Crímenes eclesiásticos. Bolivia: se realizó una importante Asamblea Nacional contra la violencia sexual y la impunidad clerical

Ante los casos de pederastia y encubrimiento de la Iglesia este martes 23 de mayo se realizó una asamblea nacional, abierta a organizaciones, colectivos, centros estudiantiles, sindicatos y activistas independientes, en la que tras un balance nacional sobre casos de violencia sexual clerical se plantearon propuestas de unidad de acción a nivel nacional y departamentales.

Desde que se conoció el caso de pederastia del cura Pica quién en su diario personal confesó que abusó sexualmente a más de 80 niños no solo que empezaron a conocerse más casos de violencia sexual y pederastia cometidos por la Iglesia sino también, y como es evidente, se empezaron a conocer nombres de curas y de autoridades eclesiales que los encubren. Es decir, todo esto pone de manifiesto la sistemática impunidad de la que goza esta organización criminal que es la Iglesia. De hecho, fue gracias al descubrimiento del diario personal del fallecido cura Pica que empezó a descubrirse estos casos.

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Ante el anuncio de la llegada de una comisión desde el Vaticano, que, sin dudas, llegará al país con el objetivo de buscar poner un freno a lo que puede continuar siendo una explosión de más casos de pederastas y encubridores, y ante, todos los lobbies y negociaciones de impunidad que seguramente se vienen realizando, se planteó la urgente necesidad de organizar la rabia y la indignación.

En la Asamblea se puso de manifiesto que las Iglesias tienen poder político y económico, con privilegios por parte del Estado y con la venia del gobierno. Iván Lima, ministro de Justicia, llegó incluso a poner en dudas los informes que determinan la existencia de decenas de víctimas, aclarando que aún debe investigarse.

De esta manera representantes del gobierno de Arce buscan proteger a la iglesia por su complicidad reduciendo la investigación a algunos sacerdotes ya fallecidos. Esto en sintonía con varios medios de comunicación y desde sectores reaccionarios y conservadores que señalan que no se debe politizar el caso. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿acaso el poder y la impunidad de la iglesia no es un problema profundamente político?,

Las iglesias gozan de poder político y económico, el Estado y sus gobiernos sostienen sus privilegios y por eso existe injerencia de las iglesias en la educación que es uno de sus más importantes negocios “espirituales”; en la salud ya que tienen sus capitales invertidos en clínicas privadas, etc., y todo esto mientras están exentas de impuestos.

Pero, además, sin ir lejos, la Iglesia expuso muy bien sus intereses y su poder político durante el golpe de Estado. Se encargó de bendecir con rezos y oraciones las masacres mientras facilitaba el espacio de negociación para que Áñez asumiera la presidencia.

Es por todo esto y ante la llegada de la comisión del Vaticano que no se puede confiar en el Estado y sus instituciones para exigir justicia para las víctimas. Sabemos que la “justicia” es para quién puede comprarla y la Iglesia ha demostrado muy bien que sabe lucrar y tiene mucho dinero. Por ello es necesario mantener la movilización independiente para luchar por justicia para las víctimas y por juicio y castigo a todos los responsables directos y encubridores.

En este sentido desde la Asamblea se propone que:

• La única manera de ejercer el derecho a investigar y conocer la verdad, sobre los violadores, pederastas y encubridores es a partir de la conformación de una comisión independiente, compuesta por víctimas, familiares, organizaciones vistas como idóneas con plenas potestades para acompañar, investigar e intervenir de ser el caso. Donde el Estado debe otorgar plenos poderes y los recursos necesarios sin ningún tipo de injerencia.

Frente a los privilegios de la Iglesia que garantizan su impunidad, la Asamblea exige:

• Expropiación en la educación
• Expropiación en la salud
• Impuestos a todas las iglesias

Así también, la Asamblea se pronuncia por:

• La expulsión de la Comisión del Vaticano
• El rechazo y prohibición a que las congregaciones alienten a acudir a las víctimas a sus propias instancias y, menos, que reciban denuncias.
• El rechazo a toda injerencia política de las Iglesias contra los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias. ¡Plenos derechos!
• La educación laica, científica, gratuita, no sexista, de calidad y que incluya la Educación Integral en Sexualidad.
• Renuncia del ministro de justicia, Iván Lima.

Y hacen un llamado a sumarse para llevar adelante acciones a nivel nacional convocando a una masiva movilización nacional este miércoles 31 de mayo. Se llevarán adelante conferencias de prensa y amplias campañas de difusión.