Por si quedaban dudas del proceso privatizador que trae consigo la reforma educativa, Peña Nieto anunció el pasado miércoles, en su mensaje desde Palacio Nacional, la emisión de bonos de infraestructura educativa a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Martes 8 de septiembre de 2015
A través de estos bonos, el gobierno de la República busca obtener de la iniciativa privada 50 mil millones de pesos para destinarlos, en los próximos tres años, a los planteles educativos. Similar a las licitaciones para la explotación privada de los campos petrolíferos, con esta operación bursátil Peña Nieto abre el “mercado educativo” al mejor postor.
Queda cada vez más claro por qué los empresarios agrupados en Mexicanos Primero y la Coparmex, cuyos hijos no estudian en las escuelas públicas, han sido los principales impulsores y defensores de la reforma educativa, para lo cual no han dudado en desatar una rabiosa campaña en contra de los maestros que se oponen a ella.
Ya distintas medidas de la reforma educativa explicaban el “interés” de los empresarios en la educación pública. Por ejemplo, la autonomía de gestión escolar, promueve que la comunidad escolar, “bajo el liderazgo del director”, busque la obtención de recursos por fuera del presupuesto para el mantenimiento de los planteles y el material didáctico, echando por tierra la gratuidad garantizada por el Estado; los consejos escolares de participación social permiten la injerencia de la iniciativa privada en los asuntos de la educación pública, pues en ellos pueden emitir su opinión todos los sectores interesados en la educación, ¿y qué es Mexicano Primero sino un organismo empresarial creado a modo para meter sus narices en la educación pública?
Ahora, con la compra de bonos de infraestructura educativa, los empresarios no sólo harán negocio cobrando intereses, sino que sus opiniones y criterios de productividad tendrán mayor peso en las políticas públicas para el sector, avanzando en imponer el despotismo de fábrica en las escuelas mediante el férreo control administrativo de los maestros, con un régimen de evaluaciones que liquida la estabilidad laboral, mayores cargas de trabajo frente a grupo y más trámites burocráticos, mientras siguen empobreciéndose los contenidos educativos para formar a los futuros trabajadores en la obediencia dócil al patrón.
Por otro lado, la emisión de estos bonos significará un incremento de 50 mil millones pesos (más intereses) a la deuda pública, como si no bastaran los dos billones en que se ha incrementado la misma bajo el gobierno de Peña Nieto.
Frente a esta medida, con la que Peña Nieto pretende mostrar las “bondades” de su política educativa, es necesario inscribir en el programa de lucha del magisterio la demanda de aumento al presupuesto educativo sobre la base del no pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y la disolución de las fuerzas represivas del Estado, para que esos recursos se destinen a las necesidades sociales y no se use la educación como pretexto para seguir agrandando la riqueza de los empresarios nacionales y extranjeros.
