Después de las declaraciones del gobernador tucano (PSDB) de San Pablo, Geraldo Alckmin, a favor de efectuar cambios en el Estatuto de la Niñez y del Adolescente (ECA) y en otros proyectos de ley que “endurecieran” la ley vigente sin cambiar totalmente la edad de imputabilidad penal, el gobierno de Dilma y sus ministros se aprestan a cerrar acuerdos con el PSDB.
Jueves 18 de junio de 2015
El PSDB, en medio de crecientes rumores de divisiones internas por las elecciones del 2018, también se dividió frente a este tema y se ha creado un curioso escenario en la política nacional: el proyecto de uno de los más influyentes tucanos (Serra) es acaparado por el PT y el PSDB estaría alineándose detrás de otro proyecto de autoría del influyente tucano paulista Aloysio Nunes, e incluso hay un tercer proyecto en trámite que ataca aún más los derechos de la juventud (PEC 171/93).
El actual ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso (profesor de Derecho en la PUC-SP), declaró oficialmente que el gobierno defenderá el proyecto del senador tucano José Serra. Una vez más el PT aliándose a la derecha y a los conservadores para enterrar el ECA y toda la veleidad sobre defender los derechos humanos.
Se trata, en estas negociaciones, de un juego político en el que el único punto en común entre petistas y tucanos, en sus dos proyectos, y el de Eduardo Cunha entre otros, es atacar a la juventud, en especial la juventud negra y pobre.
Con la excusa de buscar el “mal menor”, el PT y Dilma están negociando diferentes grados en la edad de imputabilidad para el encarcelamiento de jóvenes. Tras discursos humanitarios y de derechos humanos, comparten con el reaccionario diputado Bolsonaro (del PP-RJ) y otros la política de poner a más jóvenes negros tras las rejas. Semanas atrás, el PT y Dilma habían declarado que estaban en contra de la reducción de la mayoría de edad. Ahora, sin embargo, bajo la amenaza de una derrota parlamentaria, como partido del orden, no apelan al movimiento de masas, no buscan ninguna “hegemonía cultural” sino que negocian el futuro y el grado de ataque a la juventud.
Bajo estas condiciones, el lema del gobierno de una “Patria Educadora”, incapaz de mostrarse real en el contexto de los recortes presupuestarios educativos, deberá, con mayor o menor acuerdo con los tucanos (PSDB) y el resto del Congreso, ser sustituido por otro: “más represión, más prisión”.
Sobre los tres proyectos
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 1717/1993, originalmente defendida por Cunha y otros dirigentes, busca la reducción de la imputabilidad penal desde los 16 años para cualquier crimen. Es simple: frente a la ley, a partir de esta edad, sin necesidad de autorización de un juez, ignorando las condiciones sociales del joven, ignorando si tuvo o no una buena educación o si pasó hambre o no (es decir, ignorando si el joven tendría condiciones de “igualdad frente a la vida”), estaría sujeto a sumarse a la población carcelaria del país, que ya es la cuarta mayor del mundo.
El proyecto “Serra”, defendido por el PT, también aumentaría el castigo sobre los jóvenes. Aumentaría también el tiempo de encarcelamiento, sin alterar el ECA, de 3 a 8 años, en caso de crímenes atroces. Los crímenes atroces, si nos guiamos por los medios, serían los más chocantes – homicidio, robo y violación. Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, el tráfico de drogas, a pesar de no ser un crimen atroz, es frecuentemente tratado como tal, y su tipificación ocurre en la misma ley (80872/1990)
El proyecto “Aloysio Nunes”, que aparentemente está sumando el apoyo del PMDB y sería un intento de proyecto de “mayoría”, reduciría la imputabilidad penal “solo” para los crímenes aberrantes y dolosos contra la vida, es decir, incluyendo, más allá del tráfico de drogas, cualquier asalto con arma de fuego o arma blanca.
Pero ¿qué significa implementar alguno de estos proyectos en Brasil?
Brasil tiene una inmensa población carcelaria, compuesta desproporcionadamente por negros y jóvenes. La aprobación de cualquiera de los tres proyectos significaría un aumento de la población de jóvenes negros y pobres en la población carcelaria.
Una inmensa franja de los que se encuentran detenidos, 40% según el Foro de Seguridad Pública, nunca fue juzgado pero aun así se encuentran presos, indefinidamente, aguardando juzgamiento mediante acusación,; una ínfima minoría presa con evidencias (sin entrar en detalles sobre las famosas técnicas de forjar evidencias de las policía brasilera).
Entre los presos y detenidos, juzgados o no, un 49% están presos por crímenes contra el patrimonio (robo, hurto, entre otros); un 25% por tráfico de drogas y un 6% por pose ilegal de armas y solo un 12% serían crímenes contra personas (homicidio, violación, latrocinio, etc.). Al menos un 70% de los encarcelados son acusados de crímenes, que no son exactamente aquellos por los que los medios escandalizan para defender la reducción de la imputabilidad penal.
Con esos números, es fácil imaginarse que adoptada cualquiera de las tres iniciativas parlamentarias y del gobierno, la consecuencia será el aumento explosivo de las detenciones y encarcelamientos de jóvenes acusados (y encarcelados sin ser juzgados) por cometer pequeños hurtos y asaltos (según el texto del PEC 171 o por el proyecto Alysio Nunes) o, como mínimo, (proyecto Serra-PT) acusados de portar alguna droga ilegal.
El PT y la reducción de la imputabilidad penal
Si en el terreno económico el gobierno de Dilma gira a la derecha con ajustes, recesión, desvalorización del salario, inflación y tarifazos, privatizaciones y beneficios para los ricos y empresarios; en el terreno social, de los derechos de la juventud y de los derechos humanos, la respuesta de Dilma y del PT, aún después de las manifestaciones de Junio del 2013, es una clara demostración de que el PT se pasó al campo de la derecha, perdiendo cualquier barniz progresista. Para aquellos que en las elecciones creían que Dilma y el PT serían el “mal menor” contra la derecha y los conservadores, estas negociaciones dejan esa lección.
Los defensores de Dilma y el PT en el movimiento obrero, popular y estudiantil se encuentran en la encrucijada: romper con “su” gobierno y partido o actuar pagando los costos políticos, como avanzada de un gobierno y régimen político cada vez más carcomido, antipopular y anti-obrero, y que ahora, vía su ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, organiza los términos sobre cuántos jóvenes irán a la cárcel.
