Tras haber vetado la el uso obligatorio de mascarillas en escuelas, comercios e iglesias, Jair Bolsonaro vetó también el uso de este elemento en las prisiones donde las posibilidades de contagio son aún más elevadas.
Lunes 6 de julio de 2020 16:14
El presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, quien la semana pasada vetó el uso obligatorio de mascarillas contra la COVID-19 en comercios, iglesias y escuelas, amplió este lunes esa decisión a las cárceles, que alojan a cerca de 750.000 personas.
La decisión es abiertamente criminal ya que se trata de uno de los lugares de mayor hacinamiento y con más posibilidad de extender el contagio. De esta manera, el Estado no debe hacerse cargo de este elemento de seguridad para los reclusos que a partir de ahora deberán conseguirlos por su cuenta.
Un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial eliminó de un proyecto de ley aprobado por el Parlamento un punto en el que se establecía "la obligatoriedad del uso de máscaras de protección individual en los establecimientos penitenciarios y de
cumplimiento de medidas socioeducativas".
La semana pasada, Bolsonaro había vetado de ese mismo proyecto la obligación del uso de mascarillas preventivas en comercios, iglesias y escuelas, así como otro punto que obligaba a los poderes públicos y empresas a distribuir máscaras a la población económicamente más vulnerable y a los trabajadores.
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De esta forma Bolsonaro busca favorecer a los empresarios para que no garanticen parte de los elementos de seguridad a sus trabajadores, que ya sufren las consecuencias económicas de las leyes aprobadas durante la pandemia que permiten recortes salariales y suspensiones masivas. En esta situación millones de trabajadores que ya están cobrando sueldos más bajos y aún así se ven obligados a trabajar, deben pagar de su bolsillo por las mascarillas que usen para en sus lugares de trabajo.
Para avanzar en el decreto que veta el uso obligatorio de mascarillas en lugares de trabajo, Bolsonaro utilizó un argumento inverosimil: alegó que la obligación de su uso en lugares cerrados podía incurrir en una "posible violación de domicilio" al suponer que la reglamentación sería extensiva a todas las residencias y los ámbitos privados.
Esta decisión gubernamental es parte de los roces institucionales que vive Brasil y las disputas con gobernadores y la Corte Suprema, cuando además la familia presidencial suma escándalos e investigaciones por corrupción. La Corte Suprema ya había establecido que los estados y municipios son los responsables de adoptar todas las medidas de precaución sanitaria, lo que incluye las cuarentenas, en sus propias jurisdicciones. Es decir que pueden no poner en práctica los vetos presidenciales.
El anuncio de Bolsonaro llega cuando Brasil es desde hace semanas uno de los epicentros globales de la pandemia y, según los últimos balances oficiales, suma hasta ahora casi 65.000 muertos y más de 1,6 millones de personas contagiadas.
El veto sobre el uso de tapabocas entre los reclusos puede generar una verdadera catástrofe en uno de los sistemas penales más poblados y hacinados del mundo.
