Declaración política. Brasil: por un paro nacional contra las acciones golpistas y por la derogación de las reformas reaccionarias

Este domingo, la extrema derecha promovió una invasión al Congreso, al Palacio del Planalto y al Supremo Tribunal Federal, en una clara acción golpista, además de algunas otras acciones en rutas y en los alrededores de algunas refinerías. Exigiendo la intervención militar y cuestionando las elecciones del año pasado, estas acciones reaccionarias deben ser inmediatamente denunciadas y combatidas con la fuerza de la movilización obrera y popular, sin depender de las fuerzas del estado capitalista. Es urgente que las direcciones de las centrales sindicales y las organizaciones sociales y estudiantiles convoquen a un paro nacional y un plan de lucha contra las acciones golpistas y por la derogación de las reformas laborales y de seguridad social, así como todas las privatizaciones.

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Ocho días después de la toma de posesión de Lula, la base protofascista de extrema derecha de seguidores de Bolsonaro vuelve a promover actos reaccionarios. Contó claramente con la connivencia o el apoyo de la policía y la Secretaría de Seguridad Pública (exministro de Justicia de Bolsonaro), e incluso del gobierno del Distrito Federal (que fue destituido por el juez Alexandre de Moraes durante 90 días), ya que la manifestación ultraderechista logró entrar sin muchas dificultades en la sede de los tres poderes.

Las salas del Supremo Tribunal Federal (STF), el Palacio del Planalto (sede del ejecutivo) y el Senado y la Cámara de Diputados fueron tomadas y destruidas. Las imágenes muestran a la policía escoltando la manifestación hasta la sede de los tres poderes.

Hacía días que era de conocimiento público que se llevaría a cabo esta manifestación, lo que refuerza que, de hecho, hubo apoyo de las fuerzas policiales y del Gobierno de Brasilia para que este acción llegara hasta donde llegó. La misma connivencia se vio semanas atrás cuando los mismos sectores incendiaron autobuses, entre otras acciones, también en Brasilia, contra el reconocimiento del resultado de las últimas elecciones presidenciales.

Mientras los medios definen esta acción como la toma del "Capitolio" brasileño [haciendo una comparación con la ocupación del Capitolio en EE. UU. por seguidores de Trump el 6 de enero de 2021], poderosas figuras imperialistas como Emmanuel Macron, el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken y el propio presidente de EE. UU. Joe Biden pronunciaron su rechazo, como también lo hicieron mandatarios de América Latina. Pero lejos de cualquier apego democrática, los gobiernos imperialistas de Francia y EE. UU. condenan estas acciones porque les sirve contra las tendencias opositoras de extrema derecha en sus propios países, como Trump y Marine Le Pen.

Los hechos son muy recientes. Sin embargo, se trata de una acción que se dio por fuera de una correlación de fuerzas que hubiera podido darles un mayor apoyo incluso entre la base popular de la extrema derecha. Por el contrario, más bien parece ser una acción que podría tener el efecto de separar a este sector más radicalizado de la extrema derecha de la base electoral que votó por Bolsonaro, y servirá para unir a diferentes alas del régimen contra estas acciones y a las respuestas en torno a esto que se den desde las distintas instituciones.

Esto, en consecuencia, tiende a fortalecer la unidad del régimen y de la mayoría de la burguesía en torno al gobierno de Lula-Alckmin, y aumentar un sentimiento masivo de unidad nacional contra la extrema derecha, incluso tolerando más medidas y figuras de derecha dentro del propio Gobierno. Este tipo de unidad con los sectores burgueses y las instituciones del régimen como respuesta, va a contramano de que sean los trabajadores y los movimientos sociales los que puedan entrar en escena con sus métodos y que las demandas obreras y populares sean parte de la agenda política, lo que sería la única manera para dar una salida de fondo a la crisis del país y combatir efectivamente a la extrema derecha.

Mientras tanto, Bolsonaro, que se encuentra refugiado en Orlando y publicó en sus redes sociales tratando de desvincularse de las acciones, debe rendir cuentas por estas acciones. No sólo en las elecciones, sino a lo largo de su mandato y con su silencio tras la derrota electoral, fue parte central de su política fomentar acciones golpistas.

Como venimos diciendo, la extrema derecha no iba a desaparecer con las elecciones, y se ha venido mostrando activa, y presionando la correlación de fuerzas hacia la derecha. Esta dinámica es utilizada por el nuevo gobierno para rebajar las expectativas y justificar todo tipo de concesiones a la derecha, además de un incremento de las medidas autoritarias y represivas.

Lula se pronunció en la televisión nacional, decretando la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal (DF), y encomendando a las instituciones del Estado capitalista la respuesta a estas acciones reaccionarias. El aparato estatal represivo ha fomentado el crecimiento de las fuerzas de extrema derecha desde el golpe institucional de 2016, y los trabajadores y el pueblo no deberían confiar en estas instituciones como si pudieran ser “defensores de la democracia” o una respuesta al bolsonarismo. Son un instrumento para la contención violenta de las luchas sociales y obreras, aunque ahora estén temporalmente dirigidas contra la acción bolsonarista.
Medidas como esta desplazan aún más a la derecha la correlación de fuerzas en el país, poniendo a las instituciones del régimen y a los mecanismos más autoritarios como garantes del orden, para evitar salidas de movilizaciones independientes que articulen luchas contra las reformas reaccionarias del bolsonarismo y las amenazas de golpe.

El apoyo indiscriminado de sectores de la izquierda institucional, como el PSOL, a la intervención federal en el Distrito Federal, así como la exigencia al bonapartismo judicial, que llevó a cabo el golpe institucional de 2016, “garantice la democracia”, es una expresión de confianza en este régimen y en estas instituciones, que se volverán contra los propios trabajadores y la izquierda. No podemos olvidar que fue durante la intervención federal del golpista Temer, en 2017, que Marielle Franco fue asesinada, además de otras numerosas acciones contra la población negra y pobladores de las favelas. Recordemos el papel de las fuerzas represivas en Brasilia contra los movimientos sociales y los trabajadores, cuando realizan sus actos en la Explanada, como vimos en la dura represión al acto contra la reforma laboral en 2017 o contra los pueblos originarios en 2021.

Hay una reacción en curso por parte de quienes sostienen a este régimen político degradado por el golpe institucional, para buscar contener aún más el bolsonarismo. Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, Arthur Lira, presidente de la Cámara y miembros del STF, se pronunciaron al respecto.

Hace unos días, el ministro de Defensa del Gobierno de Lula, José Múcio, declaró que las acciones de esta base de extrema derecha, que estaba acampando frente a los cuarteles de las fuerzas armadas, eran "actos de democracia". El político que proviene de Arena, el partido de la dictadura militar, elegido por Lula y encumbrado por militares y por Bolsonaro, también declaró que tenía familiares y conocidos entre esos sectores.

Por ahora, la mayoría de los militares que apoyaron al gobierno de Bolsonaro no se han pronunciado, porque esos mismos sectores también son su base social. El vicepresidente de Bolsonaro y militar retirado, Hamilton Mourão, publicó un tuit desmarcándose de las acciones de este domingo y el día antes de que Lula asumiera culpó en la televisión nacional a Bolsonaro del desgaste que estaban sufriendo las fuerzas armadas, aunque sin nombrarlo. Figuras bolsonaristas como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, tuvieron que desvincularse de la “violencia” de las acciones, diciendo que la oposición y las manifestaciones deben hacerse pacíficamente. Una expresión de que la actual correlación de fuerzas no brinda buenas condiciones para que actos como los de este domingo cuenten con el apoyo de la base bolsonarista más amplia.

No es posible combatir a la extrema derecha reconciliándose con ella, con figuras como Múcio o Daniela do Waguinho, ministra de Turismo del gobierno de Lula con fuertes relaciones con las milicias de Río de Janeiro, además de ser de la formación política União Brasil, partido que votó por Bolsonaro en 2018.

No podemos dejar la lucha contra la extrema derecha en manos de la policía, que más de una vez ha mostrado su aprecio por el bolsonarismo, ni a las instituciones del Estado capitalista y sus mecanismos autoritarios. Históricamente, la conciliación de clases solo ha abierto más espacio para la extrema derecha. Por eso, las organizaciones políticas que se ubican a la izquierda del PT y de la burocracia necesitan posicionarse independientemente del gobierno, como discutimos con el PSOL.

Nuestro más enérgico repudio a todas las acciones golpistas pasa por definir la mejor estrategia para enfrentar al bolsonarismo, que debe darse con los métodos de la clase obrera e impulsando un Frente Único Obrero, lo que solo puede darse en combinación con la lucha por la derogación de las reformas antiobreras y en apoyo a las luchas en curso, como la movilización de los trabajadores de reparto del día 25.

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Por eso es necesario que la Central Única de Trabajadores (CUT) y las demás centrales sindicales rompan de inmediato su parálisis y convoquen a un paro nacional y un plan de lucha y que la Central Única de Trabajadores del Petróleo organice a sus bases contra las graves amenazas en las refinerías, que deben ser enfrentadas con la organización de los petroleros desde la base.

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La consigna “No a la amnistía” para Bolsonaro y todos sus secuaces [como se escuchó durante la asunción de Lula] también debe significar la lucha decisiva contra las reformas laboral y previsional, la ley de subcontratación sin restricciones y todas las privatizaciones, para unificar a importantes sectores de la clase trabajadora, como los de reparto que se movilizan por un día nacional de huelga el 25 de enero, junto a los movimientos sociales, y revertir el legado del golpe de 2016 y de los gobiernos de Temer y Bolsonaro. La garantía de que no haya amnistía para Bolsonaro solo será posible con los métodos independientes de lucha de la clase obrera. Por eso es descabellada la política de sectores del PT y de los propios sindicatos de condenar la movilización de los trabajadores de reparto.

Los que dicen que las movilizaciones obreras fortalecerán a la extrema derecha son los que más la fortalecen. Para los trabajadores y jóvenes que quieran movilizarse contra la extrema derecha, es fundamental entender que la salida no es la defensa de la unidad nacional burguesa y su recrudecimiento autoritario con intervención federal, sino una salida independiente.

Solo con esta movilización independiente de la clase obrera, unificando a jóvenes, mujeres, indígenas, negros y negras, LGBT’s, podremos acabar con estas movilizaciones reaccionarias, que solo sirven mantener vivo el proyecto de la extrema derecha y sustentar a un régimen político altamente degradado que mantiene a los trabajadores y al pueblo pobre hambriento y desempleado mientras los empresarios y los agronegocios ganan millones. Este plan de lucha necesita avanzar hacia una salida de fondo, que articule la batalla para que sean los capitalistas quienes paguen la crisis, frenar las amenazas golpistas de la extrema derecha, luchar contra la opresión y en defensa del medio ambiente.