El presidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, anunció el viernes su ruptura con el Gobierno de Dilma Rousseff, con lo que se agravaba la crisis política en la mayor economía de América Latina. La impotencia del MERCOSUR y la agenda “noventista”.

Juan Andrés Gallardo @juanagallardo1
Sábado 18 de julio de 2015
Foto: REUTERS
Mientras la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, oficiaba de anfitriona en la reunión del MERCOSUR y anunciaba el futuro ingreso como miembro pleno de Bolivia al bloque, la crisis en su propio país llegaba a niveles alarmantes. Las investigaciones por los casos de corrupción llegaron tan alto que provocaron una fisura dentro del bloque de gobierno, que incluye al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como principal partido de su base aliada.
Cunha, dirigente del PMDB, acusó al Gobierno de Rousseff y al fiscal general, Rodrigo Janot, de conspirar para incriminarlo en el escándalo por prácticas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
"No puedo aceptar que el Gobierno use su maquinaria para la persecución política de quienes se vuelven en su contra", dijo Cunha a medios en Brasilia.
La salida del congresista de la coalición de Gobierno fue provocada por el testimonio del lobbysta Julio Camargo, quien dijo que Cunha había recibido 5 millones de dólares en sobornos.
Cunha negó esas acusaciones y dijo que Camargo había sido presionado a cambiar una declaración anterior.
La disputa entre Cunha y Rousseff no significa necesariamente que el PMDB salga de la coalición de Gobierno, pero el congresista dijo que él pediría el término de la alianza durante el congreso del partido en septiembre.
El PMDB es el mayor partido político de Brasil y Cunha es considerado un posible aspirante a la presidencia del país en las elecciones de 2018.
La ruptura, que se veía venir por meses, se anuncia un día después de que Cunha dijo que está evaluando los argumentos legales para realizar un juicio político a la mandataria por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
Poco después de los comentarios de Cunha, Rousseff dijo a otros presidentes de la región, en la reunión del MERCOSUR, que no hay margen para "aventuras antidemocráticas" en América del Sur. Algunos de sus aliados compararon los intentos de un juicio político a un golpe de Estado. Sin embargo, este discurso contra la movilización de sectores de derecha en la región esconde al menos dos problemas que arrastran los gobiernos pos neoliberales de la región: en primer lugar que tanto organizaciones como el MERCOSUR y el UNASUR fueron completamente impotentes para frenar o hacer frente a los golpes de estado en Paraguay y Honduras, y en segundo lugar que son estos mismos gobiernos, los que vienen dando un franco giro a derecha, tomando en sus manos la agenda conservadora. El gobierno de Dilma es un claro exponente de este rumbo. Los llamados a impeachment de la oposición de derecha se basan no solo en los brutales escándalos de corrupción que salpican a toda la alta política brasilera, sino en las propias contradicciones del gobierno del PT que está llevando adelante un programa de ajuste “noventista”.
El rol de Cunha
Cunha, en su rol de presidente de la Cámara Baja, es el que tiene el poder de decidir si se inicia o no un proceso de impeachment que pide la oposición, y es el que por el momento lo viene bloqueando. Algo que ahora queda en duda por la ruptura con el gobierno de Dilma.
Además la oposición de Cunha podría implicar obstáculos a cualquier legislación que proponga el Gobierno, lo que complicaría los esfuerzos del ejecutivo para pasar los programas de ajuste que buscan un recorte digno de la era neoliberal en las finanzas públicas.
La moneda brasileña, el real, y el índice de acciones Bovespa perdieron más de un 1 por ciento en la sesión del viernes tras el anuncio de Cunha.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, quien está tratando de llevar adelante en el Congreso el plan de austeridad de Rousseff, dijo que se espera que el presidente de la Cámara Baja tenga una posición imparcial.
Pese a que su relación con el Gobierno de Rousseff nunca fue cercana, Cunha solía apoyar legislaciones claves del Gobierno y se había opuesto a la realización del juicio político a la presidenta pese a los bajos índices de aprobación de Rousseff.
El vínculo se deterioró más desde marzo, cuando el nombre de Cunha apareció en una lista junto con decenas de otros legisladores investigados por acusaciones de haber recibido sobornos originados en los fondos desviados por los sobrecargos en contratos de Petrobras.
Fuente: Reuters

Juan Andrés Gallardo
Editor de la sección internacional de La Izquierda Diario