Una vez más los trabajadores de la educación y empleados públicos organizaron un gran acto en Paraná. El martes se concretó la jornada de manifestación en la que más de 30 mil trabajadores, según estiman los organizadores, participaron de las marchas y caravanas por todo el estado sureño.
Jueves 21 de mayo de 2015
Fotografía: ESQUERDA DIARIO
En la capital, ocuparon las plazas Santos Andrade, Rui Barbosa y Tiradentes, además de las calles que dan acceso al Palacio Iguaçu.
El objetivo de la movilización era presionar la reunión entre representantes del gobierno y de los docentes. El sector pide 8,17% de recomposición salarial por la inflación, pero el gobierno se mantuvo intransigente y la reunión terminó sin acuerdo.
Con los profesores al frente, en su segunda huelga este año que ya dura 26 días, los demás trabajadores municipales comparecieron en peso, ya anunciando su disposición a la huelga conjunta. Además de esto, denunciaron la política del gobernador Beto Richa (del partido neoliberal PSDB) de no respetar la ley de “data-base” (similar a las paritarias, establece la fecha de negociación y actualización salarial) de los empleados públicos y la votación del decreto que precariza las jubilaciones.
Levantaban carteles que decían “Richa, tus manos están sucias con sangre del trabajador”, “Profesor, te quiero ver con reajuste de gobernador”, “Nosotros, educadores de Paraná, clamamos por justicia”, “¡Omisión también es violencia! ¡Negocia, Beto Richa!” y “Fuera Beto Richa”.
La huelga de Paraná, con grandes demostraciones de acciones contundentes y huelgas masivas se viene preocupando al conjunto de los gobiernos. Este año ya hubo huelgas por la educación, en más de 11 estados y municipios administrados tanto por el PSDB como por el PT, e incluso el PSOL (en Macapá). Estas huelgas ocurren a pesar de la dirección de la CUT, que aun estando en la mayoría de estos sindicatos y en la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación, no propone ninguna medida de unificación de estas luchas.
En un contexto de ajustes y crisis económica, como los decretos aprobados por el gobierno del PT de Dilma y el Proyecto de Ley 4330, acciones como estas pueden contagiar al conjunto de los trabajadores y ponerlos en pie de lucha por sus demandas.
