Hace tres días fue detenido Enrique Guzmán Amadeo, quien es acusado de colocar explosivos en varios puntos de Santiago y en estaciones del Metro, además de ser indicado como amigo de Juan Flores, uno de los procesados por la detonación de explosivos en las estaciones Escuela Militar y Tobalaba.
Jueves 9 de abril de 2015
Con esto sigue aumentando la lista de supuestos “terroristas” en una escalada criminalizadora de los gobiernos que comenzó con el fallido “Caso bombas”, donde se absolvió de los cargos a los imputados por falta de pruebas, pero que sí sirvió para instalar el discurso de “terrorismo” en el país y la conocida “Ley antiterrorista”.
Enrique Guzmán Amadeo fue detenido el lunes 6 de abril en la comuna de Puente Alto, siendo implicado como autor de colocar explosivos en varios puntos de Santiago y en estaciones del Metro, dando paso a un nuevo caso sobre “bombazos”. Guzmán es investigado por la Fiscalía Sur desde septiembre del año pasado y también se establece que fue el acompañante de Juan Flores (implicado por los bombazos en Escuela Militar y Tobalaba) el 11 de agosto de 2014, cuando estalló un artefacto en el frontis de la Primera Comisaría de Santiago.
La formalización de Guzmán fue aplazada para el día lunes 13 de abril por falta de pruebas, ya que la Fiscalía determinó que el tiempo para buscar pruebas genéticas era insuficiente. Los Fiscales presentaron como pruebas un cigarro con supuestos rastros de ADN del joven y un gorro que se asemeja al que usaba la persona que fue captada por las cámaras de seguridad.
El abogado defensor, Rodrigo Román (Defensoría Popular) puso en duda las pruebas presentadas por el sector querellante, planteando que “la prueba es lo que ustedes ya saben, quizás muchos chilenos seríamos potenciales terroristas también porque tenemos en nuestras dependencias, junto a la parrilla, un saco de carbón para efecto de las actividades recreacionales (…) Es la misma tesis que la Fiscalía nos viene mostrando desde 2010 y se ha demostrado que es una tesis muy débil”.
El 2 de abril de este año se condenó, por orden de la Fiscalía Sur, a 541 días de pena remitida a Diego Ríos González, ex estudiante de filosofía, implicado en el Caso Bombas, quien se encontraba prófugo hace cinco años. El joven tenía cargos sólo por tenencia de explosivo, lo que terminó aceptando en febrero, lo que el fiscal regional, Raúl Guzmán determinó como “importante”, ya que fue “la primera condena que se obtiene en un caso donde todos los demás acusados fueron absueltos”.
Por otra parte, luego de que se detuvo a Enrique Guzmán (cuarto sospechoso por bombazos en Santiago), fueron detenidos Natalia Collao Pozo (24 años) y Javier Pino Molina (27), quienes son responsabilizados por la quema de un bus de Transantiago del recorrido 210, hecho que ocurrió en Estación Central. Ambos jóvenes fueron trasladados al Centro de Justicia con la finalidad de esclarecer si el “atentado” tiene relación o no con los bombazos en la capital.
El incendio del bus aún no es aclarado, ni tampoco se ha determinado si fue o no producido por terceros. Según información entregada, los jóvenes habrían subido al bus, luego este comenzó a incendiarse y las personas, incluido el conductor y los imputados, bajaron del vehículo, lo que no afirma que los jóvenes hayan tenido que ver con el incendio posterior. Ernesto Bascuñán, teniente de la Prefectura Central Norte de Carabineros manifestó que “el bus se quemó en su totalidad, hay dos personas sospechosas, pero no se descarta tampoco que se debiera a una falla eléctrica”.
Uno de los aspectos más difundido por diferentes medios de comunicación es que cuando se detuvo a los jóvenes, Javier Pino manifestó en voz alta: “Abajo el sistema patriarcal”, lo que ha sido catalogado insistentemente por los medios como una consigna “anti sistémica”, “anarquista”, siendo utilizada casi para asegurar que fueron responsables de la quema del bus, sólo por lo que expresó.
Por su parte, Nataly Casanova, Juan Flores, y Guillermo Durán, implicados por los bombazos en Escuela Militar y Tobalaba, siguen en prisión preventiva. ¿Las pruebas del caso? Una huella dactilar parcial que fue usada para identificar a uno de los tres detenidos, el resto de la tarjeta Bip de Flores, la que sirvió para que el equipo investigativo estableciera que el joven “usó el Metro” el día del ataque a la estación Los Dominicos, y el día del atentado en Escuela Militar, habría llegado “en micro del Transantiago”.
Dicho caso no ha estado exento de polémicas debido a la debilidad de las pruebas y también producto del retiro del fiscal Christian Toledo de la investigación, debido a sus críticas hacia el Gobierno y autoridades, las que aseveraron que “los errores del primer “Caso Bombas” se debieron a que el equipo persecutor (…) se dejó presionar por el Gobierno”, agregando además que “no puedo comprometerme a detener a alguien si no tengo las pruebas, y tampoco voy a pedir una orden de detención para una persona de la que no tenga certeza de que haya cometido el delito” (Ciper Chile, 2 de febrero de 2015).
Imputados absueltos por falta de pruebas y ambiente represivo
El caso emblemático de un supuesto “ataque terrorista” es el conocido “Caso Bombas” del año 2011, donde 14 jóvenes fueron responsabilizados, en un primero momento, por el gobierno de Piñera e instituciones del poder judicial. En el 2012, el Tercer Tribunal Oral de Santiago dejó absueltos del delito de colocación de bombas a Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga. Carlos Riveros y Omar Hermosilla fueron absueltos del cargo de financiamiento terrorista. Esto fue debido a que Fiscalía Sur, junto al ex fiscal Peña y al ex ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, nunca pudo comprobar la acusación de delito terrorista, en base a pruebas débiles y absurdas, que en palabras de Rodrigo Román, abogado defensor de ese caso, “se ha demostrado que este es un montaje, es una de las investigaciones más ordinarias que ha tenido el sistema de enjuiciamiento criminal, y se han puesto las cosas en su lugar con esta sentencia absolutoria”.
Otro caso conocido donde se terminó absolviendo al supuesto “terrorista”, es el de Víctor Montoya, quien fue acusado- también por la Fiscalía Sur, la que pidió seis años de presidio mayor en su grado mínimo- de poner una bomba en un retén policial en Las Vizcachas, siendo liberado de todos los cargos dos veces consecutivas (2014). Las pruebas nuevamente no fueron suficientes para acreditar una acusación con tales proporciones, y el Ministerio Público que facilitó declaraciones de peritos quedó una vez más deslegitimado.
Medios de comunicación han jugado un papel central en la criminalización y categorización de los supuestos jóvenes “terroristas”. En más de una ocasión ciertos medios han tenido el descriterio de hacer todo un perfil “psicológico” de las personas propensas a ser violentas y potenciales terroristas, creando una idea de joven y ligándola con actos delictuales. En el caso de Montoya, se le implicó que era “vegano y aficionado a la música hardcore”, además de que tenía “literatura anarquista” (Terra, 13 de diciembre de 2013).
Si bien, existen casos de bombazos y colocación de artefactos explosivos que aún no son esclarecidos, lo que sí es concreto es la intención del régimen político, sus instituciones y de ciertos medios de comunicación de generar todo un clima de pánico por las supuestas “células terroristas” que existen en Chile; como también la escalada criminalizadora que se ha puesto en pie desde el “Caso bombas”, lo que ha permitido el fortalecimiento del aparato represivo y de inteligente del Estado, y la conocida Ley Antiterrorista, la misma que se usa para culpabilizar a luchadores sociales, criminalizar la protesta social y también al pueblo mapuche. Un ambiente represivo ad hoc para un periodo de mayores cuestionamientos al sistema político, aumento de las movilizaciones sociales y deslegitimidad del régimen político.
