Presidenciales. Masivo desembarco de economistas de la vieja Concertación a campaña de Boric

En materia económica como en todas las otras, la propuesta programática original de Boric, con la cual venció en primarias, antes de moderarse más y darle la espalda a sus votantes, ya era moderada. Lejos de contemplar alguna medida que cuestionara un ápice al capitalismo, ha conservado desde el comienzo pilares del régimen neoliberal que tanto ha prometido discursivamente querer acabar.

Por ejemplo, desde el primer momento el candidato de Apruebo Dignidad ni siquiera propuso cuestiones tan sentidas como el fin al mercado del agua, sino que a lo más una tibia “reasignación” de sus derechos de uso y mayor participación del estado en las instalaciones sanitarias, controles fiscales y otras medidas de ese tipo. La denuncia al “extractivismo” se transforma en demagogia en el momento que el saqueo del cobre, de las forestales, del mar y la tierra, que son consecuencia de la propiedad de los recursos naturales y sus instalaciones por parte de un puñado de familias ricas del país y las trasnacionales, son considerados intocables.

Volveremos más abajo sobre la defensa de la propiedad privada capitalista y el engañoso discurso pro-pyme que, más allá de las enormes diferencias que los separan, han sido bases programáticas de todas las candidaturas, desde Jadue hasta Kast.

Los asesores de la concertación.

Desde este miércoles suenan nuevos nombres en el Consejo Asesor Académico Económico de Boric, como apoyo al equipo económico del candidato que está conformado por los FA Nicolás Grau, Diego Pardow, Javiera Martínez, Claudia Sanhueza, y por los PC Fernando Carmona y Javiera Petersen.

Varios han sido confirmados ya por el mismo Boric. Entre estos está Roberto Zahler, democratacristiano, economista de la U. de Chicago y ex-presidente del Banco Central durante el gobierno de los DC Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. Un economista contrario al aumento del gasto público y de los retiros de los fondos de pensiones. Habiendo sido parte del directorio del Banco Santander y ocupado distintos cargos en el FMI, ahora es consultor del Banco Mundial, del BID y otras instituciones financieras.

Está también Andrea Repetto, economista de la UC y actual académica de la UAI, quien fue parte del equipo económico de la segunda campaña de Bachelet y miembro de varios consejos asesores presidenciales durante su gobierno. Originalmente invitada a ser miembro del equipo de Boric, solo aceptó ser asesora para proponer ajustes, pues considera que el programa es “políticamente imposible”.

Está Hernán Frigolett, economista de la Usach y ex tesorero de la república durante el segundo gobierno de Bachelet, quien asesoró las campañas de Paula Narvaéz y Yasna Provoste.

Está Ricardo Ffrench-Davis, una importante referencia en la concertación. Doctor en economía de la Universidad de Chicago, uno de los fundadores de CIEPLAN, representante de los Presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en la ONU y actual académico de la FEN U. de Chile.

También Felipe González, doctor de la U. de California, Berkeley, y académico de Economía de la UC.

Estos se suman a los asesores integrados a finales de octubre: Daniel Hojman, académico de la FEN y ex-jefe programático de Paula Narváez; Dante Contreras y Fabián Duarte, también de la FEN; Pamela Jervis, académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile; Rodrigo Pizarro, consultor internacional en economía ambiental; y Stephany Griffith-Jones, directora de mercados financieros en Initiative for Policy Dialogue, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York.

“Los empresarios siguen siendo dueños de las empresas”

Luego de primarias, el moderado programa original se fue desarrollando a la vez que corriendo cada vez más hacia la derecha. Se levantó finalmente una nueva propuesta en noviembre, que fue la que Boric llevó a primera vuelta. Medidas que escandalizaron a la opinión pública durante los primeros debates, como la codeterminación en las empresas, han ido desapareciendo del programa. Ni que decir que ahora pudiera haber algún atisbo de algo cercano a nacionalizaciones de las empresas estratégicas, medidas consideradas mínimas por el reformismo histórico aun dentro del marco capitalista. A lo más el programa de Boric todavía propone la posibilidad de alguna expropiación en un acuerdo de una restitución de las tierras a los pueblos originarios. Pero se apresuran en aclarar que, si llegara el caso, se harían expropiaciones obedeciendo la ley y dando la “respectiva indemnización” a los propietarios usurpadores. Y este programa continúa derechizándose luego de pasar la primera vuelta.

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La sagrada propiedad privada no se toca. Apruebo Dignidad a menudo esquiva la cuestión diciendo que tales asuntos son materia constitucional y legislativa, que corresponde a otras instituciones y no a un “plan de gobierno” meter allí sus narices. Sin embargo esto es solo una excusa, pues no tienen reparos en incluir el impulso de otras agendas legislativas en el programa presidencial. Lo que es cierto, sin embargo, es que el programa de Boric se cuida de no salirse de los estrechos márgenes institucionales, limitarse en lo posible a ser un plan de gestión del estado. No es un programa cuyo propósito sea poner en movimiento a nadie, sino solo hacer, "en la medida de lo posible", un capitalismo con reformas moderadas, para asegurar la “gobernabilidad” de un estado cuyo poder lo conservan los empresarios. Es Apruebo Dignidad quien lo dice, no nosotros. Veamos.

El programa “preliminar” de Boric, presentado en primarias, ante la crítica situación del país sostenía que “las medidas son claras y demandan cambios radicales”... aunque “de forma responsable, respetando el estado de derecho”. El nuevo programa propone también cambios “radicales” con la “mayor responsabilidad” y un plan “que traiga estabilidad a nuestro país”.

¿De qué se trata esa “radicalidad” y “responsabilidad” que insiste tanto Boric? Nicolás Grau, su asesor económico y carta posible de su gabinete, lo aclara. Ha repetido hace meses que Apruebo Dignidad está por mantener una “economía de mercado”, pero que busca un gobierno que le agregue “más democracia”. Con ese discurso asiste sin falta a cada actividad de los grupos empresariales para tranquilizar a la “opinión pública”. En un futuro gobierno de Boric, les dice, “los empresarios siguen siendo dueños de las empresas”. No se trata de ningún modo de comenzar a traspasar el poder de los empresarios hacia los trabajadores, sino de buscar generar “otra élite empresarial” menos conservadora. Sus palabras, no las nuestras.

Los “radicales responsables” de Apruebo Dignidad decían en su programa de julio que tenían “medidas claras”. Ahora en noviembre, después de cambiar esas medidas, dicen otra vez tener una “hoja de ruta clara”. ¿Con qué claridad seguirán deslumbrando el camino que desandan, de aquí al 19 de diciembre y después de eso?

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El discurso pro-Pyme de la ideología neoliberal.

Lo cierto es que Boric y Apruebo Dignidad tienen el estrecho provincianismo económico de los sectores medios y las burocracias dependientes del capital: su programa no se ubica desde la lucha de los trabajadores y de los sectores populares contra sus explotadores y opresores, sino en la subordinación a ellos. Por eso la única democracia posible que logran entrever es la “democracia” política y económica de los empresarios.

Ante la crisis vimos que la mayor preocupación del FA y PC, considerándola como la única alternativa para que los trabajadores conservaran sus empleos, fue en cómo salvar de la quiebra a los empresarios que los explotan, aunque esto fuera echando mano al tesoro público y endeudando al fisco con los bancos. Llegaron en pandemia a aprobar que se robara directamente de los bolsillos de los trabajadores y a sus futuros sueldos, votando la ley de “protección” del empleo que permitió a las empresas suspender a trabajadores sin indemnizar, sacando del seguro de empleo sus ahorros individuales para que sobrevivieran.

Uno de los ejes de campaña de todos los candidatos presidenciales es el discurso pro-PYME, una de las operaciones principales de la ideología neoliberal. El FA, así como el PC, y al igual que todos los partidos del régimen, hasta Kast, se esfuerzan de construir una ficción de un país construido por “empresarios” Pymes hacia los cuales habría que focalizar los recursos públicos. Pero es un engaño. Solo el 3% de lo que las estadísticas consideran como población ocupada, caen en la categoría de empleadores [1].

El neoliberalismo durante 30 años ha buscado identificar a los trabajadores asalariados, a los pequeños comerciantes, a las asociaciones profesionales, de oficio o de artesanos, a los locatarios, a los emprendedores individuales y cuentapropistas... con los empresarios. Todos iguales, pues todos serían propietarios, aunque la propiedad de unos de consista exclusivamente en poder vender “libremente” la propia fuerza de trabajo o de sus medios de vida.

El discurso pro-Pyme busca borrar las distinciones entre ricos y pobres. Como si los microemprendimientos o trabajadores cuentapropistas tuvieran algo que ver con empresas que emplean 200 trabajadores o que venden hasta 3 mil millones de pesos anuales, los cuales entran en la definición de Pyme (según INE y Sofofa, respectivamente) [2]. Se pasa por alto que las Pymes, atizadas por los bancos y la gran empresa que a veces son sus verdaderos controladores, y los amenazan con la ruina, explotan ferozmente a la mitad de los trabajadores en Chile. La única ventaja que tienen las Pymes sobre las grandes empresas es poder disminuir el costo de su mano de obra, es decir, poder explotar más a sus trabajadores. De ahí el sistema de subcontratos y de multi-rut, que Apruebo Dignidad no cuestiona, es parte estructural del neoliberalismo, donde el pez más grande devora al más pequeño y los últimos en esta pirámide son los trabajadores [3]. A pesar de que las condiciones de vida de los dueños de Pymes puedan estar a veces más cerca de los trabajadores que a las de los banqueros, al estar aguijoneados por sus acreedores y la competencia, se convierten pronto en los peores explotadores. Esto en en la mayoría de los casos y especialmente cuando las crisis.

El PC y FA dicen querer acabar con el “rol subsidiario” del estado neoliberal. Sin embargo su programa salarial, por ejemplo, se basa en un subsidio escandaloso. Esto bajo la excusa de que las Pymes no podrían pagar ni siquiera el salario mínimo. No se les ocurre otra cosa que, para que lo logren, financiarlas con la plata de todos. Es decir, mantenerlas artificialmente en el estado de muerte terminal al que el desarrollo del capitalismo las arroja constantemente. Y de paso, generar un nuevo negocio especulativo con estos subsidios.

Para los trabajadores, por el contrario, se trata de quitar los obstáculos que ahogan el crecimiento de estas empresas y ponerlas al servicio de toda la comunidad. Esto es, barrer con todo lo que no permite desarrollar la producción, la asociación del trabajo y mejorar las condiciones laborales. Solo los trabajadores pueden asegurar una liberación radical del ahogo de la deuda, los precios de usura y terminar con la colusión de la banca y la gran empresa mediante medidas de apertura de cuentas y control de los trabajadores. Ante las crisis y la amenaza de cierres de empresa, los trabajadores pueden conservar sus empleos y salarios con la estatización bajo su propia gestión. A los pequeños comerciantes y sectores populares, un gobierno de trabajadores que nacionalizara la banca podría asegurarles un crédito accesible y barato. Pero para eso, hace falta construir un nuevo programa y organización para la lucha y que, en vez de hacer un gobierno junto a quienes han administrado el saqueo durante 30 años, se proponga seriamente quitarles el poder a las clases explotadoras.