exclusivamente con el Poder Ejecutivo, lo que hace que la clásica “división entre poderes” esconda la conexión interna de todo el aparato funcional del Estado, la misma que distribuye sus tareas para garantizar la estabilidad del dominio burgués e impedir que las masas participen de la política.

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Este avance hacia un bonapartismo judicial lo podemos observar durante y después de los bloqueos de caminos, el gobierno de Arce ha desplegado -alentado por la oposición de derecha y los empresarios- una ofensiva política y judicial contra los sectores movilizados, como ha sido la detención de Humberto Claros de la CSUTCB “evista” y de Ramiro Cucho de la CONAMAQ de Norte Potosí, seguido de una serie de operaciones judiciales contra otros representantes del evismo, acusados por terrorismo. Estas acusaciones peligrosas contra los principales dirigentes campesinos y decenas de detenidos durante los bloqueos, representa el preludio para criminalizar toda protesta social. Lo hace en momentos en que el malestar social crece producto de la crisis económica y por la puesta en marcha de medidas antipopulares que el gobierno ha comenzado a implementar.

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Estamos en contra de todo recorte a los derechos y libertades democráticas. Exigimos la libertad de todos los detenidos y encarcelados. Defendemos el derecho de Evo Morales, del evismo y de cualquier organización social a marchar sin que los repriman. Estamos en contra de los intentos de los renovadores del MAS y la derecha para proscribir al evismo, pese a que fue el mismo Evo quién en su gobierno impulsó una serie de medidas proscriptivas contra sus opositores. Nos oponemos a todas estas disposiciones que cada vez muestran un giro más a derecha y reaccionario de la situación política.

Defender el derecho a la protesta, el derecho a la organización, el derecho a la movilización y el derecho a postularse para las elecciones no significa brindarle apoyo político a Evo Morales y al evismo, significa defender las conquistas que históricamente se han logrado a través de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. No damos la mínima confianza a Evo Morales y el MAS que a lo largo de sus años de gobierno administró el Estado burgués a favor de los grandes intereses de la burguesía nacional y de las transnacionales. Como señalamos en una nota de La Izquierda Diario: “Lo cierto es que tanto el evismo como el arcismo compiten para ver quién puede sacar más brillo a los zapatos de la patronal y el empresariado” (...) “Evo Morales vuelve a pronunciarse al unísono con la gran empresa privada. Plantea la necesidad de una reforma tributaria que permita mayor movimiento económico, no sólo público, sino de inversionistas privados nacionales y extranjeros. La propuesta de reforma de Evo Morales es la eliminación del Impuesto a la Transacción Financiera (ITF), una tasa de 0,15 % sobre toda transacción en moneda extranjera en las entidades de intermediación financiera”. (“Reforma tributaria” evista a la medida de banqueros y agroindustriales - La Izquierda Diario Bolivia)

Lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyos magistrados descaradamente vienen autoprorrogándose y saboteando, desde hace dos años, las elecciones judiciales. Elecciones que se llevarán a cabo este próximo 15 de diciembre, de manera parcial y ultra condicionada, preservando la continuidad de la mayoría de los actuales magistrados. La “justificación” de esta casta judicial para quedarse es que de darse la salida de los magistrados “los efectos serían fatales con la imposibilidad de resolver los recursos de casación y de recursos de nulidad de la normativa vigente, la ausencia de resolverse y conocerse solicitudes en revisión extraordinaria de sentencias, solicitudes de detención preventiva con fines de extradición, procesos de extradición, además de todos los actos inherentes a la cooperación internacional entre otras funciones que responden sobre todo a aquellas personas que buscan acceso a la justicia” (Declaración del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes - Periódico “Urgente.bo”).

Por lo mencionado líneas arriba, podemos señalar que la organización estatal posee todo un aparato político, administrativo y jurídico encargado de la dominación de clase de la sociedad, por lo mismo, el Derecho es un sistema (códigos, reglamentos, decretos, circulares, etc.) de relaciones sociales correspondiente a los intereses de la clase dominante y tutelado por la fuerza organizada de esta clase. Las fuerzas del Estado y sus instituciones: policial, jueces y cárceles, tienen el objetivo de sostener un régimen de propiedad privada y evitar su cuestionamiento, y los discursos que las legitiman. Para Marx el Derecho y la legislación de una época están en función de las relaciones sociales de producción de esa época, y no existe nada absoluto y definitivo en ese sentido. Estado y Derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de los pueblos y son la expresión de la voluntad dominante de aquella clase que detenta el Poder en el Estado. Es por estas razones que siguen gozando de impunidad el exministro de Defensa Fernando López, la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, entre otros, por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante el golpe de Estado de 2019.

La salida es por izquierda y desde abajo

Gramsci consideraba que la crisis orgánica representa una oportunidad para que los revolucionarios y las revolucionarias intervengan; para organizar y fortalecer el poder de la clase trabajadora unida a los sectores explotados. Son momentos donde se evidencia el enfrentamiento de clases y donde más se manifiestan las penurias, las injusticias y la desigualdad social creciente y donde se vuelve más necesario resistir a los ataques de la burguesía y el imperialismo, pero también muestra las debilidades de los que gobiernan. Son momentos para pensar, para actuar y mostrar que otra sociedad es posible.

Ante este escenario de crisis económica y política, tenemos que construir un programa de lucha con independencia de clase, con independencia de los sectores evistas y arcistas, y de la derecha reaccionaria. Ante la crisis económica y política que va escalando se hace necesario y urgente ir construyendo una alternativa por izquierda y desde abajo.

Se hace urgente recuperar nuestras organizaciones sindicales, barriales, vecinales y sociales para ponerlas al servicio de la clase trabajadora y el pueblo empobrecido, al servicio de la movilización y la lucha. Únicamente la autoorganización de la clase trabajadora en alianza con el movimiento campesino, con las comunidades indígenas, los sectores populares, el movimiento de mujeres y de las diversidades, puede dar una salida a la crisis que cada día se viene profundizando.

La salida a la crisis tiene que darse con la movilización de la clase trabajadora y el pueblo empobrecido para imponer la nacionalización y colectivización sin indemnización de la agroindustria; el monopolio estatal del comercio exterior bajo control de las y los trabajadores para poner fin a la especulación financiera y de dólares que realizan los empresarios; la nacionalización de la banca privada y la creación de una banca estatal única, controlada y gestionada por los y las trabajadoras; el aumento generalizado de salarios en base a la canasta básica familiar; impuestos a las grandes ganancias y desfinanciamiento del presupuesto de la fuerzas represivas para educación, salud y vivienda y no para las ganancias empresariales; y para que la crisis la paguen los agroindustriales, banqueros y empresarios.

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