El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello determinó este martes (5) que el presidente de la cámara baja, el diputado Eduardo Cunha (PMDB de Rio de Janeiro) deberá aceptar el pedido de impeachment contra el vicepresidente de la República, Michel Temer, e instalar una comisión especial para analizar el proceso.
Miércoles 6 de abril de 2016
La decisión sigue la misma línea de la minuta divulgada por error por la Corte el viernes pasado por la noche. El día anterior (lunes 4) el juez Teori Zavascki había rechazado demandas tanto para cuestionar como para aceptar la asunción de Lula como ministro.
La decisión monocrática del ministro tendrá vigencia inmediata, pero Cunha aun puede recurrirla y llevar la discusión al plenario del STF. Con la apertura de una comisión especial, Temer quedará en la misma condición que la presidenta Dilma Rousseff, que es blanco de un pedido de impeachment analizado por una comisión especial abierta en la Cámara.
La minuta trata el pedido del abogado minero Mariel Márley Marra, que requirió al Supremo la reactivación de la denuncia presentada a la Cámara contra Temer. El abogado argumenta que el vicepresidente de la República cometió crimen de responsabilidad y atentado contra la ley presupuestaria al firmar, como interino de la presidenta Dilma, cuatro decretos que autorizaban la apertura de crédito suplementario sin autorización del Congreso Nacional y en desacuerdo con la meta fiscal vigente. El caso fue revelado por el diario O Estado de S. Paulo.
El juez Marco Aurélio Mello entendió que Cunha excedió sus atribuciones y analizó el contenido de la denuncia contra Temer, cuando debería hacer solo una verificación formal. El análisis del mérito, argumenta el ministro, debe ser hecho por un colegiado.
Marco Aurélio destaca, sin embargo, que no hace juicio de valor sobre la conducta de Temer con relación a la edición de los decretos.
El papel que el poder judicial quiere esconder: árbitro general
El “partido judicial” no decide cuándo irá a votación en el plenario su recurso contra la asunción de Lula, manteniéndose en la táctica de la “postergación” de las decisiones. El STF transfiere las responsabilidades en la resolución de la crisis, dándole la oportunidad a que Lula busque componer sus 172 votos contra el impeachment, o que la oposición logre mayoría a favor del mismo. Al mismo tiempo, el poder judicial se ubica como árbitro en la crisis. En breve tendrá que decidir sobre las posibles salidas que propone la oposición ante las dudas de que el impeachment obtenga mayoría. Entre esas decisiones se encuentran la constitucionalidad de una enmienda por el parlamentarismo o la de una enmienda para el adelantamiento de las elecciones.
Como hemos denunciado en estas páginas, está claro el doble discurso del petismo, que cuando arriesga una crítica a lo que fortaleció durante sus 13 años de gobierno, solo lo hace cuando es alcanzado directamente Lula o el gobierno de Dilma. Un ejemplo es el discurso de José Eduardo Cardozo, jefe de la AGU (Abogacía General de la Unión, ente estatal de asesoramiento jurídico del ejecutivo) que silenció cualquier opinión sobre las maniobras reaccionarias del poder judicial alrededor del golpe institucional.
El poder judicial va erigiéndose así día a día como árbitro de la situación política, para que desde esa ubicación, si lo considerase conveniente, pueda utilizar otro "golpe institucional": la impugnación a través del Tribunal Superior Electoral y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales para intentar formar un nuevo gobierno más funcional a los ajustes y con relación más "carnal" con el imperialismo.
Como ha planteado aquí, aquí y aquí el analista de Esquerda Diario Leandro Lanfredi, es urgente exigir que las centrales sindicales como la CUT y la CTB rompan su subordinación al gobierno y la parálisis que imponen a cualquier lucha de los trabajadores contra "su gobierno" y poner en pie un movimiento nacional contra el impeachment, las variantes de golpes institucionales provenientes del poder judicial y los ajustes del gobierno del PT, para imponer por la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que pueda cuestionar todas las reglas del juego de esta democracia "del soborno, la bala y los Panamá papers", castigar a los corruptos, elegir a los jueces, decidir los salarios de los políticos e imponer la revocabilidad de todos los mandatos de los políticos y del poder judicial.
