OPINIÓN BRECHA SALARIAL. Botto: “No se considera al tercio de las trabajadoras que están en la informalidad”

Candelaria Botto, economista de Economía Femini(s)ta analizó los límites del proyecto de paridad salarial presentado por el diputado del PRO, Martín Medina.

El proyecto de paridad salarial que presentó el diputado del Pro ataca la igualdad salarial de misma tarea misma remuneración eso es una parte de la brecha salarial, pero no es el total de la brecha. Eso sería sólo la parte no explicable, la discriminación directa cuando dos personas que son iguales en papeles que desempeñan la misma tarea, la misma jerarquía cobran distinto sueldo por su género.

En cuanto al proyecto en sí teniendo en cuenta este limitante hay un problema que es bastante serio, es la idea del proyecto de generar mecanismos para que las trabajadoras puedan ante la sospecha de sufrir discriminación salarial pedirle al empleador que les muestre las liquidaciones de sueldo y si hubiese una diferencia ahí sí ir al Ministerio de Trabajo.

Entonces el problema que genera esto es que cae en las propias trabajadoras, es sumarles una responsabilidad más a las trabajadoras que son las tienen que fijarse si ganan más o menos que sus compañeros, y esto también genera un riesgo porque la trabajadora es la que se tiene que enfrentar a su patrón para ver si de hecho gana menos o no la por ende la pone en un riesgo de despido o de discriminación laboral.

El proyecto tiene en cuenta hacer un registro de igualdad salarial, pero es un registro para empresas con más de 200 empleados o sea empresas grandes. Entonces eso en sí es un problema.

También hay que tener en cuenta que un tercio de las trabajadoras en Argentina están en la informalidad esto no tendría en cuenta a esas trabajadoras.

Y por otro lado no considera toda la parte de la brecha salarial que se llama “explicada” porque tiene que ver con variables específicas, pero que también son una discriminación para las trabajadoras. Por un lado está la segregación vertical, es decir el techo de cristal no sólo es que ganamos distinto ante la misma tarea sino que no accedemos a los mismos trabajo entonces las mujeres estamos subrepresentadas en los puestos altos, jerárquicos que por supuesto tienen un sueldo mayor. Y esta ley no estaría abriendo la puerta a solucionar esto.

Por otro lado las mujeres también quedamos pegadas en los trabajos de menor calificación de menores horas y esto tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado como las mujeres ya tenemos una jornada laboral. Según la encuesta de uso del tiempo del Indec es de 6,4 horas obviamente eso nos deja en una posición más vulnerable a la hora de buscar un trabajo remunerado y nos desemboca en trabajos más precarizados de menos horas y menos calificados, y eso también tiene un impacto en la brecha salarial y si se quiere es la situación más urgente porque tiene que ver con los escalones de ingresos más bajos. Esto tampoco es tenido en cuenta dentro el proyecto.

El otro punto de la brecha salarial es la segregación horizontal que hay sectores de la economía que son masculinizados y sectores feminizados porque hay una continuidad en los tipos de trabajos que hacemos las mujeres, que suelen tener que ver con la reproducción y el cuidado, docencia, enfermería y trabajadoras domésticas. En este punto es importante enfatizar el caso urgente de las empleadas domésticas. Un quinto de las trabajadoras son empleadas domésticas que tienen el nivel más alto de precarización es más del 75 % y además tienen el sueldo más bajo de toda la economía.

Una persona que no tiene calificación cuando es mujer es empleada doméstica y cuando es varón es albañil, sin embargo el sueldo promedio de una empleada doméstica es mucho más bajo. Todas estas cuestiones que son más urgentes y tienen que ver con el sector de la población más bajo, como las empleadas domésticas, quedan por fuera incluso de la reforma laboral que plantea el Gobierno.

Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque es un proyecto de ley que va a afectar a las mujeres que trabajan en empresas grandes donde trabajan más de 200 empleados y sino se supone que las otras trabajadoras, las registradas podrían pedirle al empleador, entrar en una situación de riesgo de laboral o de riesgo de discriminación laboral para ver si sufren una discriminación salarial y ahí recién se mete el Ministerio de Trabajo.

En el proyecto de ley no queda claro ni tampoco está explicitado, qué controles o qué penalidades van a tener las empresas sino cumplen esto. Entonces hay que analizar qué rol va a tener el Estado y cómo es que va a materializar esto y que no caiga en una responsabilidad nuestra que termine pareciendo que es culpa nuestra la responsabilidad salarial porque no le exigimos a nuestro empleador lo suficiente.

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